Mientras los ministros Parodi y Gomeza informan desde el exterior que se retrasó la colocación de títulos para acceder a préstamos, la ONG Fundara denuncia descalabros financieros que vive la provincia a pesar de los créditos anteriores. (Gonzalo Teruel)
El mal paso del jefe de Gabinete, Carlos Parodi, y su colaborador el ministro de Hacienda, Sebastián Gomeza, que esta semana no pudieron concretar la anunciada colocación de títulos de deuda en el mercado financiero internacional desnuda la evidente ineficiencia en el manejo de las cuentas provinciales.
“Está muy convulsionado el mercado internacional, se han hecho las reuniones con los inversores y estamos esperando los próximos 10 días para hacer la colocación del título” justificó el mismísimo gobernador Juan Manuel Urtubey tras la confirmación de la “reprogramación” de la emisión de la nueva deuda provincial. Por lo bajo, sin embargo, economistas consultados por Cuarto Poder definieron como una “aventura” el viaje de Parodi y Gomeza a New York y Londres y advirtieron que Salta sufre una notable “ineficiencia financiera”. “Ineficiencia que se nota, ahora, porque estamos en un año recesivo pero que va de la mano con la ineficiencia general de la gestión de Urtubey”, explicaron en tono lapidario.
Un reciente informe de la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina (Fundara) otorga razón a esas acusaciones y describe “un desequilibrio financiero en el Presupuesto de la provincia” como consecuencia de la baja en las transferencias nacionales por coparticipación y otras partidas y “la falta de previsión en lo que hace a cubrir los gastos del estado provincial con los ingresos en un año que se caracteriza por ser al menos hasta ahora recesivo”.
“Ante esta situación económica las autoridades provinciales han decidido financiarse tanto en el país como en el exterior. En lo que hace al financiamiento en el exterior, el mismo se da en estos días con una emisión de deuda de 350 millones de dólares” dice el documento de Fundara y denuncia que “no queda claro el destino de dicho financiamiento más allá de ciertas declaraciones de que se utilizará para obras”.
Además advierte que “esta decisión provincial de endeudarse en el exterior retrotrae a lo realizado en el 2012 con el Fondo de Reparación Histórica”. El repaso de ese FRH realizado por el equipo técnico de la entidad presidida por Bettina Romero es cruel: de las 175 obras proyectas, son aún 83 las que se encuentran sin concluir mientras que 43 se encuentran sin iniciar. Y, lo más grave, la plata gestionada con un anterior endeudamiento internacional ya fue consumida.
“El FRH fue creado por iniciativa del gobierno provincial convertido en ley en el año 2011, por medio de la cual la provincia fue autorizada a emitir títulos de deuda por un monto de hasta 220 millones de dólares garantizados con los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas” recuerda el informe y amplía que “a mediados del año 2012 el gobernador Juan Manuel Urtubey (…) anunció que mediante éste se realizarán obras públicas en 14 municipios: Tartagal, Aguaray, Salvador Mazza, General Mosconi, Embarcación y General Ballivian, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Urundel, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur y Santa Victoria Este”.
Y aclara que pese a que de acuerdo a los plazos establecidos muchas obras, de las que tenían que estar concluidas para mediados del año pasado, están inconclusas o ni siquiera iniciadas. “Recientemente se ha comunicado que parte del nuevo endeudamiento que tomará la provincia por los 350 millones de dólares estará destinado a concluir obras del FRH, estimando dicha inversión en al menos 35 millones de dólares” dice Fundara y destaca que este anuncio “deja entrever que la primera ejecución de obras, que si bien ya en estos momentos deberían hallarse concluidas, aún muestra muchas de estas sin los fondos necesarios con ejecución insuficiente, y en otros casos ni siquiera iniciadas”.
Esa evidente ineficiencia en la gestión de la obra pública (responsabilidad de Rodolfo Urtubey y Juan Carlos Galarza, ex y actual titular del FRH, y de Sergio Zorpudes, secretario de Obras Públicas) representa un enorme perjuicio financiero para la provincia.
“El primer costo que se puede analizar es el correspondiente a la diferencia bruta entre los montos proyectados y los realmente contratados” acusa el documento y calcula que “sin contar las modificaciones físicas y de certificaciones en cada una de las obras, el total de obras contratadas hasta el momento llega a $1.240.458.714, lo que difiere en $378.243.885 de lo proyectado para esas obras en ejecución”. La diferencia por las demoras en el inicio de las obras (dado que, obviamente, aquellas obras que no se inician o contratan a tiempo tienen un mayor costo que las proyectadas) llega entonces a casi a $380 millones. “Asimismo, se debe tener en cuenta la pérdida relacionada con el incremento de aquellas obras que aún no han comenzado a ejecutarse. Quedan aproximadamente obras sin ejecución alguna por un monto cercano a los $131.253.924 de acuerdo a los montos proyectados en el año 2012, este monto actualizado a abril de 2016 por el índice del costo de la construcción llega a los $316.019.624, lo que involucra una pérdida de la administración provincial de más de $184 millones” resalta.
Y en un cálculo simple revela que la suma de ambos conceptos supera los $560 millones de pérdida por parte de la provincia. “La magnitud de los costos generados por la ineficiencia hasta el momento es extremadamente alto” concluye el informe y compara, odioso, esos 560 millones desperdiciados con lo presupuestado para obras de agua ($200 millones) y educación ($444 millones) para el presente año.
