En una sesión al borde del naufragio, el Concejo Deliberante capitalino resolvió suspender la ejecución del convenio entre el municipio y la CECAITRA. Según datos del ejecutivo, la entidad empresaria podría recuperar en un año todo lo invertido y dedicarse a recaudar durante los tres períodos restantes.
Las 25 diapositivas presentadas a los ediles en el último plenario de Tránsito no fueron suficientes para frenar la suspensión de la ejecución total del convenio entre la Municipalidad y la CECAITRA. Los representantes del ejecutivo, frente a concejales y miembros del Tribunal de Faltas, escatimaron en detalles claves para la puesta en funcionamiento del sistema de fotomultas, tales como el criterio de repartición de lo recaudado y las campañas de difusión previas a la instalación de cámaras.
Como prefacio de lo que sería una tarde poco fructífera, los concejales debieron repartir fotocopias del convenio a los jueces Diego Peretti y Cristian Abdenur del Tribunal de Faltas, dado que (según afirmaron) no se les había remitido copia del mismo anteriormente. El hecho fue catalogado por los ediles como «gravísimo» puesto que el tribunal es nada menos que la autoridad de aplicación del convenio de colaboración. Todo esto, sumado a la falta de estructura y recursos humanos reconocida por el mismo organismo.
La aprobación no fue una instancia sencilla puesto que en numerosas ocasiones el cuerpo quedó sin quórum y tuvieron que accionar la chicharra para que los ediles vuelvan a sus asientos. Se hicieron sentir las ausencias (¿casuales?) de los concejales romeristas recientemente ungidos en el gabinete municipal, Jorge Altamirano y Frida Fonseca, como así también el levantamiento de «Cande» Correa y Susana Pontussi al momento de la votación. Sobre la concejala «fit», hay quienes dicen que el bettinismo le tiene asegurado un futuro en el seno comunal. Por lo pronto, veremos. A las ausencias mencionadas se sumaron los faltazos de Laura García y Emilia Orozco.
Un pobre Power Point
Durante el plenario se compartió un «estado de situación» respecto de la siniestralidad en la ciudad de Salta. En 2019 hubo 2172 siniestros con lesionados, número que se redujo por las condiciones obvias de la pandemia a 1683 en 2020. Aun así, los accidentes con heridos de la Capital representaron el 58% del total provincial. En cuanto a víctimas fatales, el índice se elevó en el mismo período, pasando de 21 a 27. El 28% se registró en la ciudad de Salta.
La distribución de muertes según el vehículo en el que circulaba la víctima, da cuenta de que la gran mayoría (75%) eran motociclistas. Los peatones se ubican en el segundo lugar con el 10% de los casos, seguidos por ciclistas (8%), acompañantes de auto (4%) y conductores de auto (3%). Más interesante aún es la distribución porcentual de víctimas fatales según las diferentes zonas de la ciudad. Los barrios se llevan el 41% de los casos, pese a que el sistema de fotomultas que se pretende implementar no contempla la instalación de cámaras en ninguno de ellos. Las avenidas y rutas abarcan el 26% y 22% de los casos respectivamente y, por último, un 11% de las muertes se dan en la zona centro.
Otro de los datos sobresalientes del informe es el número de infracciones labradas en los últimos años. Para los períodos 2018 y 2019 se confeccionaron 57.706 y 68.108 actas respectivamente. Si se toma el monto más bajo establecido por el código de tránsito para una infracción menor como circular sin seguro o cédula, la cifra debería multiplicarse por $4.885, lo que eleva la recaudación anual a $340,5 millones, tomando el parámetro de 2019. Y eso suponiendo que la totalidad de las multas efectuadas se hayan enmarcado en los valores mínimos, algo totalmente improbable.
En el plenario del pasado miércoles, el secretario de Movilidad Ciudadana Gilberto Pereyra estimó la inversión de CECAITRA en unos $165 millones. Es decir que sólo con las infracciones realizadas durante un año (y otorgando el 45% correspondiente), la cámara empresaria recuperaría el capital invertido y podría dedicarse a lucrar intempestivamente durante tres años redondos.
Pero el cálculo corresponde a las infracciones labradas en períodos en los que no estaba en funcionamiento el sistema de fotomultas. Según lo declarado por el presidente del Tribunal de Faltas, Cristian Abdenur, el convenio podría hacer que la cantidad de infracciones efectuadas por día se duplique y hasta triplique.
Sesión caliente
La primera edil en tomar la palabra fue la ultrasaenzista Romina Arroyo y arrancó tranqui: «los funcionarios que vinieron hoy creen que gestionan entre medio de los indios. Nos consideran a los concejales analfabetos, no respetan nuestras opiniones y por lo tanto le faltan el respeto a los salteños».
«Es vergonzoso que los jueces que acudieron hoy del tribunal de faltas nos digan que tomaron conocimiento del convenio recién ahora, porque nunca se lo remitieron. Le hemos tenido que sacar fotocopias a los jueces del tribunal para que lean el convenio. Hemos tenido que asistir a ver como el señor Nallar le explicaba al señor Abdenur y al señor Peretti como funcionaba este convenio. Vergonzoso», disparó.
En otro momento de su alocución, Arroyo refirió que al consultarle al secretario Legal y Técnico Daniel Nallar por qué no se había llamado a licitación, este le respondió: «Pero concejal, cuando se arregla un bache ¿se llama a licitación?», a lo que la edil respondió: «Este hombre me trata de estúpida. Cuando se arregla un bache no se gastan 165 millones».
A su turno, Santiago Alurralde manifestó: «Entristece porque no hay un plan a largo plazo. Nuevamente tocándole el bolsillo (al vecino), sancionándolo, intentando creer que, siendo fuertes en las sanciones, van a cambiar las malas costumbres y la falta de educación vial. Señores funcionarios, conozcan Salta. No se respeta una rotonda, el peatón no conoce sus derechos, hay siniestros todos los días».
Y añadió: «Hoy no nos supieron responder qué van a hacer con lo recaudado. Si el objetivo es cuidar a los salteños tienen que haber estadísticas reales, sinceras y no una caja recaudadora».
Por su parte, el concejal José García cuestionó el supuesto carácter «sin fines de lucro» de la entidad empresaria: «Tamaña inversión que va a ser una empresa no la va a hacer sin un estudio o análisis de las posibilidades de recaudación diaria, mensual o anual. Esta empresa debe tener conocimiento fehaciente de lo que va a ganar. Acá no hay ningún favor, la empresa alrededor de los cinco o seis meses va a estar recuperando lo invertido y el resto es ganancia pura. El foco y la controversia apunta a la cantidad de dinero que es mucho».
Finalmente, la edil Paula Benavidez, se refirió al derecho del infraccionado de ser informado correctamente para ejercer su derecho a la defensa. «Me parece gravísimo que digan que se está evaluando cómo va a ser el sistema de comunicación a los infractores cuando el sistema ya se está ejecutando, cuando eso tiene que ver con el derecho de defensa de la parte», sostuvo.
Para ir sabiendo…
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