Mientras las cámaras de seguridad que forman parte de un programa que costó 54 millones de dólares no funcionan, los delitos crecen. Según estadísticas oficiales hubo 59.514 casos en 2008, 60.254 en el año 2009, 60.632 en el 2010 y 61.987 en el 2011. Aumentaron asesinatos, lesiones dolosas, los robos y secuestros. (DOM)
Ante la demanda por hechos delictivos, el gobierno ha respondido de una manera extraña: montó una puesta en escena en la que se multiplicaron los adornos: policías, patrulleros y costosas cámaras que sólo buscan dar una sensación de seguridad.
El 90% de esas cámaras no funciona, los patrulleros están atiborrados en las zonas céntricas de la Capital (estacionados donde pueden ser vistos por los ciudadanos-votantes) y faltan en zonas claves (hace unos meses, por dar un ejemplo, en La Merced un concejal detuvo a un delincuente y tuvo que pedir un remís para trasladarlo a la comisaría, porque no había patrullero) y hasta los mismos oficiales se visualizan en torres insoslayables en medio de la peatonal, o sobre bicicletas, con uniformes diseñados por alguien que ha visto demasiadas películas norteamericanas. Todo esto es pura ficción. Y el resultado de montar una solución ficticia ante un problema real, es que ese problema se ha agravado.
Los delitos no existen, pero…
En 2007, se registraron un total de 54.526 hechos delictuosos con intervención policial en toda la provincia. En 2011, el último año del que el gobierno ha entregado estadísticas, los hechos delictivos llegaron a 61.987. La tabla estadística muestra un crecimiento sistemático: 59.514 casos en 2008, 60.254 en el año 2009, 60.632 en el año del bicentenario y así hasta llegar a un incremento del 13,68% durante la primera gestión del urtubeycismo.
Los datos de la Secretaría de Estadísticas de Salta también detallan que algunos delitos específicos aumentaron más que otros. Por ejemplo, los asesinatos. En 2007 hubo 39 casos caratulados como homicidios dolosos, en 2011, 59.
Las “agresiones dolosas” también ascendieron. Hubo 7.670 en 2007 y llegaron a 8.991 en 2011.
En consonancia, los delitos contra la propiedad pasaron de 30.841 a 33.428 en el mismo período. Esta última categoría es interesante de estudiar en mayor profundidad, porque los datos también muestran un incremento en la agresividad de estos hechos. Mientras los hurtos casi se mantienen estables, los robos violentos sí abren un abismo: en 2007, hubo 11.601 robos; en 2011, 14.693. Es decir, 40,25 robos por día. Un robo cada 40 minutos.
Los secuestros son los que más subieron. En 2007 hubo 1035 “delitos contra la libertad”, en el último año de la primera gestión U, 12.052 casos. Por último, el único indicador que es más alto en 2007 es algo que la policía caratula como “delito contra la fe pública” y que no sabemos muy bien en qué consiste; pero de todos modos consta que se registraron 154 casos en el último año del romerismo y 52 en 2011.
Cuarto Poder no tuvo acceso a los datos de 2012. Pero sí conocimos las declaraciones del mismo Ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, quien hace un tiempo aceptó en Aries Fm que en 2012 los hechos de inseguridad aumentaron un 60 por ciento pese al incremento de operativos policiales. “No siempre se puede mostrar un resultado exitoso”, dijo Sylvester en aquella ocasión y su último sincericidio fue este: “No caminaría seguro en todos los barrios de Salta”. Un incremento del 60% significaría que hubo más de 90 mil hechos delictivos.
Al menos Sylvester acepta la inseguridad. Algunos de sus predecesores encontraron excusas bastantes burdas para explicar esos datos. Dijeron, por ejemplo, que no había más delitos, sino más denuncias y que esto se debía a que los salteños cada vez confiamos más en la efectividad de la policía. Y lo dijeron sin reírse ni ponerse colorados.
Espantapájaros azules
Dos semanas atrás, Eduardo Sylvester difundió, ante un auditorio colmado de empresarios desconfiados, algunas cifras para tratar de convencerlos de que Salta anda por buen rumbo. Dijo que mientras la ONU recomienda tener a 3,5 policías por cada mil habitantes, Salta, con sus 12 mil oficiales, tiene un promedio de 5,3 por cada mil habitantes. Resaltó: “Nueva York tiene un policía cada 237 habitantes y Salta alcanza uno por cada 189 personas”.
A Sylvester le gusta recalcar todo lo que signifique comprar: dijo también que antes de fin de año serán 700 las unidades que conformarán el parque automotor policial, cifra que duplica a los móviles existentes en 2007. Con las cámaras sucede lo mismo. El gobierno le pagó a la empresa Telmex (Claro) 54 millones de dólares para instalar 1.100 cámaras de seguridad. Hasta julio, habían instalado 85. Al parecer ahora van por las 165, aunque en su momento Sylvester prometió que a fines de 2012 ya funcionaría el 80% de los aparatos.
