La campesina Lucía Ruíz reconocida por su defensa del territorio afronta una persecución empresaria y judicial por defender tierras comunales del desmonte llevado a cabo por el terrateniente salteño Javier Vidizzoni. (Andrea Sztychmasjter)

En Salta quedó demostrado que existe una indefensión jurídica importante hacia cualquier ciudadana/o. Quedó demostrado que no se escatiman recursos para armar causas y para culpabilizar a inocentes. Quedó demostrado que hay connivencia entre el poder policial, judicial y empresarial.

El caso de Lucía Ruíz es otra muestra de ello y así lo denuncian diferentes referentes de los derechos humanos del país que quisieron presentarse como amicus curiae en el juicio que se lleva a cabo desde el jueves pasado contra Lucía y los referentes campesinos Antonio Guerra, Carlos Guerra y Omar Cruz de la localidad de Coronel Juan Solá (Morillo), en Rivadavia Banda Norte, a quienes se les acusa por los delitos de “robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real”.

Los jueces de la Sala II del Tribunal de Tartagal rechazaron los amicus curiae presentados por numerosas personalidades y organizaciones de gran trayectoria en la lucha por la vigencia de los derechos humanos, como el caso del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Ezequiel Álvarez, Coordinador de la Región NOA de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) señaló a este medio que los fundamentos para que el tribunal rechace este pedido fueron “que al tratarse de un delito común (robo) los amicus no aportan nada al fondo de la cuestión. Es decir, no le dan entidad al hecho de que detrás de los supuestos hechos, (los cuales los denunciados consideran falsos y armados), hay una lucha ambiental, una defensa del territorio, de las formas de vida y cultura campesina”.

La fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, señaló que los elementos que pueden aportar los amicus curiae en nada cambia el delito que se juzga. La querella coincidió con la fiscalía en que solo se juzga un “delito común y que en razón del Covid no es necesario el acompañamiento de los amicus». El defensor Luis Velarde consideró que es necesaria la participación de los amicus. Mientras que la defensora particular de Carlos Guerra y Omar Cruz, Sara Esper, no se opuso a los amicus siempre y cuando pueda examinar la documentación al respecto.

Desde 2010 Lucía Ruiz y sus compañeros/as defienden la tierra en la zona conocida como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina en el Departamento Rivadavia de la Provincia de Salta. Las y los ambientalistas y campesinas/os alertaron que un grupo de empresarios realiza desmontes y picadas en ese territorio.

Causa armada

“Yo entiendo que la necesidad te hace hacer muchas cosas, pero también mentir como ellos mienten y hacer las cosas que hicieron no está bien. La Justicia debería fallar a favor nuestro porque son claras las evidencias de que está todo armado, pero con la Justicia argentina nunca sabemos (…) El intendente está en contra de las organizaciones campesinas y la familia Vidizzoni fue una de las aportantes de su campaña y puso bastante plata“, expresó Lucía este fin de semana, durante un conversatorio sostenido con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Según denuncian lxs referentes campesinxs el conflicto por el que fueron enjuiciados comenzó en 2011 cuando el grupo empresario del socio gerente de la empresa DOBLE Z S.R.L intenta entrar a las tierras de campesinos ancestrales. Se presentan aduciendo ser los propietarios del territorio desalojando a pobladores que habitan y producen durante varias generaciones en el lugar.-

 

La referente de la Organización de campesinos, María Tolaba, recordó que en el aquel momento no existían aun “políticas que nos defiendan” y en ese marco surge la Ley 7658 que frena los desalojos. Sin embargo se han venido sucediendo diferentes conflictos que ponen en situación de vulnerabilidad a campesinos que se paran y dicen no a los desmontes. Tolaba contó que Lucía se enfrentó a los desmontadores y empresarios y ayudó en su calidad de dirigente a quien solicitaba su ayuda: “Para nuestro pensar el ataque tendría que ver con que es mujer y más en una zona como el Chaco que es muy machista y donde están acostumbrados a que las mujeres nos callemos la boca”.

Describió asimismo que el proceso judicial que comenzó en 2015 es claramente desprolijo, pues desde esa fecha a este año la convocaron de un día para otro: “No sabemos qué pasa con la justicia”, mencionó Tolaba. Denunciaron que este marco, allanaron el domicilio de Lucía acusándola del robo de un gato hidráulico y de una topadora.

Al día de hoy, los empresarios no lograron certificar que compraron las tierras que reclaman y que comenzaron a destruir. Diferente es la situación de lxs campesinxs de la Ruta Nacional 81, que, al igual que la mayoría de la población campesino-indígena del país, no tiene la titularidad formal de las tierras, pero puede demostrar posesión ancestral que les otorga legítimos derechos sobre las tierras que habitan.

En defensa de sus derechos

“Vamos a vencer, me lo dijo el río”.

Berta Caceres

Lucia Ruiz es integrante de la Mesa provincial de agua de Salta, presidenta de la Organización Unión y Progreso de Coronel Juan Solá, Salta y Defensora de Derechos Humanos y Ambientales, denunció y detuvo los desmontes ilegales y los desalojos de la empresa de Javier Vidizzoni en el año 2010. Ella, junto a dirigentes de organizaciones campesinas de Rivadavia Banda Norte, defendió su derecho reconocido por el Código Civil a la propiedad por la posesión y ánimo de dueño de varias generaciones. Desde ese momento, fue denunciada por empleados de la empresa y comenzó a sufrir amenazas, persecución judicial y hostigamiento. El año pasado Lucía junto a María recibieron el reconocimiento “Berta Cáceres” del senado nacional por su defensa por los derechos humanos, ambientales y de acceso a la tierra.

Acompañamientos

Lxs diputados nacionales Verónica Caliva y Juan Carlos Alderete presentaron un proyecto de resolución en el Congreso Nacional para repudiar “la criminalización y persecución desplegada contra la fundadora y titular de la organización campesina ‘Unión y Progreso’, perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 de Salta”.

La delegación Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresó su preocupación por el juicio oral y público que se está llevando a cabo contra la dirigente, por entender que se trata de un grave antecedente de persecución, judicialización y criminalización de la lucha por los derechos humanos, ambientales y del acceso a la tierra.

“Es imperioso mencionar que desde el 22 de abril se encuentra vigente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la especial protección de los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, aseguró el abogado Ezequiel Álvarez.