La Dirección General de Rentas (DGR) intimó al Municipio de Orán por el contrato de alquiler que hizo de la Playa de Transferencia, el lugar donde tres días a la semana es el centro de operaciones del bagayeo. Lo acusan de evadir 691 mil pesos.
El edil Ariel Pomares detectó y denunció que en el contrato de alquiler se fijaba el pago de 57 mil pesos por la cesión del predio municipal a cuatro años, adjudicado de manera directa. Por Aries, el edil consideró que Lara Gros en conjunto con los locatarios, Alejandro Vale, y su garante, Josefina Salas, armaron el contrato para que el monto a pagar no llegue a los 75 mil pesos, cifra que al ser superada requiere de la intervención del Concejo Deliberante.
Remarcó que el fraude está en el monto total de la cesión y no así en el canon que debe abonarse al municipio por el uso de la playa, que solo es del 1,2%.
Por otro lado Pomares alertó que el adjudicatario Alejandro Vale no está inscripto como proveedor del Estado y ni siquiera registrado en la AFIP. El edil advirtió que si Lara Gros no expresa una respuesta pública ante la irregularidad, radicará una denuncia penal por incumplimiento a los deberes de funcionario público y aseguró que analizaba presentar una medida cautelar de innovar a fin de que se anule el contrato.
“Pomares dijo sospechar sobre el fin del dinero recaudado por la mal llamada playa de transferencia según él, porque día a día se realizan transferencias de mercadería ilegal en camiones, colectivos, camionetas y automóviles”, precisó FM Aries.
