El sueldo total de los jueces continua en el más absoluto secreto. Las remuneraciones más altas rondarían los 800 mil pesos, que si bien en dólares no es tanto, en pesitos son un fangote. Sobre todo si se los compara con el sueldo mínimo que gana un simple laburante o un pobre jubilado que galguea con la mínima.
Por Alejandro Saravia
Casi como si fuese una desavenencia conyugal, el Juez de Garantías, Diego Rodríguez Pipino, citó al Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, al Fiscal ante la Corte, Eduardo Sylvester, al representante de la ONG Salta Transparente, Gonzalo Guzmán Coraita, y a alguien representativo de la Corte de Justicia de la provincia, para ver si, entre todos, se ponen de acuerdo sobre cuánto, en definitiva, ganan los Jueces de esa Corte de Justicia. Por todo concepto, claro está.
No se trata de ir con un papelito que diga cuánto es el sueldo básico de esos jueces. No, se trata de ir con una constancia de la que surja el monto total de los emolumentos de esos jueces. Ya que al sueldo básico suelen agregar otros ítems que supuestamente retribuyen otras arduas tareas que los mismos se asignan, equitativamente, entre ellos.
La presentación hecha por Salta Transparente tiene ya su historia y su leyenda.
La historia cuenta que desde hace meses esa ONG pide información a esa Corte sobre cuánto ganan sus integrantes. Información que debería ser absolutamente pública, como lo dijimos ya en otra columna de hace un tiempo, por vivir, precisamente, en una república. Pero también por aplicación de la ley nacional 27275, a la que la provincia adhirió hace no mucho tiempo y como a regañadientes, mediante la ley 8173.
La cuestión es que es una información a la cual, naturalmente, y sin tanto trámite y desgaste, debiera poder acceder cualquier ciudadano de este sufrido país y de ésta aún más sufrida provincia.
Las leyendas urbanas, a su vez, aluden a que las remuneraciones de los jueces máximos de la provincia ascienden a cerca de 800 mil pesos, que si bien en dólares no es tanto, en pesitos son un fangote. Sobre todo si se los compara con el sueldo mínimo que gana un simple laburante o un pobre jubilado que galguea con la mínima.
Antes de caer en manos del juez Rodríguez Pipino, esta acción de amparo fue interpuesta en el juzgado del juez Leonardo Araníbar, quien, para tirar la pelota afuera de la cancha y no tener que decidir, corrió traslado de la misma al Fiscal de Estado, que nada tiene que ver ya que no estaba demandada la provincia de Salta y, que se sepa, el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. Al menos en los papeles.
En realidad, lo que se debió haber hecho de entrada, ante la reticencia de la Corte de Justicia en mostrar públicamente en el sitio web del Poder Judicial lo que ganan, es pedir un informe circunstanciado al departamento contable del Poder Judicial y sanseacabó, como diría Máximo. Pero no. No solo no se la disminuyeron con la cuarentena y la feria eterna, sino que ni siquiera la quieren mostrar.
Pero algo nos enseña este secretismo cortesano: el prebendarismo patrimonialista en el que incurren en estas crueles provincias, como diría Tizón, todos aquellos que se hacen de un cargo público y un poco de poder. Es decir, apoderarse de ese nicho y exprimirlo en provecho propio. Desapareció el Estado como instrumento virtuoso de organización social. Es sólo una vía de aprovechamiento personal, incausado e indecente. Mientras tanto, la sociedad, que siga nomás arrastrándose en sus lacras y en sus lodos.
