R. de Lerma: Otro fallo mordaza contra la prensa

En poco más de dos semanas, los embates contra la prensa en Salta aumentaron casi al ritmo de los contagios por coronavirus en el departamento San Martín. A fines del mes pasado, el edil de Animaná Juan Pedro Ezequiel Laxi, mencionado por el cobró del bono de 10 mil pesos, denunció al medio que reveló el escándalo político en nuestra provincia. A través de una carta documento, el funcionario tachó a los trabajadores de prensa de «amarillistas» y de «periodistas con sed de audiencia», los calificó de livianos y «desapegados a la verdad» y los intimó a que se retracten de haberlo ofendido.

En paralelo y con un mismo nivel de sobreactuación, el diputado nacional Andrés Zottos amenazó con accionar penalmente contra este medio, luego de que se diera a conocer que sus sobrinos también accedieron al beneficio. Por entonces, el legislador y empresario declaró que la publicación se realizó «de mala fe» y con el objeto de «desacreditar a su persona, pero también como es habitual a gran parte de actores políticos de Salta».

Días después, la secretaria letrada del Ministerio Público de la provincia Mariana Onetto, amenazó con iniciar acciones legales contra la periodista Marcela Pérez. El motivo: Haber difundido una serie de fotografías de vehículos mal estacionados, entre los que se encontraba la camioneta oficial que conducía. «Te pido que bajes inmediatamente la foto o iniciaré acciones legales en tu contra por publicación de datos», fue el mensaje que Pérez tuvo que leer luego de la publicación. Los hechos motivaron reiterados comunicados de repudio por parte de la Asociación de Periodistas de Salta (APeS).

A los casos mencionados, se suma un reciente fallo mordaza contra el periodista de Canal 7 de Rosario de Lerma Normando Cruz, que lleva la firma de la Jueza Noemí Liliana Valdez. La denunciante es, nada menos, que la tesorera del municipio Nancy Viviana Gómez, quien dice haberse sentido injuriada por el comunicador luego de que se dieran a conocer sus antecedentes en el gerenciamiento de locales donde se investigaron posibles casos de trata.

Además de la intimación, al trabajador de prensa se le impuso una perimetral de 100 metros que, curiosamente, no rige para el municipio de Rosario de Lerma. En concreto, en el artículo 1 se obliga al conductor radial y televisivo a «abstenerse de ejercer violencia psicológica, mediática, simbólica y/o política y/o de cualquier tipo en contra de Nancy Viviana Gómez, bajo apercibimiento de desobediencia judicial». Mas adelante, se prohíbe al denunciado «acercarse a la denunciante a una distancia menor a cien metros de su domicilio real y/o los lugares que concurra con la sola salvedad del municipio de Rosario de Lerma, atento al cargo público que la misma ejerce, en el que no se aplicará la distancia».

Para encontrar la génesis del escándalo es necesario remitirse al pasado 18 de mayo, cuando en el municipio comandado por Enrique Martínez se detectó un caso positivo de Covid-19, que se convertiría en el cuarto caso oficializado en toda la provincia de Salta. Las desinteligencias del COE y algunas denuncias cruzadas entre vecinos derivaron en una turba que dejó como saldo una ambulancia apedreada por los manifestantes y el desplazamiento de Medrano como cabeza del multi-organismo. En una primera instancia, trascendió que la reacción de la multitud respondía a las displicencias de la mujer contagiada con las exigencias de la cuarentena y hasta se deslizó la posibilidad de una interna política.

Sin embargo, tal como publicara Cuarto Poder en aquella oportunidad, el punto de ebullición del conflicto llegó luego de que varios vecinos denunciaran que, en la casilla en que residía la mujer, se desarrollaba una intensa actividad prostibularia. Las versiones llegaron a salpicar a la Tesorera de la comuna, quien además es la flamante primera dama municipal. Ocurre que Nancy Viviana Gómez tuvo que comparecer ante la justicia en 2013, luego de que una serie de allanamientos anti-trata terminara con el cierre de tres cabarets donde se ejercía la prostitución. El escándalo culminó con el ex-intendente de Salvador Mazza Carlos Villalba demorado dentro de uno de los locales. Según consta en la investigación, Gómez junto a Roberto Quintián, Mercedes Baigorria, Francisco «Chicho» Russo, Elida Noemí Arias y Marisel Llanes fueron señalados como los gerenciadores de los locales: «Terra Nostra», «Don Quijote» y «Rumy».

Todos ellos fueron procesados con prisión preventiva por promoción de la prostitución y captación con fines de explotación sexual, en concurso real con explotación económica de las víctimas. Sin embargo, recuperarían la libertad meses más tarde tras alegar que sus víctimas trabajaban de manera «voluntaria».

Las sospechas de los vecinos de Rosario de Lerma, fundadas en una supuesta relación entre la mujer contagiada y la tesorera municipal, apuntan a que la actividad prostibularia denunciada se estaría llevando a cabo a instancias de esta última; lo que indefectiblemente resonó en los medios locales. La información pudo haber sido contrastada o replicada por Gómez o incluso pudo haber apelado a la figura de calumnias. Sin embargo, la funcionaria optó por intimar al trabajador de prensa por violencia de género; cuya definición engloba, entre otros conceptos, el de violencia política, entendida como «aquella que, fundada en razones de género mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres».