La ausencia total de inspecciones, el monopolio en la obra pública municipal y la especulación electoral son algunas de las claves para develar el trasfondo del brutal accidente que dejó como saldo dos obreros hospitalizados.
La caída al vacío de dos operarios que trabajaban en el nuevo puente sobre el río Arenales desató una serie de interrogantes sobre el manejo y el control de la obra pública municipal. El incidente fue invocado durante la última sesión del concejo Deliberante en la que se aprobó el presupuesto municipal 2023.
Hasta el momento escasean los detalles respecto del estado de salud de los dos trabajadores. Lo que sí hubo, fue un apresurado intento de explicación por parte del ejecutivo en palabras del Director Gral. de Obras, Jorge Sales.
En el video institucional, de no más de 3 minutos, el funcionario esboza -sin poder asegurarlo- que el accidente podría haberse dado a partir de una falla de los Elementos de Protección Personal (EPP). Hasta el momento no se oyeron las voces de la secretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo, ni del Subsecretario de Obras Públicas, Luis Racioppi.
La fallida explicación de Sales adquiere tintes aún más bochornosos si se considera que, entre sus funciones, está la de llevar a cabo las inspecciones correspondientes que, en el caso de la mencionada obra, deberían ser permanentes. El funcionario, en cambio, ni siquiera pudo acertar el porcentaje de avance de obra y arrojó un dudoso 86%. Dos meses atrás, la secretaria Angulo había fijado ese número en 88%.
Un esquema de control permanente hubiera garantizado, entre otras cosas, que los trabajadores contaran con elementos de seguridad personal. Probablemente también se hubieran frenado los trabajos en altura en medio de las precipitaciones, tal como mandan los más elementales protocolos de seguridad en obras públicas.
Pero el bettinismo parece haber quedado entrampado una vez más en sus propias palabras. Los partes institucionales expresaban a mediados de octubre que el puente estaría inaugurado a finales de noviembre. La realidad indica hoy que esa fecha podría extenderse, con mucha suerte, a marzo de 2023. ¿Premura por llegar antes de las elecciones?
Todo indica que en el municipio capitalino las obras marchan a un determinado ritmo y las inspecciones van muy por detrás.
Los mismos de siempre
Desde el gobierno municipal aseguran que la empresa Dal Borgo Construcciones se comprometió a reforzar la seguridad en la obra. Junto con Norte áridos SRL concentran casi la totalidad de la obra pública municipal.
Esta última empresa nació en 2014, un año antes del fallecimiento del ingeniero Rino Dal Borgo, dueño de la empresa que lleva su apellido y que supo abrochar voluminosos contratos con los estados provincial y municipal. Peatonales, puentes, bacheos, plazas y pavimentación quedaron bajo su dominio y le permitieron crecer exponencialmente durante años.
El movimiento no pasó desapercibido. Bajo el nombre de Norte Áridos SRL, uno de sus hijos –Augusto Dal Borgo– tomó la posta, heredó los formidables contactos y se dispuso a seguir los pasos de su padre. Con la fachada de la nueva constructora entró en sintonía con la gestión bettinista y rápidamente se convirtió en la contratista más beneficiada en materia de obra pública.
En el expediente por la megacausa de corrupción que lleva el mote de «facturas truchas», el juez Julio Leonardo Bavio le dedicó varias páginas a la firma. Según consta en los escritos, durante el año 2017, Norte Áridos tenía una facturación de casi 30 millones de pesos con apenas 4 empleados declarados. En los papeles quedó documentado que: «la envergadura (de la empresa Norte Áridos) no sería consistente con el movimiento exteriorizado en el año 2017».
