Tras la brutal represión desencadenada el miércoles pasado, salieron a la luz otras irregularidades y denuncias por falta de transparencia en Rosario de Lerma. (Nicolás Bignante)

En el municipio que comanda Ignacio «Nachito» Jarsún, la plata siempre es escasa -sobre todo cuando se trata de pagar el bono de $5000 a los empleados municipales-, sin embargo entre los rubros del presupuesto 2019 aparecen ítems como «Otros bienes de consumo» por 460 mil pesos y «Otros servicios» por $2,8 millones. En el Departamento Ejecutivo Municipal reposan múltiples pedidos de informe sobre recaudación y gastos vinculados a festividades; y nadie sabe a dónde van a parar los 174 millones de presupuesto asignados para este año. Eso sí, al que levanta un poco el copete le mandan palo y desalojo.

El miércoles pasado cerca de las 21:00, los camiones de infantería de la policía de Salta ingresaron al edificio municipal para efectivizar el brutal despeje de la zona. El material fílmico que circuló minutos después del operativo puso en evidencia el salvajismo del accionar policial que terminó con tres detenidos, varias personas heridas -entre ellas periodistas- y un hombre hospitalizado.

El parte policial del día después hablaba de «uso racional de la fuerza pública» y hasta se llegó al extremo de vincular el caso del sindicalista hospitalizado con un cuadro de apendicitis. En resumen, para el departamento policial el cuadro de salud del hombre obedecía a circunstancias previas a la represión; mientras que, desde la clínica CENESA, comunicaron que el paciente presentaba un «desgarro de apéndice».

En una maniobra descomunal de cinismo, el jefe comunal Jarsún envió un video a los vecinos vía redes sociales dando su versión de los hechos. Allí explicó que se encontraba en Buenos Aires haciendo trámites «en beneficio de nuestra comunidad», al tiempo que denunció una «mano negra» detrás del reclamo de los municipales.

Pero no todo es represión para laburantes y periodistas en el municipio de Jarsún. El desencanto de trabajadores y vecinos arrastra algo de tiempo por aquellos pagos. Hablamos de un municipio que recibió $31,3 millones de coparticipación provincial sumados a los $64,5 de coparticipación nacional. Los programas provinciales aportan otros $15 millones, mientras que la cooperadora asistencial maneja unos $7 millones. A cargo de este último organismo está nada menos que la madre de Jarsún. Por último se agregan las obras contempladas dentro del plan bicentenario, de las que hay escasos registros de avance.

Los vecinos de Rosario de Lerma desconocen qué cantidad de dinero recaudó el municipio por eventos y festividades como el Festilerma, el desentierro del carnaval, los corsos y las carpas. De todo lo recaudado, el municipio y el concejo deliberante se quedan con un porcentaje importante. De esos números no hay un sólo registro.

También se desconoce el destino del dinero que el concejo deliberante -con el aval de Jarsún- confiscó a dos ediles opositores. Se trata de Guillermo y Griselda Galleguillo, a quienes se les redujo un 25% su sueldo por «venta ilícita y desleal» de paltas. El desencadenante del bizarro episodio tuvo lugar cuando los hermanos concejales decidieron financiar un proyecto de bienestar animal vendiendo las paltas que crecen en su patio. Los ediles que responden a Jarsún consideraron que la operación perjudicaba a los verduleros de la zona, ya que no existía una competencia en igualdad de condiciones. El concejo deliberante recortó en un 25% la dieta de los concejales palteros a modo de sanción, con la condición de que ese dinero sería destinado a las fundaciones «Del Valle» y «Jóvenes Felices». El dinero nunca llegó a las organizaciones.