Se oficializó la adenda a una veintena de convenios que firmó el Gobierno Provincial con Nación en 2016 y que ya implicaron el envío de más de mil millones para obras de infraestructura básica. No sólo no se completaron esas tareas sino que ahora la Provincia las declara imposibles de ejecutar. (Milcíades)
Durante junio, julio, agosto y diciembre de 2016, el Gobierno de la Provincia rubricó un total de 21 convenios específicos en el marco del programa “Hábitat Nación”, impulsado por la entonces Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano. Estos convenios contemplaban el financiamiento de “obras de infraestructura básica y fortalecimiento urbano” en diversas localidades y departamentos, incluidas comunidades originarias, por un monto que asciende a los 2.413.533.377 millones de pesos.
El financiamiento se reparte en obras entre localidades como San Lorenzo, Rivadavia Banda Sur, Santa Victoria Este, Pichanal, Cerrillos, Rosario de Lerma, entre otras. También se encuentran entre las beneficiarias distintas comunidades originarias como Misión La Paz y Santa María en Rivadavia, San Francisco, Francini y El Algarrobal en Pichanal o Yacuy en General San Martín.
En general las obras que se proyectan llevar adelante son emprendimientos básicos para la vida en sociedad, tales como redes de agua potable para abastecimiento, sistemas para riego, sistemas cloacales, viviendas y mejoras para hogares, redes de electrificación, obras viales, poli-deportivos, parques de recreación y ejercicio, etc.
A casi dos años de la firma de los acuerdos, el 24 de mayo pasado el gobernador peronista Juan Urtubey se reunió con la responsable de la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Marina Klemensiewicz. El fin de la cita fue discutir y readecuar cada uno de estos 21 convenios en función de problemas suscitados para la ejecución de los mismos.
En el Boletín Oficial del 18 de junio se publicó el decreto 661 con la firma del mandatario provincial, el Secretario General de la Gobernación, Simón Padrós, y del ministro de Economía, Emiliano Estrada, dando a conocer la adenda (agregado) acordada por la dupla Urtubey-Klemensiewicz en aquella reunión de fines de mayo.
“Dicha adenda tiene por objetivo la readecuación de los Proyectos financiados por la ex Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, en base a los relevamientos de necesidades realizados, y atento la sustentabilidad de las obras, a llevarse a cabo en diversas localidades”, puede leerse en el decreto citado.
Para pasar en limpio, la excusa o argumento oficial es que debido a la declaración de la emergencia hídrica, vial, sanitaria y social en los departamentos de Santa Victoria, Iruya, Orán, General San Martín y Rivadavia (decreto 237/18), tras las lluvias que azotaron la región a principios de este año, se volvió prácticamente imposible llevar a cabo parte de las obras financiadas por los convenios rubricados en 2016.
En el decreto, el argumento del Ejecutivo es claro: “(…) con motivo de las intensas lluvias y desbordes de los ríos Bermejo y Pilcomayo (…) el cumplimiento de los objetos de los convenios específicos Nº 517219/2017 (localidades de Capitán Pagé, Pluma de Pato y Alto la Sierra), Nº 1350815/2016 (localidad de Rivadavia Banda Norte), Nº 1368574/2016 (localidad de Morillo), Nº 1397564/2016 (localidad de Santa Victoria Este), Nº 1732886/2016 (localidad de Dragones) 938090/2016 (ex lotes fiscales 55 y 14, Santa María, Misión La Paz), los cuales contemplan entre otras intervenciones, la construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales, atento que la construcción de las mismas son de imposible ejecución dado la situación de emergencia declarada y sin un trabajo previo orientado a subsanar la zona en cuestión, por lo que corresponde readecuar los objetos de los convenios mencionados y aprobar los nuevos proyectos ejecutivos (…)”.
La excusa o argumento oficial es que debido a la declaración de la emergencia hídrica, vial, sanitaria y social se volvió prácticamente imposible llevar a cabo parte de las obras financiadas por los convenios rubricados en 2016.
