En la recta final de la gestión municipal de Bettina Romero, la persistencia y obsesión por parte de su Secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, para concretar un controvertido contrato de fotomultas, incluso en el periodo de transición hacia el nuevo gobierno, arroja serias dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta polémica decisión.

En el umbral del cierre de la gestión municipal de Bettina Romero, previo a la transición hacia su sucesor Emiliano Durand, han surgido una serie de acontecimientos que plantean interrogantes sobre la ética, transparencia e integridad en las decisiones que afectan las finanzas municipales. En el epicentro de esta controversia se encuentra Daniel Nallar, Secretario Legal y Técnico municipal, quien ha sido el ejecutor principal de la administración de Romero y ahora se enfrenta a la urgencia de llevar a cabo un contrato sumamente polémico: el de las fotomultas en la ciudad de Salta.

La insistencia persistente de Nallar en llevar a cabo este controvertido contrato antes de dejar su cargo ha generado preocupación y sospechas. La premura con la que se busca implementar estas medidas, que denotan desesperación por parte del funcionario, alimenta inquietudes sobre la posibilidad de que se estén llevando a cabo prácticas éticamente cuestionables. Este afán por concretar la implementación de las fotomultas cuando ya prácticamente tienen las maletas hechas y el pasaje al exilio comprado el pasado mes de mayo con la derrota de Bettina Romero, alerta a quienes integrarán la nueva gestión, quienes observan con cautela e intentan desentrañar los verdaderos motivos detrás de esta urgencia, en la que se intenta tomar medidas apresuradas que podrían tener consecuencias a largo plazo para la ciudad y sus habitantes.

El 29 de enero pasado, se oficializó un pliego licitatorio para la implementación de fotomultas en la ciudad de Salta, tras la caída de un convenio anterior entre la municipalidad y CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina). El contenido del pliego levantó sospechas debido a similitudes con un decreto previo que favorecía directamente a CECAITRA.

A pesar de la cancelación del acuerdo en 2021 tras la férrea oposición de los concejales capitalinos y la suspensión realizada por el Tribunal de Cuentas Municipal, CECAITRA no retiró los equipos instalados y, curiosamente, continuó realizando instalaciones adicionales en la ciudad. El pliego fue polémico por la falta de un presupuesto oficial, basando los pagos en un estimado de la recaudación futura, comprometiendo el 45% de la recaudación neta mensual por todas las infracciones de tránsito. Además, invitaba a los oferentes a convertirse en socios en lugar de adjudicatarios, participando en un porcentaje de la recaudación, lo que claramente incentivaba el aumento de infracciones.

La participación de DETECTRA, empresa vinculada a CECAITRA, en la licitación también generó controversia, pero ni Bettina Romero ni Daniel Nallar se inmutaron ante las evidencias de un claro direccionamiento: el ganador de la licitación fue Mariano García, hijo del presidente de CECAITRA, quien preside DETECTRA. Por alguna razón, pese a la recomendación del Tribunal de Faltas y la crítica del Concejo Deliberante, las cámaras antes instaladas por el convenio rechazado nunca se quitaron de los lugares donde fueron instaladas. Solo había que esperar a que se concrete nuevamente el negocio…

En este contexto y a días de dejar el poder, Nallar tiene en sus manos la creación de una especie de juzgado paralelo gestionado por una empresa privada, con una significativa participación accionaria, y la incorporación de un porcentaje destinado a la fundación vinculada a los mismos propietarios, lo cual constituye irregularidades desde el punto de vista legal, operativo y ético.

Cabe destacar que a principios de 2023, la justicia federal declaró la inconstitucionalidad de la emisión compulsiva y automática de fotomultas, confirmando su carácter recaudatorio. A pesar de este fallo y la escasa evidencia de su efectividad, la municipalidad persiste en argumentar que estos dispositivos contribuyen a la seguridad vial.

El caso de Diego Beber Brunner, cuya acción de amparo resultó en la declaración de inconstitucionalidad de la legislación misionera sobre fotomultas, sentó un precedente relevante. El fallo cuestionó la falta de mecanismos preventivos en el sistema de fotomultas y su incapacidad para actuar como herramienta preventiva de siniestralidad vial, incumpliendo el artículo 70 de la Ley Nacional de Tránsito.

La resolución judicial también señala la ausencia de esfuerzos por identificar al conductor infractor, objetando la imputación de responsabilidad al titular registral del vehículo sin realizar el mínimo esfuerzo para individualizar al conductor. El fallo subraya la ilegalidad e inconstitucionalidad de normativas provinciales que contradicen la Ley Nacional de Tránsito.

A pesar de este precedente, la municipalidad insiste en el contrato para que mediante dispositivos se detecten las infracciones. De llevarse a cabo la idea de Nallar que claramente raya lo ilegal, no existiría un control por parte de las autoridades judiciales establecidas. Además, tal como lo hemos señalado desde este Semanario respecto a las violaciones de normas de tránsito graves que se pretenden gestionar a través de esta empresa, se estaría dejando la puerta abierta a posibles querellas respecto a la validez del procedimiento de las fotomultas. Pudiendo apelarse incluso a cuestiones constitucionales relacionadas con la invasión de la privacidad, especialmente en el caso de infracciones vinculadas al uso de tecnología, demandas que podrían representar un daño para el municipio de resultar adversa la intermediación judicial.

Dicho sea de paso, la implementación proyectada y defendida a ultranza por Nallar, contempla la instalación de 35 cámaras operativas en la ciudad. A modo de ilustración, observando experiencias similares en otras localidades donde solo se han instalado 7 cámaras, la recaudación mensual supera las 30.000 infracciones. Extrapolando esta cifra a la presencia planeada de 35 cámaras en Salta, nos encontraríamos potencialmente con un número aún más significativo de infracciones, confirmando la finalidad recaudatoria del municipio y su empresa amiga.

La persistencia de Romero y Nallar en la licitación de dispositivos de detección de infracciones, a pesar de estos precedentes y arguementos, en un periodo de transición en el que ya no debieran tomarse decisiones de este tipo, solo deja abierto el interrogante que mas que interrogante es certeza, sobre las verdaderas intenciones detrás de esta decisión. ¿Es la seguridad vial el principal objetivo o hay intereses más oscuros en juego?