Un informe de la ONG Ruido revela que Salta ostenta el Senado provincial más costoso de la Argentina, con sueldos que superan los 4,2 millones de pesos netos mensuales. La Cámara de Diputados también se ubica entre las más onerosas del país, a pesar de su escasa productividad y el virtual monopolio del oficialismo. En el fondo del recinto, figuras eternas como Mashur Lapad encarnan la lógica de un poder cerrado, opaco y desconectado del ciudadano.

 

En tiempos de ajuste, con salarios mínimos que apenas alcanzan los 317.800 pesos y una economía provincial sumida en la dependencia de transferencias nacionales, Salta vuelve a destacarse en un rubro en el que la austeridad brilla por su ausencia: la remuneración de sus legisladores. El reciente relevamiento de la ONG Ruido, en colaboración con la Red Federal de Periodismo e Innovación, ubica a los senadores salteños como los más caros de la Argentina, con un salario neto de $4.294.055 mensuales. Les siguen sus pares de Buenos Aires y Mendoza, pero por debajo del umbral de los cuatro millones.

La otra cámara, la de Diputados, tampoco se queda atrás. Con una remuneración promedio de $3.738.843, Salta ocupa el cuarto puesto en el ranking nacional. Esta cifra la ubica por encima de distritos más populosos y con mayor complejidad institucional, como Catamarca o Tucumán, y muy por encima de provincias de igual o menor tamaño donde, paradójicamente, la actividad parlamentaria es más intensa.

Mientras tanto, en el otro extremo del país, legisladores del Chaco cobran apenas $1 millón, seguidos por los de La Rioja y Formosa. La comparación resulta brutal, sobre todo si se considera que muchos diputados y senadores salteños tienen una frecuencia de sesiones bajísima, sin participación efectiva en comisiones ni debates sustantivos.

Sin oposición ni transparencia

Lejos de constituirse en un contrapeso institucional frente al poder ejecutivo, el Senado de Salta funciona como una escribanía sin fisuras. En su conformación actual, el oficialismo controla 21 de las 23 bancas, y las excepciones no sólo carecen de peso numérico sino también de voz pública. El cuerpo aprueba sin chistar presupuestos, modificaciones tributarias y endeudamientos, incluso cuando involucran cifras multimillonarias sin una adecuada fundamentación técnica.

La situación se torna más preocupante al observar la falta casi total de acceso a la información legislativa. Según el informe de Ruido del año pasado, 9 de cada 10 legislaturas provinciales ocultan datos claves sobre contrataciones de personal y manejo presupuestario. Salta no escapa a esa lógica. De hecho, varios legisladores se negaron a entregar sus recibos de sueldo para este relevamiento, o lo hicieron bajo la condición de anonimato. No es casual: la opacidad institucional es el primer síntoma de una democracia degradada.

La aristocracia del interior profundo

Pero si hay un símbolo que encarna como ningún otro la lógica del privilegio institucionalizado, ese es Mashur Lapad, senador por el departamento Rivadavia. De orígenes justicialistas, Lapad ocupa su banca de forma casi ininterrumpida desde 1999. En pleno siglo XXI, ha sobrevivido a todos los vaivenes partidarios, de Romero a Urtubey, y de allí a Sáenz, adaptando su lealtad con la elasticidad de un auténtico “apparatchik”. Su presencia es tan constante como silenciosa: rara vez interviene en el recinto, pero jamás falta a la sesión.

Rivadavia, su departamento de origen, es uno de los más pobres y postergados de la provincia. Paradójicamente, su representante en la Legislatura se encuentra entre los mejor remunerados del país. Mientras su pueblo sufre carencias estructurales en materia de salud, educación y acceso a agua potable, Lapad cobra más de $4,2 millones por mes, equivalentes a 13,5 salarios mínimos.

La permanencia de estos dirigentes no sólo habla de una ausencia de alternancia democrática, sino también de una cultura política que premia la obediencia y la pasividad. El Senado salteño, dominado por caudillos territoriales que responden más al Ejecutivo que a sus votantes, representa un obstáculo serio para cualquier proyecto de transparencia y modernización institucional.

Representatividad escasa

A pesar de que algunos podrían justificar estas remuneraciones apelando a la responsabilidad institucional o la distancia geográfica que deben cubrir muchos legisladores del interior, el informe de Ruido deja claro que los salarios no se correlacionan con la productividad legislativa, ni con la complejidad institucional de cada provincia. Por el contrario, en muchos casos las cámaras más caras son también las menos abiertas al debate y con menor control sobre el Ejecutivo.

Además, en Salta —como en otras provincias— los recibos de sueldo incluyen una diversidad de ítems opacos: gastos de representación, adicionales por zona, títulos, antigüedad y otros conceptos difíciles de auditar. La falta de un estándar nacional que unifique criterios no es una casualidad técnica, sino una omisión funcional a los intereses de los propios legisladores, que diseñan sus sistemas de remuneración con escaso control externo.

El resultado es un esquema donde el promedio nacional de salario neto para legisladores alcanza los $3,9 millones, unos 12,4 salarios mínimos, pero con grandes diferencias internas. Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén lideran el ranking entre los diputados; Salta, sin embargo, se lleva el oro en materia de senadores.

El espejo roto de la representación

El coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, Juan Krahl, advierte que “es notoria la falta de acceso a la información vinculada a ese tema”. Y remarca que no se trata únicamente de un debate sobre cuánto deben cobrar los legisladores, sino de poner las cartas sobre la mesa y permitir que la sociedad pueda evaluar si esa retribución se condice con el servicio prestado.

Por su parte, Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, reconoce que los legisladores deben tener sueldos acordes a su responsabilidad, pero insiste en que eso debe darse “teniendo en cuenta el contexto económico tanto en Nación como en las provincias”. La actual crisis fiscal, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y los recortes en áreas clave del Estado contrastan de manera obscena con los sueldos de la Legislatura salteña.

Más aún cuando se comprueba, semana tras semana, que los temas urgentes de la sociedad salteña rara vez ingresan a la agenda parlamentaria. Las cámaras no sesionan con regularidad, los proyectos presentados por la oposición rara vez son tratados y el vínculo entre representantes y representados parece haberse quebrado hace años.

El informe de Ruido vuelve a poner bajo la lupa un tema incómodo pero ineludible: la desconexión entre el costo de la política y la calidad democrática. Salta, con sus legisladores mejor pagos y su Senado virtualmente mudo, representa una paradoja difícil de justificar en el marco de una república moderna.

La pregunta que queda flotando es tan vieja como urgente: ¿para quién legislan nuestros legisladores? Mientras las respuestas sigan escondidas entre ítems ilegibles de un recibo de sueldo y debates que nunca suceden, la democracia provincial seguirá pareciéndose más a una casta cerrada que a una verdadera institución del pueblo.