Nueva ley penal juvenil: El abismo entre la norma y la calle

 

Desde este sábado, los adolescentes de 14 y 15 años ingresan al régimen penal juvenil. La Ley 27.801 promete menos encierro, más especialización y mayores garantías. En Salta, el verdadero desafío será evitar que la ampliación del sistema termine ampliando también el contacto de menores con una fuerza policial que acumula antecedentes de violencia y abuso.

 

Kim Im Porta

 

Este sábado 5 de septiembre empieza a regir la Ley 27.801 y con ella cambia la edad de ingreso al sistema de responsabilidad penal juvenil. Los adolescentes de 14 y 15 años pasan a quedar alcanzados por un régimen específico frente a determinados delitos. La reforma puede leerse como una ampliación de la responsabilidad penal, pero también como una ampliación de las obligaciones del Estado.

La diferencia no es menor. La ley no habilita simplemente a detener a chicos más chicos. Establece un sistema que, al menos en su diseño, debería ser menos punitivo que el destinado a los adultos: defensa desde el primer momento, intervención judicial, proporcionalidad, especialización, alternativas al encierro, continuidad educativa y límites estrictos para la privación de libertad.

El problema aparece cuando ese diseño baja a tierra. Porque antes del juez, del defensor, del supervisor especializado y del equipo interdisciplinario hay una escena mucho más elemental: un adolescente frente a un policía.

Y allí comienza una de las zonas menos discutidas de la reforma.

El primer contacto

La Ley 27.801 establece que las restricciones de derechos deben ser necesarias, proporcionales y las menos lesivas posibles. También impone que la privación de libertad durante el proceso esté fundada en riesgos procesales concretos y que, cuando resulte indispensable, se cumpla en espacios especialmente acondicionados y con personal idóneo.

Sobre el papel, el sistema es difícil de objetar. El problema es que buena parte de las garantías que rodean al adolescente dependen de que el Estado cumpla correctamente el primer tramo de la intervención.

En otras palabras: una ley garantista no vuelve garantista, por sí sola, a la institución que la ejecuta.

En Salta ya existe un sistema de seguimiento juvenil. Según los datos aportados por la Secretaría de Justicia, hay 84 adolescentes bajo seguimiento abierto y otros 18 alojados en establecimientos especializados. La provincia cuenta con dispositivos en Capital, Orán, Tartagal, Metán y Cerrillos.

Ahora deberá incorporar a un universo que hasta ayer no tenía responsabilidad penal bajo este régimen. Eso supone más intervenciones, más identificaciones, más traslados, más actas, más interrogatorios y, potencialmente, más situaciones de contacto entre adolescentes y fuerzas de seguridad. Ahí está uno de los puntos ciegos.

La discusión pública suele formular una pregunta sencilla: ¿qué pasa con el chico que delinque? La pregunta jurídica es bastante más incómoda: ¿qué pasa con el chico cuando el Estado se equivoca, se excede o utiliza de manera abusiva el poder que la nueva ley le permite ejercer?

Una policía con antecedentes

La provincia ostenta graves antecedentes documentados de violencia institucional, denuncias por apremios, vejaciones y abusos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. La propia existencia de organismos provinciales y nacionales dedicados al control de los lugares de encierro parte de una realidad que el nuevo sistema no puede ignorar.

El problema es especialmente delicado cuando los destinatarios de la intervención son adolescentes. La asimetría de poder es evidente: un menor frente a una estructura estatal que puede detenerlo, trasladarlo, requisarlo, incomunicarlo dentro de los límites legales y poner en marcha un procedimiento penal.

Por eso, la especialización no puede quedar limitada al juez, al defensor o al instituto de alojamiento. También debería alcanzar al primer eslabón de la cadena.

Si la respuesta institucional frente a un adolescente consiste en reproducir prácticas policiales pensadas para adultos, la reforma puede terminar produciendo exactamente lo contrario de lo que declara perseguir. El sistema tendría más garantías en sus textos y menos garantías en su puerta de entrada.

El encierro no es el único riesgo

La nueva norma contempla amonestaciones, prohibiciones de acercamiento, restricciones para concurrir a determinados lugares, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño. También prevé seguimiento interdisciplinario, educación, capacitación laboral y asistencia sanitaria.

Ese catálogo importa porque modifica la lógica de la respuesta penal: el encierro debería ser una herramienta excepcional y no la solución automática.

Pero existe otra forma de endurecimiento que no necesariamente aparece en las estadísticas de personas alojadas en institutos: la expansión de la intervención penal.

Un adolescente puede no terminar encerrado y, sin embargo, quedar sometido a controles, restricciones, seguimientos y medidas judiciales que antes no existían. Puede ingresar al sistema sin atravesar una celda. Y ese ingreso puede ser legítimo si responde a un delito y a un procedimiento respetuoso de sus derechos. Pero también puede ser problemático si la intervención se transforma en una sucesión de prácticas rutinarias donde la edad termina funcionando como una circunstancia de vulnerabilidad adicional.

La paradoja de la nueva ley

La reforma tiene una paradoja difícil de esquivar. Amplía el universo de adolescentes que pueden quedar sometidos a responsabilidad penal, pero al mismo tiempo intenta limitar el poder punitivo del Estado sobre ellos.

La provincia ya tiene 18 adolescentes alojados y 84 bajo seguimiento abierto. Es decir, existe experiencia previa y una estructura sobre la cual montar la implementación. También hubo reuniones interinstitucionales y se presentaron herramientas para ordenar y sistematizar las intervenciones.

La cuestión es si esa estructura alcanza para absorber una ampliación del universo penal sin degradar las garantías.

Y, especialmente, si la policía está preparada para actuar bajo el mismo paradigma especializado que la norma reclama para jueces, fiscales, defensores, supervisores e institutos.

El verdadero examen empieza en la comisaría

La Ley 27.801 habla de educación, resocialización y de integración social. Todo eso puede quedar reducido a una declaración de principios si el primer contacto con el sistema está marcado por violencia, intimidación o prácticas policiales abusivas.

Por eso, el desafío de Salta no consiste solamente en tener institutos disponibles, equipos interdisciplinarios o suficientes defensores. Tampoco en saber cuántos adolescentes podrán ser alojados. Consiste en construir controles sobre cada paso que ocurre antes de llegar allí.