Esta semana se conoció la intención de los concejales de Salvador Mazza que quieren aumentar al doble sus dietas. Entonces recorramos los desempeños institucionales de la casta política del pueblo limítrofe con Bolivia, y donde, entre otras cosas, hay un intendente destituido protegido por la Corte de Justicia que Urtubey y Romero quieren volver vitalicia. (Nicolás Bignante)
Los ediles de la localidad fronteriza de Salvador Mazza fueron noticia esta semana tras conocerse las modificaciones que intentan introducir al presupuesto municipal 2018. De las 32 correcciones en la planilla de gastos que el cuerpo deliberativo envió al ejecutivo, se destaca la incorporación de un ítem de erogaciones futuras para gastos del Concejo Deliberante, que contempla aumentos en las dietas de los concejales. Entre los cambios, vale mencionar algunos aditamentos relacionados al trabajo en comisión que pasarían de $1000 a $2000 bajo la figura de “función legislativa”.
El porcentaje del incremento total de las dietas aún no está determinado, para esto los concejales deberán aguardar la promulgación del presupuesto por parte del Ejecutivo comunal y, posteriormente, acordar una cifra en una sesión especial. Estiman que se ubicaría por encima del 100%, lo que significaría aumentar las dietas de $10.000 a cerca de $22.000. A la hora de explicar el pedido, los concejales hacen referencia a lo que cobran sus colegas de localidades vecinas como: Tartagal —$35.000—, Aguaray —$30.000— y Gral. Mosconi —$28.000—. “Un empleado municipal gana en promedio $18.000”, aseguró la semana pasada el titular del cuerpo legislativo comunal, Héctor Ortega. La comparación es poco feliz considerando que los empleados de la administración municipal toman medidas de fuerza recurrentemente por el atraso en el pago de sus haberes. La solicitud cuasi mendicante de los ediles contrasta demasiado con el presupuesto asignado para este año, estipulado en $188 millones —medio millón de pesos por día—. Nadie sabe explicar convincentemente a dónde van a parar esas partidas.
Para contrarrestar el dietazo y no desentonar con el clima de ajuste y austeridad imperante, los ediles decidieron “redireccionar montos” asignados a gastos de “protocolo” y “festividades”. El objetivo, aseguraron, sería reducir estos montos a la mitad para financiar, entre otras cosas, la creación de un gabinete psicopedagógico. En el primer caso, el dinero asignado originalmente era de $450.000, en el caso de “festividades” el presupuesto concedía $675.000 para este año. Dentro de este último ítem se contemplan los gastos de organización y producción de eventos como el aniversario de la fundación de la localidad, que el pueblo festeja cada 31 de Agosto. El año pasado el agasajo estuvo teñido de polémicas: mientras se destinaban $660.000 para la contratación de “Los Tekis”, a los empleados municipales que exigían el pago del aguinaldo adeudado se les decía “no hay plata”. Por otro lado, algunas capturas de Whatsapp que hicieron públicas los empleados municipales daban cuenta que el intendente Rubén Méndez exigía a los trabajadores vender entradas para el festival bajo la amenaza de descuentos salariales.
Para contrarrestar el dietazo y no desentonar con el clima de ajuste y austeridad imperante, los ediles decidieron “redireccionar montos” asignados a gastos de “protocolo” y “festividades”.
Ahora bien, la dimensión real del escándalo no llega a entenderse del todo con cifras y porcentajes. El contexto económico en el que se plantean estas modificaciones presupuestarias en ocasiones circunda lo bizarro. En abril de este año, la municipalidad tuvo que pedirle la contraseña de WiFi a un vecino para que los convencionales constituyentes, que se disponían a debatir sobre la nueva Carta Orgánica municipal, pudieran trabajar. El importe del servicio no supera los $600. Una situación similar se vivió recientemente cuando, desde el Concejo Deliberante, solicitaron a la Corte de Justicia la información referente al pedido de destitución de Méndez: “Tuvimos que poner $350 de nuestros bolsillos para afrontar los gastos de fotocopiado” rezongó el concejal y exintendente Francisco “Pancho” Ibáñez. El expediente tiene 1200 páginas. Para hacerse de unos pesos y tapar algunos baches, el intendente resolvió a comienzos de año aumentar la tarifa de peaje a camiones argentinos de $60 a $160 y a camiones bolivianos de $150 a $300. La medida no estaría siendo muy efectiva si de equilibrar cuentas se trata.
Son lo mismo
Pero a la hora de pedir respuestas al Ejecutivo sobre el destino de los fondos municipales, el Concejo no demuestra mucho entusiasmo. Desde el año pasado, los pedidos de informe al intendente Méndez son reiterados; sin embargo, las contestaciones brillan por su ausencia y los deliberantes no exhiben mucha preocupación por tenerlas. Uno de los casos más resonantes es el de las obras en la avenida Mariscal Santa Cruz. Para dichas tareas se giraron desde la provincia $3.800.000 en 2016, a modo de adelanto de un total de $12 millones incluidos en el fondo del bicentenario. El estado de la calle al día de hoy es el mismo que hace dos años, a excepción del imponente letrero montado en una de sus esquinas con la leyenda: “Más obras para los salteños”. La empresa trabajó en una primera etapa, pero los cheques nunca pudieron ser cobrados porque no tenían respaldo. “En el encuadre hay una malversación de fondos” denunció Ibáñez, al tiempo que catalogaba de “tibios” a sus colegas concejales por no presionar a Méndez.
El alineamiento del cuerpo deliberante con el Ejecutivo fue tan evidente que el edil “rebelde” no encontró solución más creativa que amenazar con renunciar a su banca en caso de que la obsecuencia persistiera. De los nueve concejales del municipio, dos pertenecen al “Partido Vecinal”; el resto de los partidos —PV, PJ, MyM, Cambiemos, UCR y Felicidad— tienen un representante cada uno. En los hechos, la mayoría responde directa o indirectamente a Méndez.
Pero si el panorama económico es decadente, en el plano político—institucional las cosas son aún más penosas. En el municipio fronterizo muchos hablan de “acefalía”, y es que la imagen de Méndez está tan desgastada que sus apariciones se han reducido al punto de que muchos dudan si continúa o no en el cargo.
El porcentaje del incremento total de las dietas aún no está determinado, aunque se estima que sería por encima del 100%, lo que significaría pasar de $10.000 a cerca de $22.000.
El jefe comunal enfrenta una destitución —votada por el concejo deliberante hace exactamente un año y con su anterior composición— que actualmente tramita en la justicia provincial sin muchos avances luego de la apelación que presentara el mandatario. A esto se suma el pedido de intervención que solicitara el diputado Manuel Pailler en la Legislatura provincial hace unos días. La realidad se torna todavía más turbia cuando se traen a colación los nexos con el narcotráfico que involucran a ex concejales cercanos al intendente y que hoy se encuentran en la clandestinidad. Más grave aún es la situación en la que se encuentra su hermano Jesús Enrique Méndez, detenido hace unos días en Tucumán con seis kilos de cocaína. Al extenso epítome del mandatario se suma la imputación de la Justicia por violencia de género tras una brutal agresión denunciada por su esposa en 2016.
El desencanto de los vecinos con la figura de Méndez no encuentra descanso. El jueves pasado decidieron comenzar protestas luego de dos meses de la caída de un puente que conectaba los barrios San Cayetano y La Playa en el sector 5. El intendente había culpado a Gendarmería y a los mismos vecinos de haber hecho colapsar la precaria estructura. En el pueblo se permiten desconfiar de que los ediles “bien pagados” puedan resolver tanta desidia.
