En la causa intervino el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Francisco Snopek, y la acusación se enmarcó en la figura de “encubrimiento por ánimo de lucro”. Aunque no provocaron el daño de la tala de manera directa, la Fiscalía señaló en la imputación la participación activa de ambos productores rurales en la cadena de logística necesaria para el traslado de los ejemplares extraídos ilegalmente de la Reserva Nacional.
De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía, los ejemplares talados pertenecían al Lote 1 de la Reserva Nacional Pizarro. En el mismo se encuentra la Comunidad wichí Eben Ezer, que cuenta con un acuerdo con la APN para habitar un área determinada y desarrollar allí proyectos comunitarios sostenibles.
En este sentido, la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la APN, Natalia Cardozo, indicó: “Es la primera vez que resolvemos de esta manera un litigio de estas características, incluyendo material de concientización para cumplir con la Ley General del Ambiente y la restauración del predio afectado a su estado inicial, antes de producirse el daño. Por eso se trata de un precedente novedoso”.