Las medidas que toma la entidad lejos están de dar cuenta de un servicio público. El derecho ciudadano al transporte público no es más que una mercancía de enormes ganancias que, además, recibe subsidios del Estado. (J.A.)
Lejos del reconocimiento a la labor que SAETA debería predisponer a la ciudadanía salteña, cada vez son más notorias las decisiones que se toman desde la empresa para la concreción de proyectos redituables económicamente, de manera contradictoria con la asumida consigna de “compromiso colectivo”. Desde escuchar prioritariamente los reclamos de ciertos sectores de la sociedad y negar rotundamente los de otros actores más vulnerables, como vecinos de las zonas más vulnerables, de estudiantes y trabajadores; la única aseveración que se mantiene es el del aumento escalonado sin mejoras en el servicio.
El Gerente General de SAETA, Claudio Juri, si bien se muestra respondiendo a algunas solicitudes, se presenta inmóvil ante varios reclamos de amplios sectores de la sociedad. Por ejemplo, desde el Concejo Deliberante, Usuarios y Consumidores Unidos por nuestros derechos y la Defensoría del Pueblo se buscaron instancias para impedir el aumento escalonado del boleto, que llegará a $26 en diciembre, ya que no se propiciaron audiencias públicas.
Actuando de manera arbitraria con las fuerzas de seguridad, obligando a descender de manera violenta usuarios del colectivo, la empresa sigue sosteniendo una gestión cerrada con fines de lucro antes que de servicio. Sin embargo, luego de la viralización de un caso particular, Defensa del Consumidor emitió una resolución que prohíbe descender a pasajeros del transporte. Lo controversial de la asumida política de control estricto, es que la entidad no quiere asumir el costo del boleto papel, y sin comprobantes que validen el mismo ¿cómo aplicar sanciones y multas a los usuarios?
SAETA para chetos
Los recorridos de los transportes interurbanos, planificados por los gobiernos, también dibujan y construyen las ciudades. Los modos de transitarlas, de ubicar centros y puntos nodales, también dan cuenta de los anclajes territoriales que damos a ciertos sectores o espacios sociales.
Así, se entiende la inauguración reciente de un nuevo recorrido de la línea 7 San Lorenzo, que ahora llegará hasta Altos de Medeiros (Almuneda). Desde el propio comunicado oficial, informaron que es para “cubrir la demanda de jóvenes que asisten al Club de Gimnasia y Tiro”. San Lorenzo no sería la primer localidad que pensamos al diagramar las zonas más vulnerables… Entonces ¿Por qué el privilegio de generar un servicio exclusivo? La demanda no es inválida. Pero ¿qué ocurre con los jóvenes de las zonas sureste o este, que no cuentan, por ejemplo, con recorridos directos hacia alguna de las universidades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nos imaginamos a los jóvenes de San Lorenzo yendo al Club, pero no a los que son provenientes de la periferia de la ciudad yendo a la universidad.
La gran estafa
Hace unos días SAETA denunció que recibió certificados ilegales de alumno regular para la gestión de tarjetas estudiantiles. Los certificados se encontraban firmados por un docente jubilado, que según investigaciones, cobraba entre $300 y $600 para la emisión del mismo, que salía sellado desde un terciario. La denuncia penal ya fue presentada en la Fiscalía Penal N°5. De esta manera la empresa procedió a la suspensión de 1400 tarjetas estudiantiles que se encontraban en esta situación. La verificación del beneficio se realizó a través de la nómina de estudiantes regulares que emitió cada institución educativa. Informó, además, que la estafa fue en términos monetarios de unos $3.000.000, lo que es proporcional a “habilitar tres líneas nuevas”, según detalla la página oficial de la entidad (Nota: ¿realmente hubieran hecho las nuevas líneas o será sólo una excusa?).
El caso terminó en un “ojo por ojo” al verificarse la baja de cientos de tarjetas de estudiantes que realmente son regulares en sus respectivas instituciones. Quienes se vieron afectados de manera injusta, verifican, al pasar la tarjeta por el lector, “Error, inválida”. Desde la empresa se excusan con que la institución educativa debe emitir un listado con estudiantes regulares y en una segunda instancia SAETA regularizará la situación de los damnificados. Se encuentran afectados estudiantes de la UNSa, de la UCASAL y de algunos institutos terciarios que empezaron a ver que no se trataban de situaciones aisladas.
Cabe destacar que los inconvenientes con el boleto estudiantil tienen larga data. Desde su implementación, hasta su techo a 100 por mes y las listas negras; en febrero no se reconocieron los boletos utilizados por estudiantes ingresantes de la UNSa, con la excusa de que no regía aún el boleto estudiantil.
