Para el ministro de Seguridad de la provincia, Alejandro Cornejo D’Andrea, es un disparate que los presos cobren un sueldo por trabajar. La medida fue discutida y dejó algo muy claro: están encerrados, no son esclavos, y tienen derechos como todos los ciudadanos.

El ministro de Seguridad de Salta, Alejandro Cornejo D’Andrea, se mostró en contra de que los presos del penal federal de Ezeiza cobren sueldo y aguinaldo.

“Hay jueces que viven en otro planeta, y no en una Argentina que tiene necesidades de personas que salen a trabajar temprano, que se sacrifican por tener un peso en su bolsillo. Y ellos se preocupan por que los presos cobren. Para mí, un disparate”, declaró el ministro, según informó FM Cielo.

La polémica se desató después de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación ordenara a la dependencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que regula las actividades laborales de los detenidos en las cárceles nacionales que elaborara “un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad”. Según informó Página 12, los jueces señalaron que dicho régimen “a la par de organizar el trabajo intramuros” tendrá que adaptarse también “a la normativa local vigente y a los instrumentos internacionales” que rigen para los trabajadores que están en libertad. La sentencia judicial le encomendó al director del SPF, Emilio Blanco, que durante la transición entre las actuales condiciones y las que deben adoptarse “se instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para que ajusten su actuación de conformidad” con la ley 20.744, de Contrato de Trabajo. La medida se adoptó al responder la Sala II en forma favorable a un hábeas corpus interpuesto por la Defensa Pública Oficial y por la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN).

Los jueces de la Sala II, Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, sostuvieron, según el matutino porteño, que “para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares –entre otros– el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances (asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad” de la pena. Subrayaron que en la cárcel “como en el medio libre, nunca es tan necesario recordar el eterno adagio” que señala que “el trabajo digno dignifica al hombre”.

Un informe publicado por el sitio Cosecha Roja informó que la mayoría de los presos condenados en Argentina pasaron la infancia en hogares violentos, se hicieron adultos con un arma en la mano, se fueron de la casa antes de los 15, son padres, tuvieron trabajos de baja calificación y tienen entre 18 y 30 años. Los datos surgieron de un estudio que hizo el Centro Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Tres de Febrero. “Más de medio millón de personas tienen o tuvieron un familiar dentro del sistema carcelario”, dijo Marcelo Bergman, sociólogo y director del CELIV.

Casi la mitad de los presos condenados en Argentina vivió en un hogar con “moderada o intensa violencia”. Uno de cada cinco no conoció a la mamá o al papá y el 40 por ciento se fue del hogar antes de cumplir 15. Tres cuartos creció en entornos delictivos y la mayoría tiene amigos o familiares que habían “incurrido en la actividad delictiva media o alta”.

El estudio se hizo entrevistando a más de mil presos condenados y se comparó con informes similares de Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú. “La Argentina registra históricamente la menor tasa de población penitenciaria respecto a los demás”, dice el informe. Es un 11 por ciento más baja que la de México y un 65 por ciento menor a la de El Salvador. “Es de destacar que el nivel de las cárceles federales argentinas es el mejor -en cuanto a la provisión de servicios- respecto a otras de la región”, dijo el director de CELIV.