La novela desatada por la abogada Debora María Cintia Ramírez en General Güemes parece que arrastrará el destino del juez Martín “Doblete” Martínez. El Municipio anticipó que la semana entrante presentará un pedido de remoción contra el magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento que preside Guillermo Catalano. En el Valle de Siancas se juega fuerte y algunos rezan por la suerte del magistrado.

LA LOZA DEL INFIERNO

Nadie sabe a ciencia cierta los motivos por los que Martínez aceptó intervenir en un amparo que desde el comienzo le produjo la incomodidad de recordar cuando hace cuatro años fue noticia en todos los medios locales al difundirse que había cobrado durante unos meses dos sueldos. Era el primer caso en la historia en la que un juez fuera tan grosero en su derrotero como para cobrar doble. Máxime cuando hoy su sueldo supera los $200.000 y no necesita ser angurriento en términos de rapiñar otro emolumento.

Sin embargo, cuando la abogada Debora María Cintia Ramírez le presentó su pedido para que le devolvieran el cargo de Jueza de Faltas de General Güemes y cobrara a la vez su sueldo como empleada del Ministerio de Economía, aceptó y no paró hasta que dictó una sentencia que ahora lo coloca al borde de la destitución. El pasado se volvió presente y hoy parece no haber diferencias entre Martínez y Ramírez: Los dos violaron la Constitución Provincial y cobraron dos sueldos en tiempos en los que mucha gente ni siquiera consigue un poco de pan para llevar a la casa.

El pedido de destitución ingresaría el próximo martes y también pidieron la suspensión de Martínez, tal como lo autoriza la Ley 7138. El Intendente sostiene que ha incursionado en mala conducta y se refiere a una sospechosa conducta de una secretaria del Juzgado, Juanita Meredith Gonza, quien luego de que ingresara la demanda citó al Intendente al Juzgado y lo habría presionado indebidamente.

UN APRIETE A LA SOMBRA

El alcalde Sergio Salvatierra dejó sentado en un escrito que cuando concurrió al Tribunal, junto con las abogadas Paula Finá y Florencia Pineda, fue recibido por Gonza quien primero le mostró el expediente en un gesto de confianza y, luego, lo invitó a las afueras de la Ciudad Judicial en el Barrio El Huaico.

En ese momento dijo que quería hablar a solas con él, así que lo llevó bajo un árbol a la vista de las letradas y allí le anticipó que el juez iba a dictar una sentencia contraria al Municipio y le aconsejó que le pagara un dinero a Ramírez. El Intendente obró como lo hacen los honestos, y perdió el juicio…

TELA PARA CORTAR

Lo que el Jurado de Enjuiciamiento deberá investigar es si Gonza fue por pedido de Martínez o lo hizo por vocación propia. Si fuera lo primero está claro que el magistrado habría incurrido en delito de prevaricato, que el Código Penal reprime con pena de prisión e inhabilitación de por vida. Si no, habría incumplido con sus deberes de funcionario, e igualmente podrían reprocharle semejante pasividad.

Algunos comentan que cuando lo acusaron, el padre del juez y abogado radical Luis Alberto Martínez –que fuera decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta- hizo gestiones oficiosas para evitar que se lo sancionara. Por lo visto, luego del escándalo y ningún castigo en 2016, la realidad parece haberle otorgado garantías de posturas benevolentes en la cima del Poder Judicial.

EL PASADO INFAME

Martínez es el mismo juez que trasladó el año pasado a una cárcel de mínima seguridad a Víctor Manuel Facciutto, quien cumplía una condena desde 2013 por abusar de su hijastra de 7 años durante el transcurso de 3 años. Pese a que todos los informes eran negativos, el magistrado decidió trasladarlo a ese lugar del cual se fugó. No hubo reproche en esta oportunidad.

Martínez fue también el magistrado que autorizó las visitas privadas de Chirete Herrera y que terminó matando a su pareja en la cárcel. Y estaba preso por haber matado a su anterior pareja. Ninguna sanción recayó sobre su espalda todavía.

En el caso de Aldana Leiseca,  la madre de Sabrina Berton que fue fusilada de un disparo en la cabeza hace 8 años, divulgó que Martínez le otorgaba a la asesina permisos para salir del penal cuando quería jugar al voley. A Martínez no le ha importado.

Como se ventiló mediáticamente, cuando era funcionario del penal de Villa Las Rosas, Martínez fue acusado de llevar personal para trabajar en su casa.

La defensa corporativa de jueces es uno de los motivos por los que la Corte de Justicia se encuentra divorciada de los ciudadanos. Amén de otros casos en los que se calla y otorga antes que penar a magistrados que actúan por fuera de la ley. La sinrazón que se otorgan los jueces por acuerdos de colegas repugna a quienes advierten que el peso de la ley solamente cae sobre el lomo de los más pobres.

