Desde el 2007, la administración pública sumó casi 20 mil nuevos empleados públicos. Muchos son parientes de funcionarios. En lo que va del año, hubo ya 700 designaciones.
A continuación vamos a copiar y pegar un gran artículo publicado hoy por el equipo de investigación de El Tribuno. En el primer año su momento, Cuarto Poder publicó una lista con todos los neoñoquis y eso significó hasta la amenaza de muerte a nuestro editor, por parte de uno de los 19 parientes que había nombrado un ministro. La lista de nuevos funcionarios ocupó, en ese momento, cuatro páginas del semanario. Para hacer algo así ahora necesitaríamos sacar un libro con más páginas que La Guerra y la paz.
Ahora sí, la nota del equipo de investigación (alta envidia):
La hija del secretario general de la Gobernación, el hermano del presidente del IPV, la hija del jefe de la Policía y la hermana del secretario de Obras Públicas tienen algo en común. Junto a otros parientes y amigos de funcionarios aparecen entre los más de 700 nombramientos que realizó la Provincia desde el 2 de enero hasta el 25 de abril de este año.
En mayo de 2011, Manuela Simón Padrós dejaba atrás la adolescencia y empezaba a incursionar en la función pública. Ese mes, la designaron como personal temporario con función jerárquica en la delegación de la Casa de Salta, en Buenos Aires, por cinco meses. Otros siete decretos -el último firmado el pasado 7 de abril- ampliaron los plazos de su contratación. La joven, que ahora tiene 23 años y estudia en la UBA, es hija del actual secretario general de la Gobernación y exfiscal de Estado, Ramiro Simón Padrós.
El empleo público en Salta mueve una decena de designaciones diarias, sin incluir las de docentes, efectivos policiales, penitenciarios, médicos ni agentes sanitarios.
En lo que va del 2014, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial cinco prórrogas para la continuidad del personal de la Casa de Salta y renovó tres locaciones de servicios. Uno de esos decretos benefició a una prima del gobernador, Alba María Mera, quien fue contratada por primera vez en septiembre de 2011 para cumplir tareas de asistencia técnicas y administrativas. Esa fecha coincide con la inscripción de Mera en la AFIP, en la categoría E del monotributo, que permite ingresos brutos anuales de hasta $144.000.
Con la caja del Estado el poder también cubre los salarios de otros parientes y allegados. Marcelo Lami, jefe de la Policía de Salta, tiene como personal civil a su hija, María Soledad Lami, en el Sistema de Emergencias 911. El 3 de enero, a través del decreto 40/14, se le extendió la contratación a ella y a otros cuatro operadores por el plazo de cinco meses. María Soledad había desembarcado en el edificio de Mitre y Ameghino, según los documentos públicos, en agosto de 2013.
De los cargos u ocupaciones concedidos en 2014, más de un 75% tiene carácter temporario. Los ministerios de Seguridad, Economía y Derechos Humanos sacan ventaja al resto de las carteras en cuanto a contrataciones laborales.
Cuando Juan Manuel Urtubey asumió como gobernador, el 10 de diciembre de 2007, Nicolás Juárez Campos quedó al frente del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El 11 de agosto de 2008, tras una dura protesta policial, Juárez Campos renunció a ese alto puesto, pero a las pocas horas el gobernador lo nombró como asesor, con sueldo de ministro.
Un año después, Juárez Campos se alejó del Gobierno, pero en diciembre de 2011 retomó su última función con un remuneración equivalente a la de secretario de Estado.
A las pocas semanas, Julia Inés Juárez Campos, hija del exministro, fue incorporada a la Secretaría de Obras Públicas con una designación temporaria por cinco meses. Para mantenerla en el puesto, el Gobierno extendió regularmente los plazos de contratación. En la última prórroga, del pasado 27 de enero, se le garantizó la prestación de servicios hasta el 1 de julio.
En ese mismo decreto (200/14), que tiene un anexo con una nómina de once agentes, también se le aseguró el empleo hasta mitad de año a Sandra Azucena Zorpudes, hermana del actual secretario de Obras Públicas.
Cuando Sandra aterrizó en el Grand Bourg, en 2010, Sergio Zorpudes se desempeñaba como coordinador general del organismo que lleva adelante las edificaciones, reparaciones y refacciones del Estado. A fines del 2011, el funcionario pasó a ser la cabeza del IPV y en octubre de 2011 lo elevaron al actual cargo de secretario de Obras Públicas.
Sandra es abogada. En la prórroga de designación de este año se aclara que presta servicios en el IPV. Llamativamente, en esa entidad también nacen lazos de sangres con punta en otras reparticiones de la Provincia.
El presidente del Instituto de la Vivienda, Fernando Alesanco Tóffoli, tiene un hermano, Federico Alesanco, a quien el 11 de febrero lo designaron como director general de Asuntos Legales y Técnicos del Ministerio de Economía.
Federico se desempeña como funcionario jerárquico en el Grand Bourg desde diciembre de 2007. Arrancó como jefe del programa de Asistencia Jurídica de la cartera que conduce Carlos Parodi. El año pasado, su familia quedó envuelta en un escándalo por las viviendas sociales.
Fernando Alesanco firmó la ubicación de una casa para su hermano, Maximiliano, en el barrio Mirasoles. Su madre, Mirta Tóffoli, también había resultado beneficiaria entre los casos especiales. Sin embargo, dos días después de que se publicara la noticia, el titular del IPV salió a aclarar que su madre -en un gesto ciertamente inusual- había renunciado a la preadjudicación en octubre de 2012.