Tanto las cámaras como el refuerzo de personal de seguridad se concentraron en la zona céntrica de la ciudad. En parte para crear sensación de seguridad, pero sobre todo para crear la sensación de que hay alguien trabajando por la seguridad. Lo cierto es que confundiendo cantidad con calidad y despilfarrando los recursos sin plan estratégico, los delitos no disminuyeron, como mucho lo que consiguió el gobierno fue modificar el ámbito de acción de los delincuentes. Apostando fuertemente con más agentes y cámaras a la zona centro, el delito se trasladó y creció en las afueras de la ciudad. Pese a todos los esfuerzos del gobierno por hacer sentir mejor a los capitalinos, la verdad es que el 72,39% de todos los delitos registrados en 2011, se dieron en el ámbito de la Unidad Regional N1 (ver recuadro), que tiene su sede a 300 metros de la plaza 9 de Julio.
Además, no son las leyes débiles –como dice Rodolfo Urtubey en sus spots televisivos- lo que permite que algunos delincuentes entren por una puerta y salgan por otra. Es la ausencia de una policía científica, de una policía capacitada para conseguir las pruebas suficientes, lo que permite que la mayoría de los denunciados ni siquiera pueda ser encontrado culpable.
Un ejemplo claro es lo que sucedió en el área de drogas. En 2012 el promedio de causas en juzgados salteños fue de 1200; pero sólo 70 fueron resueltas. Cuando los policías no encuentran pruebas, apelan a la violencia. Por eso las torturas se han vuelto tan cotidianas.
El miedo es zonzo
El miedo es funcional a un gobierno. Una población que vive atemorizada es más fácil de manipular. Hablar de inseguridad es, además, una forma de callar otros problemas más urgentes: las causas sociales.
El miedo genera, además, discursos facilistas: Penas más duras. Mano más dura. Nunca atacan la raíz del problema y es por eso que el problema no se soluciona.
La única reacción provincial ha sido montar una escena. Desperdigar espantapájaros azules y cámaras. Una reacción tan efectista como poco efectiva.
Las partes del todo
En 2011, Salta se dividía en 6 unidades regionales (al parecer en agosto de 2013 optaron por mapear la provincia en 9 zonas porque después de 6 años de gestión se dieron cuenta de que la división en seis zonas no era muy efectiva que digamos). Pero en 2011, la Unidad Regional Nº 1 tenía sede en Salta Capital, la 2ª en Orán, la 3º en Metán, la 4ª en Tartagal, la 5ª en González y la 6ª en Cafayate.
La capitalina incluía en su accionar al municipio General Güemes, aunque en retiradas oportunidades funcionarios güemenses solicitaron tener una unidad regional propia, pues la capitalina no les prestaba mucha atención. “Se nos facilitarían todas las acciones, no tendríamos tanta dependencia con la ciudad de Salta como sucede en estos momentos, donde dependemos de la Unidad Regional N§ 1. Por ahora es un proyecto, dependerá de los legisladores provinciales que sea una realidad”, dijo el subcomisario Luis Vivas.
Lo cierto es que en ese año, en el que se registraron un total de 61.987 delitos en toda la provincia, la unidad capitalina atendió 44.873; la unidad 2ª, 4224; la 3ª, 3411; la 4ª, 6485; la 5ª, 2056 y la 6ª, 938. Algunas categorías de delitos tuvieron un índice aún mayor en el distrito de la regional 1º. El 76,37% de los robos se dieron en esta jurisdicción: 25.529 de los 33.427.
Drogas
En algunos operativos antidrogas los planificadores pensaron más en las cámaras que en el operativo en sí. Un ejemplo perfecto se dio en febrero de este año; algunos lo recordarán: se desplegaron 220 uniformados, incluso un helicóptero que salió muy bien filmado en la televisión. El resultado del operativo fueron 37 detenidos, en ocho allanamientos conjuntos y dos procedimientos callejeros en los barrios 20 de Junio, Finca Independencia, Villa Juanita, Alta Tensión y 16 de Septiembre.
¿Encontraron kilos y kilos de droga? No, solamente 34 pipas y 5 tizas que fueron incautadas. Es probable que los detenidos adujeran que era para consumo y no hayan estado más de un día tras las rejas. Sin embargo, para el gobierno lo importante fue que el helicóptero se vio bien en la tele.“El trabajo que se realiza es bueno, de hecho los niveles de secuestro son altamente crecientes con lo cual se está perfeccionando el trabajo de control. No se debe olvidar que nosotros contamos con una dificultad geográfica muy grande, ya que la zona de fronteras es muy permeable para el tráfico con lo cual el control es muy dificultoso, pero en general la tarea de las fuerzas de seguridad nacional y provincial es altamente elogiable”, dijo Sylvester.
