El gobierno nacional pretende modificar la Ley de Salud Mental por decreto y reinstalando la manicomialización. El Colegio de Psicólogos de Salta denuncia el ataque contra aspectos básicos de una Ley valorada como modelo por organismos internacionales. (Ricardo López)
Días atrás se conoció un proyecto de reforma por decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por la Dirección Nacional de Salud Mental. La iniciativa se encuentra en este momento a la espera de la firma del Presidente de la Nación. Este cambio por decreto – según la opinión de organizaciones de profesionales y usuarios – fue diseñado a espaldas de la opinión de los equipos de salud, las organizaciones y todas las personas afectadas.
En ese marco, el Colegio Profesional de Psicólogos de la provincia de Salta fue una de las instituciones colegidas que alzó la voz ante esta posibilidad de reforma del decreto reglamentario. La institución que agrupa a los psicólogos salteños ve con preocupación este proyecto de reforma que modificaría por completo la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 sancionada con grandes acuerdos y valorada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
“Entendemos que esta reforma que se impulsa va a contramano de los principios de esa ley y de los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ya que prioriza un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad. Por lo contrario, reinstala la lógica de la “manicomialización” y el enfoque “biologicista”, y que habilitaría exclusivamente las prácticas fundadas en evidencia científica y excluiría los aportes de otras disciplinas imprescindibles para la rehabilitación”.
La institución colegiada salteña advirtió acerca de los retrocesos que significaría la modificación de la Ley. Una de las principales críticas es que el proyecto modifica “la concepción de la salud mental” que la ley sancionada en 2010 considera como un “proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos”, y en su lugar “reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales”. Esta mirada atenta abiertamente contra la interdisciplina, que es uno de los ejes fundamentales de la Ley de Salud Mental.
“Este proyecto de decreto reglamentario significa un retroceso gravísimo porque afecta los cuatro ejes fundamentales de la Ley: Derechos Humanos, Accesibilidad, Interdisciplina e Intersectorialidad.
El Colegio de Psicólogos de Salta reafirma así su compromiso con la defensa y la efectiva implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, la sustitución de las instituciones psiquiátricas asilares por una atención integral en salud mental en hospitales generales y a nivel comunitario priorizando el acceso al trabajo y vivienda alternativa desde una perspectiva de inclusión social, que asegure la participación de las organizaciones de los usuarios de servicios de salud mental en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten”.
Otro de los puntos más alarmantes del proyecto de decreto es que contribuye a la reinstalación de los manicomios bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y permite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a denominar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. Asimismo, se “habilitan tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas”: se vuelve a hablar de “internación o tratamiento que motive el aislamiento de las personas con trastornos mentales y/o del comportamiento, ya sea restringiendo visitas, llamados, correspondencia o cualquier otro contacto con el exterior”.
Esta tentativa de reforma se apunta a recuperar el paradigma tutelar sobre las personas con discapacidad y padecimiento mental al reconocer que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía.
La reglamentación que se aprobó tres años después de la sanción de salud mental fue un proceso arduo, muy participativo, por el cual tanto las organizaciones que trabajan en distintos aspectos que hacen a la salud mental como los familiares y usuarios pusieron su voz.
Por este motivo, no se entiende este decreto que se encuentra a punto de ser firmado por presidencia de la nación cuyo contenido retrocede de un modo escandaloso en los derechos conquistados y representa una burla a la ciudadanía en la medida que se pretenden modificar a través de un decreto reglamentario presidencial los aspectos básicos de la Ley, convirtiéndola prácticamente en su reverso conceptual.
