Los abogados de Kila Gonza apuntaron contra el ex intendente Federico Parra y el actual Manuel Saravia y aseguraron que con las denuncias buscan sacarlo de la carrera política.
María Del Cerro
Caña hueca
Los defensores de Gonza, José Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia solicitaron la absolución lisa y llana y de forma subsidiaria, que se lo absuelva por la duda. Arancibia hizo mención al “carisma” del ex intendente y a “los atributos que muchos quisieran tenerlos” y recordó que fue elegido dos veces por el mandato popular.
El defensor criticó el “perjuicio” que refirió la fiscala y señaló “la hipótesis no se ha visto respaldada por la prueba”. Calificó como “caña hueca” la investigación fiscal y señaló que la representante del Ministerio Publico Fiscal exteriorizó fechas, imperfecciones, pero “ha parcializado”.
Arancibia se preguntó “¿Cuál es el daño? ¿en qué consistió el accionar delictivo? Hubo una ausencia de una investigación seria”, definió que la Fiscalía mantuvo una conducta selectiva y se refirió a “los grandes ausentes de la investigación. No se puede universalizar la responsabilidad de uno por el todo”, refirió.
Arancibia recordó ante el Tribunal integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte y Javier Araníbar y la jueza María Gabriela González que “el puente funciona y es transitado” y mencionó que desde 2011 hasta la fecha los diferentes intendentes que pasaron “se preocupó por arreglarlo. El puente sigue tal como está. Todos son solidariamente responsables”, refirió y agregó “Que no vive la gente en las casillas”.
El letrado nombró además a los grandes ausentes que debieron ser investigados: el secretario de hacienda y tesorería, el secretario de obras públicas y el secretario de asuntos municipales Marcelo Cid, asimismo el Jefe de cuadrilla, quienes dieron el aval técnico para que las obras se ejecuten, pues manifestó el estado tiene una estructura de controles.
Fotocopia simple
Teseyra en tanto se abocó a especificaciones técnicas de las figuras legales que se le endilgan a Gonza. El abogado criticó la argumentación fiscal y señaló que Odorisio intenta sentar un “nuevo estándar probatorio”, describió en ese sentido que la “prueba de la que se confió es de baja calidad al hacer mención que toda la documentación es fotocopia simple “esto no constituye un documento, carece de carácter de prueba y es un acto de arbitrariedad”, sostuvo. Asimismo, hizo mención a trabajadores de la municipalidad que denunciaron que fueron presionados por funcionarios de Parra.
Teseyra refirió también a que la fiscala pretende una nueva concepción del principio de legalidad puesto que la administración fraudulenta es un agravante «La defraudación no es estafa y no es una figura autónoma. En la defraudación no puede haber hechos separados, son hechos continuados”, y por ello detalló debiera de haber un perjuicio total en la gestión administrativa de Gonza.
Agregó que el intendente delega y confía en sus funcionarios; que la funcionaria provincial María Mendilaharzu, de Asuntos Municipales, certificó la obra del puente «y dijo que estaba bárbaro». Señaló que no hubo una auditoría general, que los cheques no fueron cobrados, que pasaron 11 años de las denuncias por ende la causa por los cheques se encuentra prescripta.
Finamelmente Teseyra señaló que la fiscala pretende una tabula rasa sobre el concepto de indubio pro reo y el principio de culpabilidad puesto que explicó la responsabilidad penal no puede ser indirecta ni solidaria. Describió que en la dogmática legal el principio de confianza es el que tuvo Gonza para con sus funcionarios, puesto que existe una estructura y un organigrama en cada gestión municipal “Gonza porque debería desconfiar de sus funcionarios y de su equipo”.
“La provincia no liberaba fondos si la obra no estaba certificada”, cuestionó.
