Ante la sospecha de poca transparencia en el concurso para integrar la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial, el gobernador Juan Manuel Urtubey pidió un dictamen a la Fiscalía de Estado para elegir a los nuevos jueces.
En un tan sensato como inusual intento por evitar un nuevo escándalo en la designación de funcionarios judiciales y ante la pública sospecha por la falta de transparencia en el concurso de selección de los nuevos miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el gobernador Juan Manuel Urtubey pidió un dictamen a la Fiscalía de Estado para tomar la determinación final.
Un insidioso rumor indica que dos de las participantes del concurso, María Alejandra Gauffin y María Victoria Mosmann, secretarias de la Cámara Civil, conocían de antemano el contenido del examen y, obvio, obtuvieron de los puntajes más altos.
Por eso y previo a la elección de los nuevos jueces, Urtubey requirió la opinión de la Fiscalía de Estado a cargo de Mónica Lionetto.
“Esta solicitud se efectúa en los términos del artículo 8 inciso b apartado 1 de la Ley 6.831, luego que se elevaran al gobernador de la provincia el pasado viernes las ternas respectivas” indicaron fuentes oficiales.
Y explicitaron que la decisión de Urtubey busca “la consolidación de la confianza de los salteños en las instituciones de la democracia, siendo fundamental garantizar la transparencia de los procesos públicos máxime cuando se trate de la selección de magistrados judiciales”.
