El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres difundió adelantos del Informe Anual que presentará en noviembre. Analiza la situación de la provincia. Cuáles son los puntos salientes. (F.A.)

El cuestionado Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta difundió este viernes datos parciales de lo que será el Informe Anual que presentará en el mes de noviembre. Se trata de un trabajo que contiene estadísticas obtenidas de distintas dependencias oficiales y que aparece después de semanas en las que el organismo fue criticado por la falta de cuestionamiento en el caso Robbio Saravia.

Lo cierto es que el informe completo será presentado recién en noviembre, cuando el Observatorio cumpla un año. Mientras tanto, los datos aparecidos fueron difundidos por medios como Informate Salta y El Acople, además de ser tuiteados parcialmente por algunas de las integrantes del organismo. Cuarto Poder intentó obtener el trabajo pero no tuvo respuesta por el momento. Por lo tanto, compartimos algunos de los datos difundidos en los medios en las últimas horas.

Salta está en el primer lugar del país respecto de la tasa de violaciones por habitante, con el 27,5% y en el segundo lugar, detrás de la provincia de Buenos Aires, en el registro nominal de casos anuales (367 violaciones).

Según datos de las Fiscalías de Violencia Familiar y Género, en 2015 se recibieron un total de 4.627 denuncias en fiscalías penales, mientras que en lo que va de 2016 ya son 2.187.

El informe asegura que respecto del acceso a la justicia como un derecho que el Estado debe garantizar, con pronunciamientos en tiempos razonables y con procesos judiciales completos, existe un déficit verdaderamente importante, dado que el 73,4% de las acusaciones no tienen sentencia firme. Porcentaje que demuestra que en la provincia de Salta, no se está cumpliendo con el aspecto sancionatorio que la legislación y los organismos internacionales señalan, como parte necesaria del accionar del Estado con respecto a la violencia contra las mujeres.

El Observatorio critica que las tipologías de medición de los datos del Ministerio Público y la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) son diferentes, lo que dificulta la compatibilización y armonización de los datos.

En el caso del Ministerio de Seguridad, respecto de la cantidad de llamadas recibidas por situaciones de Violencia Familiar al servicio de emergencias 911, la falencia se repite, dado que no todos los casos contabilizados dentro de la tipología constituyen efectivamente, casos de violencia contra las mujeres.

Sobre la medición de la violencia, la provincia de Salta no ha podido unificar la información incluida en los diferentes registros administrativos. Cada dependencia, de manera aislada y estática presenta su información, sin compartir criterios en relación a qué se mide y cómo se registra la información relevante. Por ejemplo, de los datos obtenidos de la OVIF se observa un alto índice de “sin especificar” en la edad de la víctima, dato fundamental para analizar y transversalizar el diseño de las políticas públicas focalizadas.

Respecto de las denuncias, la OVIF cuantifica la cantidad de denuncias y no de “casos”, situación que impide observar, la reiteración de denuncias por parte de la misma víctima contra un mismo agresor por un lado. Respecto del vínculo con el agresor por parte de la víctima, se desagrega ampliamente en diferentes tipos, pudiendo todos encuadrarse en “pareja – expareja”, dado que el 49% del total de denuncias de violencia registradas desde enero a mayo del 2016 fueron propiciadas por parejas o exparejas.

Violencia estatal

El informe muestra que de sesenta intendencias, tres tienen al frente a mujeres, lo que representa el 5% de mandatarios.  En Diputados, las bancas ocupadas por mujeres representan el 25%. Y 17% en el Senado Provincial. En el Poder Ejecutivo, de un total de 13 ministerios, 2 son ocupados por mujeres. Las mujeres dentro del sistema judicial en general superan el 60% dentro del total, siendo camaristas 38% del total, en tanto que una sola es Ministra de Corte.

Los datos son similares a los publicados por Cuarto Poder el 7 de marzo pasado. En el artículo “El falo poder estatal”, este semanario revelaba la desigualdad de género en la composición del Estado salteño, que demostraba criterios patriarcales en el poder. La observación de este semanario había sido simple: se revisó 561 designaciones de funcionarios jerárquicos y confirmó que de ese  total 422 eran hombres, lo que representaba un 75%

Para el Observatorio, las áreas del Estado provincial funcionan como compartimentos estancos, ya que los datos se presentan con el objetivo de registrar o mostrar la propia tarea y no con un fin estadístico, de análisis o bajo la pretensión de complejización del análisis de la situación de la violencia de género. El diagnóstico de situación de las políticas públicas del Poder Ejecutivo y la recopilación de los datos estadísticos en el Poder Judicial y el Ministerio Público arrojaron similares desafíos: la transversalización de la información por un lado, y la sistematización y unificación de criterios de denominación por otro.

Salta, en los primeros lugares

Los datos publicados por el Observatorio analizan que las mujeres salteñas se ubican segundas en el país respecto de la división sexual del trabajo dentro de sus hogares, dedicando el 79,8% de su tiempo al trabajo doméstico no remunerado, marcando una clara condición de desigualdad para con los varones, no solo frente al uso del tiempo y al acceso al trabajo remunerado, sino también respecto de la visibilización de su contribución a la economía.

Respecto del análisis de género y otras vulnerabilidades, en términos generales, se evidencia que las mujeres trans no se encuentran contabilizadas en ningún dato estadístico disponible en nuestro contexto local, ni en los registros sobre violencias ni en los que corresponden a femicidios. Este “no-dato”, demuestra la invisibilización y el trato discriminatorio del estado para con el colectivo trans en particular y de la diversidad sexual en general en el provincia.

El 3,6% de las mujeres salteñas se encuentra en situación de analfabetismo, en contraste con el 2,7% de los varones.

El informe fue remitido a las autoridades de la Corte de Justicia de Salta, Oficina Mujer de la Corte de Justicia, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores,  Universidad Nacional de Salta,  Procuración General de la Provincia, Defensoría General de la Provincia, Asesoría General de Incapaces y Gobernación de la Provincia.