A un año de decretada la Emergencia en violencia de género en Salta, los “Avances del Plan de emergencia” que lleva adelante el ministerio de DDHH que comanda Marianela Cansino, se resumieron en cuatro páginas de un documento aunque al Plan se destinaron 10 millones de pesos. 

Cuarto Poder tuvo acceso a los “Avances del Plan de Emergencia contra la violencia de género” que lleva adelante el Ministerio de Derechos Humanos, a través del Programa de Prevención y Asistencia Integral a Víctimas de Violencia dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, contemplado en la Emergencia en violencia de género en Salta.

Los avances del Plan Provincial para la Prevención, Abordaje y Erradicación de la Violencia de Género llamado “Unidos por Una Salta Libre de Violencia”, son mencionados en apenas 4 hojas y dan cuenta además de las charlas, talleres y jornadas realizadas por la  Dirección de Promoción y Formación en Derechos Humanos.

En él se refleja que desde que se anunciaron las medidas, el Ministerio de Cansino “ha puesto en marcha toda una batería de acciones concretas, entre las cuales se destacan: La Ministra de Derechos Humanos firmó un Convenio de Mutua Colaboración con la Diócesis de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, para la puesta en funcionamiento del Refugio en ese municipio, donde se dará contención y asistencia  a mujeres en situación de violencia o víctimas del delito de trata.  El viernes 20 de Marzo fue inaugurado”.

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Recordemos que esta medida fue criticada por diferentes organizaciones de mujeres que aducen, entre otras cosas, que las mujeres de otras religiones quedaran excluidas de estos hogares. Los albergues temporarios se instituyen con el objetivo de facilitar un lugar físico diferente para las mujeres que conviven con su agresor. El refugio tiene capacidad para más de veinte personas, donde las mujeres que estén en riesgo por violencia de género, podrán permanecer junto a sus hijos durante 15 días.

La Agencia Informativa Católica Argentina reflejó así la voz del obispo de Orán, monseñor Gustavo Zanchetta: “Cuando fui convocado para colaborar con esta iniciativa no dudé ni un instante de que esto era lo que Dios me pedía que hiciera como obispo de un territorio tan castigado por situaciones de pobreza, marginalidad y distintas expresiones de violencia motivadas en gran parte por la proliferación desmedida del narcotráfico”.

En los avances del Plan también se anuncian la construcción de dos hogares en zona norte y zona sur: “Se encuentra funcionando en Salta Capital el Hogar de Protección Temporal a Víctimas de Violencia  y por un convenio firmado con el Consejo Nacional de las Mujeres se iniciará la obra de construcción de un Hogar de Protección en la zona norte de Salta capital. La Ministra de Derechos Humanos firmó un Convenio con el Consejo Nacional de las Mujeres para la construcción de un Hogar de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia en la zona sur de la capital salteña, en esta semana estaría comenzando la obra”.

Entre otras de las medidas llevadas a cabo por el ministerio y enumeradas como avances se encuentra: “EL 26 de marzo se llevó adelante una Jornada de Capacitación sobre Género a Periodistas, disertando la Lic. Liliana Hendel y profesionales del Consejo Nacional de las Mujeres”. Además mencionan “Se realizó la licitación de los botones de pánico, los cuales ya están a disposición del Ministerio de Seguridad, nos encontramos en etapa de selección de las mujeres que lo requieren y de la protocolización del funcionamiento”.

Sobre esta medida fue la propia ministra Marianela Cansino, la que mencionó que “algunas mujeres devolvieron los botones porque no les es fácil la adaptación”. Los devolvieron porque los usaban los nenes y no les era útil”, aseveró la Ministra de Derechos Humanos en una entrevista radial, en donde no supo precisar cuántos botones antipánico fueron devueltos a la provincia por parte de las víctimas de violencia de género porque «desde el Ministerio de Justicia manejan esos números, así que no puedo brindar esa información”.

Se dice también que “Se capacitaron en prevención y abordaje de la violencia de género a 15.000 personas. Entre ellos niños, niñas, adolescentes, comunidades indígenas, varones y mujeres. – Más de 5.000 personas se sumaron este último mes a la campaña ‘Sacale Tarjeta Roja al Maltratador`’, incluyendo a público en gral. Funcionarios, deportistas, artistas y personas reconocidas a nivel local y nacional”.

Se mencionan además los convenios firmados con algunas organizaciones: “Se realizó un Convenio con Fundación Lapacho, en el cual se acordó la colaboración y asistencia para trabajar con hombres que ejercen violencia de género y para prevenir la violencia familiar. Profesionales de la Fundación y de la Provincia coordinan e implementan un dispositivo grupal para hombres que ejercen violencia. Se firmaron convenios con organizaciones del Tercer Sector tanto para fortalecer las acciones de prevención como centros de atención  y asistencia a mujeres en situación de violencia Género y Conciencia, Foro de Mujeres, FUNIF, Conciencia, Corazón y Esfuerzo, etc.). La Ministra de Derechos Humanos firmó convenio con los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, Psicólogos y Trabajadores Sociales de Salta para articular acciones de prevención y asistencia.”

Aunque en los “avances” se nombran otras medidas de público conocimiento como el Observatorio contra la violencia hacia la mujer, los juzgados de género, asesoramiento gratuito que debería haberse puesto en funcionamiento hace mucho tiempo, y la elaboración del Protocolo Provincial de Abordaje de Casos de Violencia Interinstitucional con el Ministerio Público y Poder Judicial, entre otros puntos, no se ha dicho mucho de dos de los casos de femicidios que justamente han impulsado esta Emergencia: los casos de Evelia Murillo y Abigail Antelo.

¿En qué estado se encuentran estos casos? El mes pasado una delegación de Docentes Unidos de Salta se hizo presente en el lugar donde fuera asesinada la maestra rural Evelia, en el Paraje El Bobadal para realizar una asamblea simbólica. Los docentes no solo denunciaron que las mismas condiciones en la que mataron a Evelia Murillo siguen vigentes en este momento, sino que además exigen la inmediata implementación de un sistema de transporte para los docentes de zona rural e inhóspita.

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Mientras que el caso de la joven de Salvador Mazza, Abigail Antelo quedó en manos de la fiscalía boliviana ya que el cuerpo fue tirado en el vecino país. Fue el propio fiscal Armando Cazón, quien mencionó que «Hay actualmente un gran vacío legal» cuando se producen delitos en países limítrofes, es imprescindible que se realicen investigaciones conjuntas, señaló.

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