Juntos, de Juventud Antoniana a la Copaus
Los amantes del fútbol recordarán la formación de aquel Juventud Antoniana de 1992 y 1993, que tenía entre sus estrellas a Pablo Jesús Saldaño y a Marcelo Cil. Unos 22 años después, los compañeros siguen juntos, pero en una repartición estatal.
Tras denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito, Cil dejó el cargo de secretario de Asuntos Municipales en mayo de 2013, aunque no volvió a su casa. El gobernador lo bendijo con la presidencia de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de Salta (Copaus).
El “Duende” Saldaño fue sumado ahora al “equipo” que vela por la protección del casco histórico de Salta en noviembre pasado. Y el 7 de abril de este año, Urtubey y el ministro de Economía, Carlos Parodi, le extendieron por otros cinco meses el nombramiento temporario en la Provincia.
Juntos al Procrear
Rubén Fortuny y Luis González Campos también son dos funcionarios inseparables. Del Ministerio de Trabajo pasaron a la Unidad de Coordinación del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar (Procrear).
Cuando Fortuny estuvo al frente de la cartera laboral, González Campos fue el coordinador institucional del Ministerio. Aunque pocos lo recuerden, el funcionario dejó el anonimato por unos días en diciembre de 2012.
Un polémico memorándum interno, firmado por González Campos, obligaba a los empleados a asistir a un acto que se realizó el domingo 9 de diciembre de ese año por el Día de los Derechos Humanos. En ese texto, se indicaba que las instrucciones eran transmitidas al personal por “expresa orden del gobernador”.
Tras abandonar Trabajo y bajarse de una candidatura a diputado nacional, a Fortuny lo designaron director ejecutivo de la Coordinación del Procrear, el 15 de enero último.
El 21 de marzo se le asignó el cargo de coordinador de esa unidad a González Campos, ya que, según el decreto 800/14, “reúne las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño” de la nueva función. El decreto aclara que ocupa ese cargo desde enero, con sueldo de director.
Casi un 50 por ciento más de agentes estatales
Entre 2007 y 2014 la cantidad de empleados públicos de la Provincia creció un 45%. En el presupuesto actual esa masa salarial representa el 50% de un total de partidas por 16 mil millones de pesos.
Para este ejercicio se declararon 64.896 cargos de agentes públicos, 20.302 más que siete años atrás. La nómina incluye a personal de organismos centralizados y descentralizados del Ejecutivo, como así también del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Legislatura, la Auditoría General y empresas e instituciones autárquicas como Saeta, Aguas del Norte, el IPS o los entes reguladores.
Desde 2008, las designaciones se sucedieron a razón de diez por cada jornada laborales. En los 74 días hábiles que llevaba 2014 hasta el viernes pasado (22 en enero, 19 en febrero, 17 en marzo y 16 en abril), el promedio de nombramientos y prórrogas se mantuvo irrefrenable.
De las 730 designaciones que se hicieron en lo que va del año, un 10% se correspondió con cargos jerárquicos en secretarías, direcciones, coordinaciones y otros organismos públicos. En la Provincia, reciclar funcionarios se hizo parte del folclore. Para anidar a dirigentes de agrupaciones políticas cercanas, asimismo, se crearon dependencias burocráticas con largas denominaciones. Tras no lograr ingresar a la Cámara de Diputados, a Matías Assenato, del Frente Plural, le dieron la jefatura del Programa de Accesibilidad a la Gestión de Gobierno dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales.
Mercedes Junco, quien actuó como interventora en el municipio de Salvador Mazza, se aseguró este año el cargo de subsecretaria de Articulación de Programas, aunque según el decreto 845/14, lo hará “ad honorem”.
Gremios contra la inestabilidad laboral
ATE y UPCN, los gremios que nuclean al mayor número de empleados estatales, cuestionaron la inestabilidad laboral de cientos de agentes con designaciones temporarias. De los más de 700 nombramientos que dispuso el Gobierno en menos de cuatro meses, el 75% se hizo bajo esa figura.
“Toda persona tiene derecho a tener un empleo, siempre y cuando haya la misma oportunidad para todos”, remarcó Silvina Guanca, secretaria general adjunta de ATE.
Gustavo Soto, titular de UPCN, pidió que el Gobierno vuelva a llamar a concursos para la incorporación de personal a planta permanente. “Siempre nos pronunciamos contra el trabajo sin estabilidad. Entendemos que puede haber una necesidad de servicios por parte del Estado, pero tiene que estar justificada. Hoy tenemos contratos que se prorrogan por mucho tiempo”, cuestionó el gremialista.
“Este Gobierno ingresó a varios compañeros que estaban en situación precaria. Más allá de que pueda haber familiares de funcionarios designados en forma temporaria, hay trabajadores que necesitan dejar de estar pensando, todo el tiempo, en si le renovarán o no el contrato”, manifestó Guanca.
Precedentes
En los últimos años, hasta la Corte Suprema emitió fallos a favor de empleados públicos temporarios o contratados que reclamaban una indemnización.
En las sentencias que sentaron precedentes, magistrados advirtieron que, en la categoría de personal contratado, debe encuadrarse solamente a quienes desempeñan funciones que, por su naturaleza y transitoriedad, no puedan ser cumplidas por el personal permanente.
La locación de servicios también es una figura recurrente para el reclutamiento de empleados en la Provincia. Según los decretos, las contrataciones varían mayormente entre cinco y doce meses.
De esta forma, el Estado se beneficia de un trabajo altamente calificado a un bajo costo, en detrimento de los derechos a la estabilidad laboral, a la seguridad social y a una justa retribución.
