La provincia creó la Unidad de Gestión Provincial de Qhapaq Ñan para ocuparse del sistema vial andino. Miembros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas señalan que el proyecto potenciará un negocio inmobiliario y perjudicará a las comunidades que luchan por la titularización de sus tierras. (Andrea Sz)
El gobierno de la provincia mediante decreto 1746/14 decidió crear la Unidad de Gestión Provincial del Programa Qhapaq Ñan Salta, después que el Sistema Vial Andino fuera inscripto como un bien en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, bajo la categoría Itinerario Cultural, en la 38va Sesión del Comité de Patrimonio Mundial desarrollada en la ciudad de Doha – Qatar, el 21 de junio pasado.
La noticia sin embargo no les cayó bien a diferentes comunidades originarias salteñas, porque consideraron que no habían sido consultadas sobre la decisión del gobierno en la implementación de este proyecto, puesto que interviene directamente en sus territorios ancestrales. El incentivo turístico en la zona, uno de los principales argumentos de este proyecto según los originarios, encarecerá las tierras del lugar. Las comunidades ven a esto como una amenaza en su lucha por la titularización de sus tierras.
David Torres, miembro del Consejo de Coordinación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) mencionó al respecto: “Los territorios indígenas cercanos a los ‘circuitos turísticos’ se convierten en inmuebles, y con ello ingresan al mercado como un producto comercial más. Esto es una demostración práctica de que se privilegia a la ‘propiedad privada’ aun a costa del buen vivir de las sociedades comunales que viven en los territorios patrimonializados y que nunca fueron consultados según ley 24.071. ¿Estas sociedades nativas están condenadas a adecuar su vida social y cultural, al patrimonio de la humanidad? ¿Por qué fueron obviados los Pueblos Originarios y sus Comunidades?”, se pregunta Torres.
Después de conocida la creación de la Unidad de Gestión Provincial de Qhapaq Ñan, que tiene como director al licenciado en antropología, Christian Vitry Di Bello, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) agrupación conformada por 45 organizaciones que nuclean a 27 pueblos preexistentes y más de 1.000 comunidades con representatividad en 20 provincias, difundió un comunicado advirtiendo los peligros de esta iniciativa.
Por su parte el Pueblo Tastil empezó otra lucha; realizó una marcha por la reivindicación de su patrimonio y derechos con el objetivo de unir a todas las Comunidades por el Derecho a la Propiedad Comunitaria. Esta lucha encabezada por el pueblo Tastil busca: “Dar a conocer las constantes amenazas de desalojo que viven las familias de nuestras Comunidades y el Reconocimiento de nuestros Antiguos Caminos como patrimonio del pueblo Tastil antes que Patrimonio de la Humanidad propiciado por los Estados y la Unesco”. Integrantes del Pueblo mencionaron que solicitan que el Estado provincial además deje de negar las Personerías Jurídicas y “que el Instituto de los Pueblos Indígenas (IPPIS) termine con la discriminación al pueblo Tastil”.
Como reliquia se pasean
Los sitios arqueológicos de Salta incluidos en el Qhapaq Ñan que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO comprenden el subtramo Santa Rosa de Tastil – Potrero de Payogasta – Los Graneros de La Poma, con una extensión de 51 kilómetros y atraviesa zonas de montaña. El comienzo del camino andino es el sitio arqueológico de Santa Rosa de Tastil ubicado en la Quebrada del Toro y culmina en la localidad de Potrero de Payogasta con el sitio arqueológico situado en el Valle Calchaquí. También existe un subtramo complementario de 11 kilómetros que vincula Potrero de Payogasta y Los Graneros de La Poma.
En la sección Complejo Ceremonial del Volcán Llullaillaco (7,5 kilómetros) empieza en la base del “Apu” Volcán Llullaillaco en un tambo, sitio arqueológico incaico, y sube hacia la cumbre pasando por otros sitios hasta llegar al final al adoratorio de altura donde se descubrieron los Niños del Llullaillaco sacrificados en el marco del ritual de la Capacocha.
Aunque el proyecto provincial tiene entre sus objetivos destacar la riqueza y la diversidad cultural de las regiones antes mencionadas e incentivar la participación comunitaria en la preservación de las diferentes zonas de los antepasados, David Torres consejero del INAI, señaló que con el Qhapaq Ñan, el gobierno pretende “no reconocer un presente vivo y organizado”, mencionó que aunque ellos son señalados de “anti progreso” seguirán luchando contra lo que consideran “el asecho de la industria turística y el comercio inmobiliario”. Torres agregó que “éstas actividades comerciales, aun en un denominado ‘estado de derecho’ prevalecen antes que las Leyes de orden público que amparan la cultura y los territorios de los Pueblos Originarios en plena vigencia. Más aun cuando los sujetos de derecho de estas legislaciones pretendemos hacer efectivo nuestros derechos somos reprimidos o invisibilizados, a veces categóricamente señalados como retrógradas, incivilizados u oportunistas”.
Que no sea otra Humahuaca
David Torres se refirió a lo que ocurrió con Humahuaca cuando en 2003 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. “Aunque se posicionó como uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país hay una relación conflictiva entre la industria turística y la vida de la población indígena. La degradación del medio ambiente natural y cultural, contaminación visual, conflictos por el aumento y venta indiscriminada de tierras, creación de infraestructura hotelera. Además las inversiones generan ganancias que no quedan en el lugar. De alguna manera en Humahuaca, las tierras ocupadas por los pobladores originarios pasaron a manos de terratenientes y nuevos inversores atraídos por el boom del turismo. Corridos de sus lugares natales forman asentamientos comunitarios de los cuales son corridos nuevamente por la policía, con órdenes de desalojo, en nombre de nuevos dueños”.
La ansiada prosperidad
Torres se refirió a los puntos que debieran mejorarse cuando, como en este caso “el estado no es garante de la legislación indígena”: “Lo que se debiera hacer es adecuar los objetivos establecidos por la UNESCO, pero adaptados a una realidad cultural, jurídica, y política por la cual atraviesa la argentina en materia de política indígena y derechos humanos. Solicitar o exigir el compromiso del estado para establecer un sistema eficaz de protección colectiva entre el Estado y los Pueblos Originarios de los patrimonios culturales y naturales de valor excepcional organizado de una manera permanente, respetando la legislación indígena nacional y los tratados internacionales, cosas que muchas veces como vemos no ocurre”.
