En un nuevo aniversario del “voto no positivo” de Julio Cobos, las entidades rurales volvieron a las rutas como en el 2008 contra las políticas de Cristina Fernández. Como siempre, Juan Manuel Urtubey, se mueve con ambigüedad: defiende al gobierno nacional pero recibe a los ruralistas. (Gonzalo Teruel)
Otra vez sopa o mejor dicho otra vez soja. Los productores agropecuarios volvieron a las rutas y lo hicieron en un día emblemático para sus luchas gremiales: el 17 de julio, aniversario del ya mítico “voto no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos que definió en contra del proyecto del gobierno para aumentar los derechos de exportación a los granos.
Esta vez, en distintas rutas del país, los productores gritaron que ya no están en riesgo sino que directamente están fundidos. Según dicen, el aumento de los costos de producción sumado a la caída de los precios internacionales y la alta presión impositiva volvió imposible la actividad agropecuaria y por eso amenazan con un nuevo y duro plan de lucha.
“Ya ni la soja se salva”, aseguran desde las entidades rurales salteñas y explican que en el norte debe sumarse como una fatal dificultad el enorme costo de trasladar la producción a los puertos de Rosario o del sur de Buenos Aires. “Lamentablemente, nos vimos en la obligación de salir a protestar porque las advertencias que venimos haciendo sobre la situación agropecuaria no fueron tomadas en cuenta por el gobierno nacional” explicó Lisandro de los Ríos, gerente de Prograno, la entidad que aglutina a los sojeros de la provincia.
El ruralista, economista de profesión, detalló que “ninguna de las producciones del NOA es rentable: la presión fiscal sumada a la caída de precios, la inflación y el aumento de los costos de producción llevaron a que, con retenciones, no se pueda producir más en la provincia”. En idéntico sentido se expresó Natalio Iglesias, referente de la Asociación de Legumbres que reúne a agricultores del sur salteño, y advirtió que “estamos por debajo de los costos de producción y ya dejó de ser negocio la soja, dejó de ser negocio el maíz, dejó de ser negocio el poroto, dejó de ser negocio el limón… por el atraso cambiario y la inflación”.
Este lamento salteño no es exagerado. El extitular del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, Matías Longoni, publicó esta semana en el diario Clarín un relevamiento sobre más de 30 actividades productivas de las que sólo 2 tienen saldo positivo. “La mayoría de los productores cobra en 2015 bastante menos pesos que hace un año. Solo en 2 rubros hay aumentos que superan a la inflación anual, estimada en 28%”, sintetizó el trabajador de prensa. Y, por ejemplo, detalló que “de este vendaval no se salva casi nada, ni siquiera la soja” que pasó de $2.560 a $1.900 de mayo 2014 a la fecha.
La caída en el precio de la soja fue del 25%, la del girasol del 21,5%, la del trigo del 13%, y peor aún la del maíz del 31%. Con subas bien menores otras actividades no cubren el aumento de los costos: la leche se incrementó al tambero en un 3%, los huevos un 4%, el azúcar un 10%, y la yerba mate un 14%. Todos porcentajes inferiores a la inflación superior al 25%, según estadísticas privadas. Sólo los engordadores de hacienda y los criadores de corderos patagónicos tuvieron un incremento en sus ingresos: 42% y 38%, respectivamente.
La situación para las economías regionales es aún más dramática: el precio de la uva (Malbec) bajó 6,6%, el del tomate 19%, el de las peras un 21,3%, el de las aceitunas un 43,7%, el de los duraznos (para conserva) un 58%, y el de las ciruelas (en fresco) un 76%.
Tan grave e inocultable es la situación que el gobierno salteño mandó en las últimas semanas a su ministro de la Producción y a su secretario de Asuntos Agrarios, Baltazar Saravia y Lucio Paz Posse, a gestionar soluciones en los despachos del gobierno nacional. Y hace 10 días, el Consejo Económico y Social emitió un documento pidiendo a las autoridades nacionales que “den curso a las propuestas presentadas oportunamente (…) ante el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, y ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, para mejorar las condiciones de competitividad del NOA, y proveer de esta forma un paliativo urgente a la situación que se encuentran atravesando nuestros productores”.
El organismo encabezado por el ex ministro de la Producción, Julio Loutaif, identificó debilidades y amenazas para el desarrollo provincial. “Gran distancia a puertos y centros de consumo y transformación, con altos costos de flete; Incertidumbre macroeconómica internacional; Elevado nivel de retenciones; Imposibilidad de exportar libremente a países limítrofes; Ausencia de oportunidades y condiciones para radicarse en el interior; Inadecuada infraestructura vial y ferroviaria; Falta de líneas de financiamiento adecuadas y accesibles; etc.”, enumera el planteo del Consejo Económico y Social. Por ahora no hay mayores respuestas federales y los productores salteños sólo recibieron algún beneficio del gobierno de Juan Manuel Urtubey como la suspensión del pago del impuesto a la “Mera Compra”.