A pesar de estos inconvenientes, el Gobierno Provincial habría podido certificar el avance de ciertas obras desde 2016 a esta parte, permitiendo que hasta el momento se hayan desembolsado del total de los fondos destinados unos 1.155.382.738 millones de pesos, quedando un saldo disponible de 1.258.150.638 millones que será adjudicado a medida que se lleven adelante los nuevos planes.
Por poner sólo algunos ejemplos, en obras destinadas a la sumamente postergada localidad de Dragones, cerca de Morillo, se destina un monto total de $169.939.738; o en el caso del asentamiento Francini en Pichanal, se destinan $101.645.737; Santa Victoria Este, por su parte, suma un monto de $315.313.459. En el caso de Dragones se estipulaba que las obras empiecen el 30 de noviembre de 2016 y el 13 de febrero de 2017; en el asentamiento Francini el 15 de enero de 2017 y en Santa Victoria Este el 14 de noviembre de 2016 y el 4 de mayo de 2017.
Si bien la posibilidad de corroborar el avance y estado real de estos trabajos excede a este redactor y sus herramientas, es lícito después de exponer tanto la excusa oficial para la readecuación de los convenios como la fecha de inicio de algunos de ellos, preguntarse ¿empezaron las obras mencionadas realmente en la fecha que se indica? Si así fuese, ¿no había tiempo suficiente para poder avanzar en el desarrollo de las mismas e incluso prevenir la emergencia hídrica, sanitaria, vial, producto de las fuertes precipitaciones y el desborde los dos ríos más importantes de la provincia?
Déjà vu
A pesar del importante monto de financiamiento que implica el conjunto de los convenios y de la relevancia social, económica y política que representan, llama la atención que en la prensa local se encuentren muy pocas referencias sobre el tema. Prácticamente no existen notas en periódicos ni se encuentran declaraciones de funcionarios públicos, mucho menos se promocionan los avances físicos de las diferentes obras de infraestructura.
De hecho, si el lector se remite a la poca información que se puede encontrar utilizando internet, podrá apreciar sin mucho esfuerzo que en gran medida los funcionarios públicos nacionales que viajaron a Salta en 2016 y 2017 a “dar la cara” en la presentación de algunos de estos convenios durante actos públicos que quedaron en el olvido, hicieron un esfuerzo por divulgar las bondades del programa y las obras financiadas… pero no encontraron réplica entre sus pares provincianos.
El establishment político local no ha hecho del programa “Hábitat Nación” una “bandera política”, ni ha intentado construir alrededor del mismo un relato que busque dialogar con las aspiraciones progresistas de determinadas franjas sociales que anhelan ver “al postergado norte provincial” resurgir y abandonar el cuasi eterno atraso al que se encuentra sometido.
Pueden ser varias las razones para este aparente desinterés por mostrar la gestión de recursos públicos destinados a una zona con problemas estructurales históricos como una política progresista. Resulta extraño, ya que es esta una orientación de manual del peronismo, tan acostumbrado a “coser parches y cambiar las cosas para que nada cambie”. No obstante, casi como un déjà vu, ante la apatía discursiva alrededor de este conjunto de convenios, resurge la defraudación del Fondo de Reparación Histórica (FRH) como la más reciente experiencia de este tipo.
Sin ahondar en detalles, el Fondo antes mencionado fue un proyecto de endeudamiento externo, millonario y en dólares que asumió la Provincia con el objetivo de solventar inversiones destinadas al norte de Salta. El proyecto fue divulgado y promocionado mediáticamente al punto tal de que hoy en día podemos recordarlo como una “bandera política” del urtubeycismo que naufragó ante la opinión pública inundado por denuncias de corrupción. Obras que no tenían ni un solo ladrillo en pie pero que en los papeles registraban importantes avances físicos; sobre-facturaciones de materiales; dos o más licitaciones superpuestas de obras que nunca se llevaron adelante; el hermano del gobernador y actual senador nacional, Rodolfo Urtubey, fue uno de los principales responsables del desmadre del FRH, en tanto estuvo como encargado del proyecto; la defraudación del Fondo de Reparación Histórica, fue una verdadera pantomima norteña de la mentada “patria contratista”, que como la sombra sigue al cuerpo o el parásito a su víctima, se encuentra detrás de prácticamente toda inversión en obras públicas que realice un gobierno determinado.