Sacarlo de la carrera
El abogado del empresario Armando, Carlos Agnostópulos, en tanto apuntó contra el actual intendente Manuel Saravia y el ex intendente Federico Parra: “Llama la atención que Saravia que desde 2009 es funcionario no haya tenido conocimiento de las irregularidades. Aprovechó los defectos para defender a Parra y para sacarlo a Gonza de la carrera política”, señaló-.
Describió que en esa volteada, entró su defendido, el empresario de El Montañez.
Gonza, Parra, Saravia
Munida de un power point la fiscala Ana Salinas Odorisio solicitó inhabilitación perpetua para el exintendente de San Lorenzo Ernesto «Kila» Gonza y 4 años y 8 meses de prisión y condena de 3 años y medio para el empresario Sergio Armando.
En su alegato, la fiscala comenzó su alocución haciendo referencia a la “corrupción política” como un fenómeno histórico que corrompe la transparencia. Señaló que en Salta es el primer juicio en donde es juzgado un exintendente y describió lo difícil que es “llegar a esta etapa”. Manifestó que Gonza durante sus gestiones ocultó información y se valió de contactos, además que sus actos tuvieron “victimas secundarias”.
Específicamente se refirió a la investigación fiscal que rondó en torno a dos obras: la construcción de casillas de maderas para habitantes de la villa veraniega enmarcadas en el Plan provincial «Una casa para tu hogar» y la obra de la alcantarilla denominada “el puente”.
Señaló Odorisio que las obras se ejecutaron en 2011 cuando el exintendente ya había perdido las elecciones en el municipio en abril de ese año a manos de Federico Parra, quien se convirtió en su sucesor y principal propulsor de las denuncias en su contra.
La fiscala manifestó asimismo que el asesor jurídico de Gonza y actual intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, quien declaró como testigo en el juicio señaló que “jamás tuvo conocimiento” de las gestiones de Gonza por las que se encuentra imputado y agregó que “no existía dialogo entre las gestiones” (de Gonza con Parra).
Odorisio señaló que al culminar el mandato de Gonza se produjo un libramiento masivo de cheques a diferentes personas, situación que Parra advirtió y originó un traspaso del dinero a otra cuenta para que los mismos no puedan ser cobrados. La fiscala explicó que, ante esa imposibilidad, el exsecretario de Obras Públicas de Gonza, Rodolfo Armando, realizó una denuncia penal el 20 de diciembre de 2011 y Hugo Armando inició un juicio ejecutivo que perdió por falta de legitimidad. A raíz de estos hechos se inició la investigación de la fiscalía de delitos económicos que comanda Odorisio.
La fiscala graficó con su power a quienes estaban destinado los cheques y ejemplificó que el primero de ellos era por “9 mil pesos que a hoy equivaldrían a 400 mil pesos”. Describió que el total del monto llegaba a los 700 mil pesos que a plata de hoy calculó “supera el millón de pesos”. Para dimensionar el dinero detalló que la coparticipación de ese entonces era de 200 mil pesos.
Respecto a la obra “Una casa para tu hogar”, la fiscala señaló que la misma fue adjudicada a Sergio Armando, también imputado, dueño de la empresa El Montañez. Criticó que inicialmente las casillas contemplaban 30 metros cuadrados mientras que solo se construyeron en 25 metros cuadrados y que los núcleos húmedos de 6 metros por 5 no se realizaron: “No cumplieron con el plano original”, dijo “la maniobra del plan era quedarse con dinero de la obra”.
En cuanto al puente de calle Belgrano, la fiscal de UDEC dijo que fue construido con personal de la Municipalidad de San Lorenzo en horario laboral y con herramientas de la comuna y que Rodolfo Armando hermano del imputado, fue el Jefe de cuadrilla y quien ordenó que empleados de la Municipalidad se aboquen a la construcción de las obras pese a que no contaban con ninguna capacitación técnica. Por todo luego de dos horas de alegatos la fiscala solicitó una pena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva para Gonza como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, en concurso real.
Para Armando, en tanto, la parte acusatoria pidió una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y partícipe necesario de peculado de servicios, en concurso real.