Esa medida fue comunicada a comienzos de junio por el ministro de Economía, Carlos Parodi, quien aseguró que el gobierno “no quiere productores fundidos ni hectáreas sin producción”. Ese alivio impositivo es muy menor y por eso el titular de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio Lupión, advirtió que “desde hace 4 años no hay cosechas exitosas, solo pérdidas”.
Las palabras del veterinario salteño pueden sonar a exageración pero no mienten. Tanto es así que esta semana y a regañadientes el gobierno nacional tuvo que hacer anuncios para el sector agropecuario. El miércoles el ministro de Economía, Axel Kicillof, convocó a su despacho a la conducción de Federación Agraria Argentina, entidad que en el último año se distanció de las otras que integran (desde 2008) la Mesa de Enlace y se acercó al gobierno aunque dice tener su “propia agenda de reclamos” y realizará asambleas durante la semana próxima.
Allí anunció una ampliación de los subsidios para pequeños productores de granos y una prórroga de las compensaciones a tamberos. “Acompañado por su par de Agricultura, Carlos Casamiquela, el ministro Kicillof informó una ampliación de los subsidios para pequeños productores de cereales, la autorización de un nuevo cupo de exportación de 4 millones de toneladas de maíz y una prórroga de 3 meses para el programa de recomposición del precio por litro de leche”, detalló el portal web especializado Agronoa. Esos anuncios, repetidos por la mismísima presidenta Cristina Fernández en la cadena nacional utilizada el jueves para comunicar la inauguración de Tecnópolis, fueron recibidos por la gente de campo como una mera ratificación de las políticas agropecuarias del gobierno y como una “nueva provocación”.
“El gobierno sigue proponiendo medidas fracasadas y parches que no sirven para revertir la crisis de todas las producciones del país” denuncian en un comunicado emitido por la Mesa de Enlace en el que, además, aseguran que “estos anuncios del gobierno (que ya lleva 12 años de gestión) son un reconocimiento de sus errores en materia agropecuaria y no generan ninguna solución de fondo a los problemas de competitividad que las políticas oficiales ocasionaron en todas las producciones”.
El texto rubricado por Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, y Coninagro lamenta que “no se eliminó ninguna de las medidas que tanto daño provocaron como las retenciones y los cupos de exportación” y que “tampoco se anunció ninguna solución a la inflación o una reducción de la presión impositiva, que hoy es del 93% del resultado económico de una empresa agropecuaria”.
“La crisis económica que atraviesa el sector tiene impacto en todo el interior productivo, ya que más del 80% de la inversión del campo se realiza en las comunidades locales”, denuncia el comunicado. Ese impacto sobre el “interior productivo” fue avalado por Pedro Brandán, referente salteño de la UATRE, el gremio de los peones rurales, que dijo “me están dejando gente sin trabajo”.
“Desde el intento de imponer la Resolución 125 por las retenciones, hemos acompañado a los productores en los reclamos” rememoró el gremialista y por eso, como en aquellos meses de histórico conflicto, protestó junto a los patrones en el sur salteño. Como en otras decenas de manifestaciones en rutas argentinas, dirigentes opositores al gobierno expresaron su solidaridad con el reclamo gaucho y prometieron modificar las políticas hacia el sector a partir de diciembre. En Salta, Gustavo Sáenz, Alfredo Olmedo, Juan Collado, Martín de los Ríos y Miguel Nanni, por caso, acompañaron la concentración y el gobierno anunció que el lunes el propio Urtubey recibirá a los ruralistas para anunciarles que se acordó con el Banco Macro la reprogramación por un año de las deudas pendientes y que el gobierno nacional autorizará la exportación por tierra de maíz salteño a Bolivia.
El gobierno de Cristina Fernández se va como llegó: con protestas agropecuarias y un reclamo de eliminación o al menos de disminución de los derechos de exportación. A poco de asumir, el marzo de 2008, la presidenta enfrentó un primer embate cuando intentó establecer un sistema de retenciones móviles al complejo granario que meses después, en la madrugada del 17 de julio, quedó trunco con el “voto no positivo” del vicepresidente Cobos en una maratónica sesión del Senado de la Nación.
El mendocino debió desempatar porque la votación terminó igualada con 36 votos a favor y 36 votos en contra. Esa noche, los senadores salteños Juan Carlos Romero, Sonia Margarita Escudero y Juan Agustín Pérez Alsina votaron igual que Cobos. Un par de semanas antes, el proyecto del Poder Ejecutivo había obtenido media sanción en una también muy pareja votación: 129 voluntades a favor, 122 en contra, 2 abstenciones y algunas ausencias. Susana Canela, Osvaldo Salum y José Vilariño acompañaron el proyecto mientras que Zulema Beatriz Daher, María Inés Diez, y Mónica Torfe se opusieron. El séptimo de los diputados salteños, Marcelo López Arias, de licencia y en tareas en despachos ferroviarios (con el objetivo de poner en marcha el Ferrocarril Belgrano Cargas) no participó de la votación.
