Un relevamiento de la ONG Ruido detectó que más de la mitad de los gobernadores e intendentes colocan sus nombres propios o imágenes en la publicidad oficial. La ley de ética pública lo prohíbe.
Tanto el gobernador Gustavo Sáenz como la intendenta de Capital Bettina Romero incumplen con la ley de ética pública al colocar sus fotos o nombres propios en avisos oficiales. Otros 13 gobernadores y 12 intendentes capitalinos incurren en las mismas prácticas.
El dato se desprende de un relevamiento realizado a nivel nacional por la ONG Ruido durante junio de 2022. El criterio para considerar que no respetan la norma fue encontrar al menos un ejemplo publicado/difundido entre 2021 y 2022.
Así, se detectaron cientos de publicidades oficiales en las que no se respeta el artículo 42 de la Ley de Ética Pública. El mismo establece: «La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos».
Los 14 gobernadores son: Raúl Jalil (Catamarca), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Lo mismo sucede con 13 intendentes capitalinos (54%): Martín Llaryora (Córdoba), Eduardo Tassano (Corrientes), Gustavo Martínez (Resistencia), Adán Bahl (Paraná), Jorge Jofré (Formosa), Inés Brizuela y Doria (La Rioja), Leonardo Stelatto (Posadas), Mariano Gaido (Neuquén), Bettina Romero (Salta), Emilio Baistrocchi (San Juan), Pablo Grasso (Río Gallegos), Norma Fuentes (Santiago del Estero) y Germán Alfaro (San Miguel de Tucumán).
Tanto Sáenz como Bettina Romero utilizaron el formato de banners digitales con fotos personales. En el caso de la intendenta capitalina también se detectó la utilización de su imagen en spots televisivos y afiches en la vía pública.
Consecuencias:
El informe de Ruido destaca que la práctica de utilizar imágenes y nombres propios en la publicidad oficial tiene varias consecuencias:
- Se promociona a determinados funcionarios con fondos públicos.
- Afecta la competencia política democrática al suponer una desventaja para la oposición, que no dispone de esa cantidad de recursos para instalarse en la opinión pública.
- Afecta la transparencia estatal.
Todo esto es más visible en épocas de campaña, o cercanas a elecciones o a la definición de candidatos para futuros comicios.