NUEVAS SOSPECHAS

En cualquiera de los casos, el obrar del juez fue sospechoso desde el momento en que, a pesar de que tomó conocimiento de estos hechos, nunca formuló denuncia contra Juanita Meredith Gonza y cuando se lo recusó, rechazó los planteos evitando que conociera del asunto la Corte de Justicia. Es que el máximo tribunal lo investiga por su doble cobro, y este juicio trata sobre el mismo problema, aunque esta vez la glotona sería la abogada Ramírez.

Al Intendente Salvatierra no le ha temblado el pulso y esta vez no se conformaría con el pedido de remoción. También le pediría al Procurador General Abel Cornejo que investigue si no se ha violado el Código Penal, especialmente los artículos 269 y 248 que hablan de prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público.

UNA SENTENCIA QUE COMPLICA

Lo que comenzó con un problema local, ahora se expande a nivel provincial en donde se investigará a un juez polémico que, por lo visto, no tiene mayor recato con la cosa pública. Resulta casi insólito que en medio de tanta crisis, tengamos ejemplos como el de Martínez que dictó una sentencia por la cual quiere garantizar dos cargos permanentes a una abogada que, encima, se encuentra denunciada penalmente por hechos que se pesquisan en juicio paralelo. ¿Cuál es el perfil ético que satisface al Juez? ¿Alguien con estos antecedentes puede ser repuesto en un cargo contra lo que manda la Constitución Provincial?

Efectivamente, después de que se descubriera que Ramírez cobraba más de $120.000 entre Economía y el Juzgado de Faltas, sin siquiera ir a trabajar o llegando tarde –como dicen algunas denuncias de abogados presentadas en su contra- se dispuso su remoción el 13 de Diciembre de 2019. Pero luego se avanzó contra ella con una denuncia penal por considerar que había incurrido en irregularidades vinculadas con cobranzas del Juzgado y desaparición de expedientes administrativos. A Martínez no le importó esto a pesar de que se lo informaron en el juicio.

Es este el perfil de autoridad municipal que el juez Martínez considera que debe tener garantías de inamovilidad, aun cuando viole el artículo 62 de la Constitución Provincial que prohíbe que un empleado público cobre dos sueldos.

LOS PADRINOS

Martínez no sería el único padrino o socio que parece tener Ramírez. También goza de los favores de la ex Intendenta de General Güemes Alejandra Fernández de Salcedo, quien le presta domicilio para que invoque falsamente que tiene residencia en el lugar. Todos saben que no vive en esa ciudad y es un dato relevante porque la Carta Orgánica Municipal exige que para ser Juez de Faltas del lugar la persona debe tener título de abogado y residencia en General Güemes. Este dato también habla de falsedad en las declaraciones presentadas cuando se postuló para ese cargo. A Martínez poco le importa.

Hay que reconocer que Ramírez juega más que el cargo de Jueza de Faltas. De averiguaciones realizadas en la Secretaría de Recursos Humanos de la Provincia, se conoció que existen actuaciones en su contra que podrían terminar en su cesantía por abandono. Insólitamente no ha trabajado en estos meses, pero cobró el sueldo. El daño al patrimonio provincial y al municipal parece no detenerla luego de conseguir un juez que le dio la razón pero que ahora también sería denunciado penalmente. Es justiciable o cómplice del magistrado?

Los errores y maniobras sospechosas por las que Martínez ingresa a la picota se refieren a la negativa a apartarse del juicio a pesar de que se lo plantearon tres veces. También porque disimuló todo para mantener la situación anómala fuera del conocimiento de sus superiores.

EL LADRON LO CORRE AL JUEZ

El mundo del revés se ha instalado en General Güemes. A pesar de la claridad del caso que repugna, es Ramírez quien ha interpuesto una denuncia contra Sergio Salvatierra por supuesta desobediencia judicial. Hay que preguntarse: Puede un Intendente ser obligado a violar la Constitución de Salta por imperio de una sentencia ilegal?

A pesar de que hace más de cuatro meses se interpuso una denuncia a Ramírez por incompatibilidad, nadie la ha citado siquiera para pintarse los dedos, tal como correspondería. Tampoco la Provincia de Salta la echó a pesar del abandono del trabajo. Por el contrario, quien se dice jueza -pero hasta ahora no ha honrado el cargo- logró cobrar el sueldo del Ministerio de Economía.

Que tiene que ocurrir para que se haga justicia? Con justicia como la que describimos en este caso, está claro que mejor sería que los valientes y los probos pasaran a cuarteles de invierno. Es que Martínez parece ser juez de detenidos pero no da garantías.