Sí, es verdad que entre 2007 y 2011 casi se duplicó el número de procedimientos relacionadas con el narcotráfico. Pasaron de 693 a 1072. Los sumarios por estupefacientes se duplicaron en esos cuatro años: de 457 a 889. Los detenidos en este período pasaron de 754 (666 adultos, 88 menores) a 1235 (1099 mayores, 136 menores). Además, el gobierno difundió este último dato como una prueba irrefutable de un progreso: ahora se está luchando en serio contra el narcotráfico, dijeron.
La otra explicación, que los funcionarios no tomaron en cuenta, es que simplemente hay mucha más droga. Que hay cocinas, que hay más consumo y más narcotraficantes. Los asesinatos en la frontera, los autos de alta gama que aparecen quemados en distintas zonas (como La Caldera) prueban eso: que Salta convive como nunca con el narcotráfico.
Los datos estadísticos pueden ser interpretados de manera muy distinta. Allí donde el gobierno ve mayor efectividad, otros pueden ver mayor índice de delito. Pero no todos los datos ofrecen dos lecturas. Por ejemplo hay un dato que prueba que el interés del gobierno en la lucha contra las drogas es totalmente superficial: la gestión Urtubey sólo destina el 0,2% del presupuesto provincial para la Secretaría de Lucha contra las Adicciones.
Hay mucha gente que necesita tratamiento. La Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de la Provincia recibe por mes un promedio cercano a las 200 consultas. Pero los adictos no interesan (incluso se ha destinado a producir chía un terreno pensado para rehabilitar adictos). No interesan porque en la televisión se ve mejor a un helicóptero sobrevolando una villa, que un grupo de adictos internados. Y este es un gobierno que lo ha apostado todo a la imagen.
Tumberos
Detrás de esos muros, amontonados y divididos en las 8 unidades de detención que tiene la provincia, hay 1913 personas, aunque la capacidad de alojamiento real es de 1726. El único lugar donde en 2012, al momento de realizarse este estudio, los detenidos estaban en condiciones humanas, fue en la Alcaidía: sólo había 241 personas en un lugar con capacidad real para 350.
Las estadísticas del Servicio penitenciario muestran un “excedente de población carcelaria” crítico en dos unidades: la uno y la tres, con 169 y 119 personas de más. El hacinamiento, el malestar, los tratos infrahumanos son sus consecuencias. El gobierno provincial ya no puede echarle la culpa al nacional por esta situación de superpoblación: antes se recurría mucho como excusa a los presos federales, pero de 1913 reclusos, sólo 33 cometieron delitos “federales”.
Un dato del estudio indica otro problema grave en la justicia salteña. Del total de detenidos, sólo el 53% tiene una condena. El resto está procesado o esperando una resolución judicial.El 52% de esos detenidos (1004) está ahí por robar o hurtar (delito contra la propiedad). Y hay 378 bajo la carátula de “delito contra la honestidad”.
Algo interesante del estudio es que desmitifica también gran parte del imaginario que despliega la prensa canalla. ¿Cuántas veces uno puede leer un titular en el que se hace hincapié en la nacionalidad extranjera del detenido? Sin embargo, en las cárceles salteñas, de 1913 presos, 1886 son argentinos. Hay 21 bolivianos, dos brasileños, un chileno, un paraguayo y un uruguayo (y hay algunas personas más que en el servicio penitenciario directamente las colocaron bajo la categoría de “otras”).
Por suerte el informe también incluye un ítem fundamental: el de nivel de instrucción de la población carcelaria. En las 8 unidades, hay 8 analfabetos que no saben firmar, 31 analfabetos que saben hacer la firma, 1040 que sólo terminaron la primaria, 521 que tiene el primario incompleto, 182 que presenta el secundario incompleto y 120 que sí han terminado el secundario. Sólo hay 7 presos con terciario completo y otros 3 con Universidad incompleta. No hay ningún detenido con título universitario.
En esta campaña los candidatos abordan la problemática de seguridad de una manera superficial y efectista. Piden leyes más duras, hablan de más policías en las calles y hasta proponen que la solución a nuestros problemas será implementar el servicio militar.
En realidad, lo que muestran estas últimas estadísticas es la estrecha relación entre marginalidad y delito. La sociedad primero excluye, quita posibilidades, y cuando el que ha vivido en los márgenes trata de sobrevivir, lo que hace es encerrarlo tras los muros.
