El tribunal encabezado por Catalano, a menudo obediente con los intereses del gobernador Urtubey, esta semana desestimó la denuncia del PO por la condonación del Gobierno a la empresa agropecuaria de la familia del diputado nacional que se promociona con gorras amarillas. (Nicolás Bignante)
La Corte de Justicia de Salta convalidó las exenciones impositivas a la familia Olmedo por la explotación de los terrenos de Salta Forestal S.A. La condonación de aproximadamente 300 millones de pesos a valores actuales, motivó una presentación judicial que fue desestimada esta semana, luego de que se expidiera la máxima autoridad, el juez Guillermo Posadas.
La denuncia presentada en 2017 por el bloque del Partido Obrero (PO) en la Cámara de Diputados, apuntaba al gobernador de la provincia, Juan Urtubey, por incumplimiento de los deberes de funcionario —recaudar las rentas de la provincia— y fraude a la administración pública. Se trata de una acción de inconstitucionalidad presentada bajo el argumento de que ese tipo de acciones —condonaciones, exenciones— deben ser dispuestas por ley y aprobadas por la Legislatura, instancia que en este caso no se respetó. Sobre este punto, la Corte argumenta que tal conflicto de poderes requiere una contienda ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1.
El fallo del máximo tribunal del sistema judicial de Salta, además, hace alusión a la supuesta falta de “generalidad” del planteo: «Los decretos cuestionados —24/17 y 59/17— que rigen solamente la situación planteada respecto de una empresa en particular carecen de las características antes enunciadas —generales, abstractas e impersonales—, toda vez que no están dirigidos a regir un número indeterminado de casos». El fallo, en otras palabras, termina de aclarar que los decretos firmados por el gobernador el año pasado, tienen la expresa intención de beneficiar a una empresa en particular.
La Cámara de Diputados de la provincia dio, a finales de mayo, un anticipo de lo que acontecería luego en materia judicial: la media sanción del proyecto presentado por el Partido Justicialista que buscaba “Regular con mayor eficacia condiciones económicas para la explotación de inmuebles rurales de propiedad del estado provincial”, terminó dándole un marco legal y “ordenado” a lo que a todas luces era un escándalo. Un proyecto que parecía pensado a medida de Salta Forestal, terminó siendo más cosmético que real.
Lo que en apariencia se presentaba como un acto de justicia, escondía también un hecho político: el acercamiento del oficialismo provincial a la figura de Alfredo H. Olmedo. Por un lado, la promulgación de la ley no supone que el cobro del canon por explotación vaya a realizarse, mucho menos implica la derogación de los decretos firmados por el gobernador; con lo cual, una vez rechazada la acción de inconstitucionalidad en la Justicia, el sojero puede quedarse tranquilo. Por otro lado, el oficialismo logra blanquear una situación irregular que puso en la mira más de una vez las relaciones entre los gobiernos provinciales —Juan Romero, Juan Urtubey— con la familia Olmedo.
Lo que en apariencia se presentaba como un acto de justicia, escondía también un hecho político: el acercamiento del oficialismo provincial a la figura de Alfredo H. Olmedo.
Por su parte, el diputado nacional se florea por los canales de televisión de la provincia tratando de hacer méritos para posicionarse como el elegido de Urtubey para sucederlo en la gobernación. Con un discurso más “provincializado” que nunca —que incluye inconsistencias como implementar el servicio militar obligatorio sólo en Salta— y tratando de retener a Gustavo Ruberto Sáenz en el Centro Cívico Municipal, el histriónico legislador se apunta en la carrera con un empujoncito judicial en su haber.
