Senadores provinciales presentaron una serie de proyectos para la instalación de cajeros automáticos en pequeñas localidades del interior, justo donde se carece de la infraestructura más elemental y los niveles de empleo no registrado son enormes. Cristian Isa
Hace algunas semanas que desde el Ejecutivo y desde el Senado provincial se promueve la instalación de nuevos cajeros automáticos en el interior de la provincia.
Esta campaña que se hace fuerte principalmente en el norte salteño, ya tuvo “resonantes” acciones como la que sucedió a mediados de abril, cuando el mismísimo gobernador, Juan Manuel Urtubey, junto al presidente en función de la Cámara Alta provincial, Mashur Lapad, fueron hasta la localidad de La Unión, situada en la localidad de Rivadavia, tan sólo para inaugurar un cajero automático.
Con toda la parafernalia se anunció la presencia del primer mandatario provincial y del máximo representante del Senado provincial, tan sólo para el acto de inaugurar un cajero automático en una localidad que escasamente supera los mil habitantes.
El gran acto inaugural y el valor excesivo que se le dio a una acción privada tan simple como instalar un cajero, despertó las risas de propios y extraños. “Incluso parece un acto propio de un sketch de Les Luthiers”, dijeron algunos periodistas al enterarse de “la noticia”.
Mientras que otros defendieron la postura oficial esgrimiendo la relevancia de tener un cajero automático medianamente cerca en la zona. Y hasta ahí sería relativamente lógico, el problema está por el orden de prioridades: se trata de una zona que tiene demasiadas carencias, que tiene los números más altos en pobreza y desnutrición de la provincia, que los índices de salubridad marcan que la mala gestión administrativa de los últimos años se la pagó con la vida de muchas personas, incluso niños/as, y con muchísimas más que quedaron sumergidas en un pozo de vulnerabilidad social que demandará demasiados años para sacarlas. Sin mencionar que es también alto el número de trabajadores que desarrollan su actividad “en negro” o bajo la informalidad (en el mejor de los casos, ya que cada vez son más las personas que carecen de un empleo).
Sin embargo, la lógica se ve interpelada cuando dos semanas más tarde, nuevamente el senador Mashur Lapad presenta dos proyectos para gestionar más cajeros. Uno para la localidad de Los Blancos —de mil habitantes— y otro para Alto La Sierra —de menos de 700 habitantes—. Algunos esperaban ansiosos el argumento del senador, pero lamentablemente se quedaron con las ganas, ya que Lapad pegó el faltazo con aviso. Pero en la misma sesión, el senador por Rosario de la Frontera, Diego Sebastián Pérez, solicitó la instalación de más cajeros automáticos para su ciudad. Y, lejos de sonrojarse y quedarse atrás, el senador “emeféride” de Metán —como se lo bautizó a Roberto Gramaglia, por una marcada preocupación por mencionar y/o recordar acontecimientos históricos en las sesiones— también hizo lo propio solicitando que el Gobierno provincial inicie las tramitaciones necesarias ante las autoridades del Banco Macro para la instalación de un nuevo cajero automático en su localidad.
Califato financiero
Entonces, ¿qué hay detrás de la clara intencionalidad de promover la instalación de más cajeros automáticos, aún en sitios en donde el porcentaje de posibles usuarios no llegan a 30 personas?
Las dudas, las sospechas y las incertidumbres sobrevuelan, sobre todo al recordar la amistad manifiesta que existe entre el gobernador de la Provincia con el capo máximo de la entidad bancaria, Jorge Brito, que, como no podría ser de otra manera, es agente financiero de Salta.
Los negocios y objetivos económicos y políticos se entrecruzan nuevamente en un entramado en donde se encuentran siempre los mismos amigos. Aquellos que no se distanciaron aún en los momentos tormentosos de la causa Ciccone, cuando Alejandro Vandenbroele declaró que Jorge Brito, director del Banco Macro, era uno de los responsables de buscar financistas para la compra de la imprenta. Además, el testigo afirmó que el banquero le pagaba una suma mensual y honorarios de abogados por su silencio. Y fue esa causa justamente la que hizo emerger la figura de Brito y su particular conexión con el gobernador salteño. Fue la periodista Gabriela Cerruti la que publicó un informe en donde revelaba que Jorge Brito tenía grandes negocios inmobiliarios en la provincia salteña a través de la sociedad Vizora Desarrollos S.A., la cual contó con todo el apoyo de la familia Macri y de la de Juan Manuel Urtubey. De esta manera, quedó al descubierto uno de los tantos “acuerdos” que vinculan al gobernador de los salteños con el actual presidente de la Nación.
El informe periodístico reveló otros “acuerdos” que protagonizan los mencionados amigos. Por ejemplo, se subraya que el titular del Ente de Regulación de Juegos de Azar de la provincia, Sergio Mendoza, es el auditor de Inversora Juramento mientras que Natalia Godoy, hija del “Indio”, era Directora de la empresa. Además, Inversora Juramento es una conocida y “exitosa” empresa agropecuaria creada en 1990 por Jorge Brito. La misma cuenta con 80 mil hectáreas en la provincia de Salta, la mayor parte en los departamentos de Anta y Rivadavia, donde también poseen tierras Mauricio Macri, Nicolás Caputo, José Torello y la empresa IRSA. Con todos estos negocios no sería conveniente ni seguro cargar el dinero por lo que resultaría bastante cómodo tener un cajero automático cerca.
