El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó la tercera edición de su Ranking Provincial de Presos en Comisarías. El estudio revela que en más de la mitad del país las detenciones en seccionales policiales superan los 100 días promedio. En Salta, el problema no cede: se registran más de 800 alojados en dependencias de la Policía provincial, muertes bajo custodia e infraestructura colapsada.
Leona Del Monte
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) publicó la tercera edición del Ranking Provincial de Presos en Comisarías, elaborado en el marco de la campaña nacional «No más presos en comisarías». El relevamiento expone un panorama crítico en el sistema de justicia y de seguridad de la Argentina: durante el último período auditado (con datos consolidados a 2024 y proyecciones de 2026), un total de 13.303 personas se encontraban privadas de la libertad en dependencias policiales, instalaciones que por ley y arquitectura no están habilitadas para alojamientos de larga duración.
El informe revela que en 15 provincias aumentó la tasa de personas alojadas en seccionales y que en seis de cada diez jurisdicciones la permanencia promedio en calabozos supera holgadamente los 100 días, convirtiendo un espacio concebido para detenciones de horas en un sistema penitenciario paralelo, precario e ilegal.
Detrás de este fenómeno, advierte el INECIP, existe una responsabilidad judicial directa: la tendencia del Poder Judicial a dictar prisiones preventivas de forma sistemática y despreocuparse de las condiciones de habitabilidad de los lugares de encierro designados.
La radiografía de Salta
En la provincia de Salta, el fenómeno de los presos en dependencias policiales mantiene en alerta constante a organismos de derechos humanos, al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y a las propias cúpulas de la fuerza de seguridad local.
Según los datos e incidencias monitoreadas por el INECIP y el Comité local, en la provincia existen más de 800 personas alojadas en calabozos y comisarías, lo que genera niveles severos de sobrepoblación, un desgaste operativo de los efectivos policiales —destinados a la custodia de internos en lugar de la prevención del delito en las calles— y episodios reiterados de violencia y evasiones.
Eventos graves y deterioro del sistema salteño
El monitoreo de incidencias en la provincia pone de manifiesto que las condiciones de encierro en las seccionales salteñas han traspasado los límites de la insalubridad para convertirse en un riesgo directo para la vida:
En febrero de este año, se registró la muerte de un interno en el sector de alojamiento de la Comisaría Nº 1 de Joaquín V. González. Tras una inspección técnica, el Comité de Prevención de la Tortura de Salta constató que el lugar presentaba condiciones insalubres e incompatibles con los estándares mínimos de derechos humanos.
A comienzos de este año, se registró la fuga de dos detenidos en la Comisaría 12 del departamento General San Martín (Tartagal/Pocitos), quienes lograron eludir la vigilancia tras romper las rejas de protección de la ventana del calabozo y escapar por los techos.
La falta de plazas en las Unidades Penales de Villa Las Rosas (Capital), Orán y Tartagal provoca que las alcaidías centrales y los calabozos de barrio terminen operando como depósitos permanentes de procesados e incluso de personas con condenas firmes.
El rol del Poder Judicial: «Responsabilidad de los jueces»
El pronunciamiento del INECIP al presentar su informe anual apunta de forma directa al desempeño de los tribunales de garantías y cámaras de apelaciones.
«Detrás de cada persona encerrada ilegalmente en una comisaría, hay un juez que ordenó su encierro, despreocupándose del lugar en donde esa detención se llevará a cabo e incumpliendo la responsabilidad personal que la Constitución Nacional le asigna», destaca la publicación oficial del instituto.
Las comisarías carecen de servicios básicos de salud, patios de recreación, regímenes de visitas adecuados y comedores adaptados para la estadía prolongada. Al transformar estas sedes administrativas e investigativas en celdas de permanencia, las personas detenidas quedan sometidas a tratos crueles e inhumanos de forma sistemática, violando tratados internacionales y mandatos constitucionales.
Respuestas institucionales insuficientes
Frente a este escenario, las medidas anunciadas por el gobierno provincial han estado centradas en el incremento del personal policial —como la reciente incorporación de 300 nuevos agentes y la entrega de móviles— y traslados puntuales hacia dependencias del Servicio Penitenciario para descomprimir las seccionales más atestadas.
Sin embargo, desde el INECIP insisten en que la solución estructural al hacinamiento no vendrá únicamente del aumento de la capacidad edilicia o del presupuesto de seguridad, sino de un cambio de paradigma judicial que limite el uso abusivo de la prisión preventiva y aplique medidas alternativas al encierro en aquellos delitos no violentos, evitando el colapso del sistema de seguridad pública.
