Luciano Martini Bonari ostenta, además de pesados antecedentes, estrechos vínculos con los miembros de la Corte salteña. Una resolución que alimenta los fantasmas de la impunidad en Salta. 

Una resolución con poco sustento jurídico, pero de alto contenido político. El juez de la Primera Sala del Tribunal de Impugnación Luciano Martini Bonari dispuso el apartamiento de la fiscal Verónica Simesen de Bielke de una de las causas más resonantes de corrupción policial de los últimos años: El caso del comisario Walter Omar Ezequiel Mamaní. El hecho se da en medio de una creciente notoriedad del trabajo de la fiscal ante hechos de relevancia pública.

Además de unas 101 imputaciones contra efectivos policiales por violencia y abuso de autoridad, la fiscal había tomado las riendas del caso Cornejo, el ex-intendente de Campo Quijano acusado de fumarse casi $85 millones. Sus expresiones solían coincidir con sus acciones cuando, por ejemplo, lamentó públicamente que en la provincia de Salta los políticos y ex-funcionarios no vayan a la cárcel.

De allí que muchos interpreten su apartamiento de la causa Mamaní como un principio de aleccionamiento. Mucho más aún, considerando de donde viene la resolución.

El juez Luciano Martini Bonari es hijo de la jueza de la corte Sandra Bonari e hizo sus primeras armas en la carrera judicial de la mano de Guillermo Catalano, presidente del máximo tribunal. Desde 2014 es juez de impugnación y preside la Asociación de Jueces del Poder Judicial desde 2018.

La conexión con Mamaní y el caso Francesas

Mamaní es, posiblemente, una de las pocas personas en Salta con algún grado de información adicional respecto del asesinato de las francesas Houria Moumni y Cassandre Bouvier. Él, al igual que Gustavo Lasi y su padre Walter Lasi, podrían torcer el destino de la causa que hoy tiene en prisión al inocente Santos Clemente Vera, si es que algún día deciden hacerlo.

Mamaní, tal como publicara Cuarto Poder el 4 de julio de este año, es un armador serial de causas. El por entonces integrante de la brigada de investigaciones fue el responsable de hallar los proyectiles con los que -presuntamente- se asesinó a las ciudadanas francesas. El testimonio de Mamaní fue duramente rebatido y criticado por el ex-jefe de la brigada Néstor Pícolo, quien apareció «suicidado» meses después.

No es casualidad entonces que la revocación del fallo inicial del juicio haya llevado la firma de los jueces Rubén Eduardo Arias Nallar y Luciano Martini Bonari. En sentido estricto, uno de los responsables de que Santos Clemente Vera se encuentre cumpliendo una condena por un delito que no cometió, es el juez Martini, quien hoy beneficia a Mamaní, otra de las piezas claves en el esquema de impunidad.

Cabe mencionar que la apartada fiscal Simesen de Bielke había manifestado públicamente que existía la posibilidad de llevar a Mamaní nuevamente ante la justicia para que explique su accionar en la instrucción por el doble homicidio. Esto, al parecer, habría despertado un inusitado nerviosismo en el seno del poder judicial/político.

Siempre con los poderosos

Martini, como si todo lo anterior fuera poco, fue quien resolvió junto a Ramón Medina la nulidad en la causa que investiga al ex gobernador Romero por irregularidades en la entrega de un hangar de Aviación Civil. Ocurrió hace apenas un mes.

Tanto Juan Carlos Romero como su hijo Juan Esteban, estaban siendo investigados desde 2013 por “defraudación en perjuicio de la administración pública”. El hecho no se presta a muchas confusiones: Un gobernador le cede a su hijo todo un hangar de Aviación Civil. En cualquier lugar del mundo, además de un escándalo, el hecho terminaría con varios «sopres». Pero esto señores, es Salta.