El proyecto del diputado Javier David por el cual todo ciudadano tendrá derecho a captar video o fotos del momento en el ese estén realizando procedimientos policiales, está incluida en el Acta de Labor Parlamentaria de la sesión de mañana. El contexto obvio del proyecto es una provincia repleta de apremios.
En ese marco, el bloque del Frente Salteño de la Cámara de Diputados de la provincia presentó en los últimos días un proyecto para resguardar derechos durante procedimientos policiales. Se trata de una iniciativa que busca permitir a los ciudadanos grabar videos o tomar fotografías durante el desarrollo del accionar policial. La propuesta busca garantizar la seguridad de los implicados y evitar abusos por parte de los oficiales.
“Consideramos que poner la tecnología con la que hoy cuenta cada ciudadano como celulares, cámaras, y otros, al servicio de procedimientos claros, transparentes y legítimos, es un avance que permite mejorar y contribuir al correcto accionar policial y, obviamente, al resguardo de los derechos ciudadanos”, declaró Javier David quien agregó que “a diario se denuncian irregularidades por parte del personal oficial al momento de cumplir con su deber, ya sea por vejaciones o apremios ilegales”. “En la mayoría de los casos estas denuncias no prosperan por falta de pruebas o porque son falsas y queremos brindar esta herramienta para contribuir a la seguridad de todos”, completó.
El contexto en el que se da la iniciativa es el de un provincia en donde aumenta el número de denuncias por apremios ilegales sumando más de 2200 en los últimos dos años (774 en 2012, 1474 en 2013), según un informe firmado por Gustavo Vilar Rey, Fiscal de Causas Policiales. A fines de mayo, estos datos obligaron al ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D’Andrea, al jefe de Policía, Marcelo Lami, y al secretario de Seguridad, Carlos Oliver, a reunirse con los diputados provinciales para explicar la situación.
El proyecto del Frente Salteño podría ser debatido en la tarde noche de mañana en la Legislatura. El mismo consta de ocho artículos y tiene por objeto “el aprovechamiento y utilización de la tecnología durante el desarrollo de procedimientos policiales, a fin de brindar seguridad y resguardo tanto a los ciudadanos como a los miembros de la policía”. Asegura que “todo ciudadano tendrá derecho a realizar captaciones de video o fotográficas de los procedimientos policiales en el momento que los mismos se estén llevando a cabo, sean o no partícipes de los mismos”, y que el personal policial no podrá impedirlo, salvo excepciones.
El artículo 3º asegura que “no estará permitida la captación de videos o fotografías realizadas por algún ciudadano cuando la misma entorpeciere el desarrollo de un procedimiento policial o pusiere en peligro la integridad física y la salud de cualquier persona que se encuentre presente”. Se aclara que la decisión de prohibir el registro correrá por el encargado del procedimiento. Es decir que el criterio para considerar necesaria una prohibición estará a cargo de los mismos que el proyecto busca vigilar.
A pesar de que el proyecto aclara que se considerará falta grave impedir la captación por parte de particulares de fotografías o videos sin causa justificada durante un procedimiento policial, no hay garantías de su cumplimiento. La ambigüedad presentada en el artículo 3º (entorpecer el desarrollo de un procedimiento podría ser muchas cosas) jugaría a favor de la Policía. Algo que ya ocurre con el Código Contravencional de la Provincia, que posee expresiones como “ofensa al pudor de las personas” como motivo de detención, algo duramente criticado por organismos de derechos humanos y de igualdad de género de nuestra provincia.
El artículo 5º indica que el Poder Ejecutivo Provincial deberá arbitrar los medios para incorporar progresivamente a los móviles policiales y demás herramientas de trabajo del personal policial, la tecnología que permita la captación de imágenes de los procedimientos. El 7º expresa que los ciudadanos podrán aportar al Poder Judicial o al Ministerio Público las grabaciones de procedimientos policiales que hayan efectuado si lo considerasen necesario.
