Un total de 13 personas se encuentran detenidas, entre ellas 7 jefes del Servicio Penitenciario Provincial y una supervisora del Ministerio de Educación de la Provincia.
El operativo llevado a cabo por distintas unidades de la policía y de la unidad especial del CIF, concitó la atención de los vecinos de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas y de una oficina del Ministerio de Educación.
En los primeros momentos no se conocía una información oficial sobre los procedimientos que se estaban realizando, ni tampoco sobre lo que se investigaba, solamente existían trascendidos y en algún momento un informe escueto sobre la cantidad de personas detenidas.
Cerca del mediodía, se informaba a nivel oficial que el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiela, conformó una unidad fiscal integrada por las fiscalías especializadas en delitos económicos, complejos y Narcocriminal para investigar denuncias a ciertos funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial que habrían exigido dinero a cambio de ciertos beneficios, o permitir el ingreso de elementos prohibidos para personas detenidas.
En el marco de esta investigación se llevó a cabo un importante operativo en la mañana de ayer y del que participaron 85 efectivos de Investigaciones y Criminología del CIF, 21 móviles de la policía, con la colaboración de distintas áreas policiales.
Allanaron 35 casas y celdas
Se realizaron allanamientos a 35 viviendas particulares, distintas celdas de la Unidad Carcelaria 1 y un puesto de trabajo de una empleada del Ministerio de Educación de la Provincia, quien tiene a su hijo privado de la libertad.
Por otra parte se informó que la Unidad Fiscal integrada por Salinas Odorisio, López Soto y Torres Rubelt, con la colaboración de la Dirección General del Servicio Penitenciario lleva adelante una investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario.
Los investigados habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitiendo el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para las personas detenidas, y dada la complejidad de la investigación, el Procurador conformó la Unidad Fiscal especializada.
Esta unidad fiscal tuvo como objetivo la confirmación de los hechos denunciados mediante la compilación de operaciones bancarias, declaraciones testimoniales, captación de comunicaciones durante 30 días.
También se realizó el análisis de 113 extractos bancarios sobre un total de 17 personas que fueron investigadas, lo que permitió la individualización de los responsables de diversos actos de corrupción.
Además se confirmó la detención de 13 personas, entre ellas siete funcionarios del servicio penitenciario y a la demora de una mujer que trabaja en el Ministerio de Educación, la que es investigada por ser parte de la organización delictiva que operaba en el penal.
Por otra parte se informó que la investigación prosigue activamente como así también otros operativos en torno a los elementos encontrados durante los allanamientos realizados en la jornada de ayer.
