Un informe revela que de los 15.484 empleados públicos incorporados hasta el 2012, sólo 801 fueron profesionales de la salud y 379 fueron médicos.  De los 16.856 empleados públicos que se incorporaron hasta el 2013, sólo 2.948 fueron docentes.

El informe fue publicado por FUNDARA, una asociación civil vinculada al romerismo pero que ha utilizado fuentes oficiales. El objetivo del trabajo fue denunciar el incremento de la cantidad de empleados públicos durante la gestión Urtubey: la cantidad de agentes públicos pasó de 44.594 en el año 2007 a 64.896 en el año 2014, lo que resulta un incremento de 20.302 empleados según los propios datos de la Oficina Provincial de Presupuesto. Según esos mismos datos, se puede observar que los mayores incrementos en el personal se dieron en los años 2008 en el que se incluyeron 4.694 empleados públicos; 2010, con 4.364; y en el presente ejercicio en el que se estipula la inserción de 3.446 personas en el estado.

El informe también remarca otra cosa: la poca correspondencia entre incremento global del personal con respecto a la incorporación de médicos y docentes. La afirmación surgió del cruce entre los datos de las oficinas de estadísticas de los ministerios de salud y educación, dos de los servicios públicos principales a prestar. De los 15.484 empleados públicos que se habían incrementado hasta el año 2012, sólo 801 pertenecieron a profesionales de la salud, mientras que sólo 379 de estos especialistas fueron médicos: es decir que sólo el 5,17% de este incremento perteneció al servicio de salud.

Mientras que de los 16.856 empleados públicos que se incorporaron hasta el año 2013, tan sólo fueron 2.948 los docentes incorporaron, lo que representó un 17,48% del total de los empelados incorporados. Esta evolución deficiente en dicho sector influyó para que la participación de los agentes relacionados a la educación en la plata pública provincial ha retrocedido, pasando de representar un 62,47% en el 2007 a un 50,13% en el año 2013. Según el informe, esos datos “muestran una clara desatención a este sector por parte de la administración pública provincial”.