La campaña pretende dar visibilidad a la problemática de salud pública y derechos humanos que predomina en nuestra región: el embarazo de niñas y adolescentes, que en la mayoría de los casos es resultado de la violencia sexual, pero también de la ausencia del Estado en su obligación de protegerlas y reconocerles sus derechos.

El proyecto, que pretende ser la voz de las miles de niñas violentadas, parte de un hecho concreto: América Latina es la única región del mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas menores de 15 años. Las consecuencias que enfrentan quienes se encuentran con la maternidad en edades tan tempranas son tanto físicas como emocionales y sociales. Sus vidas resultan doblemente robadas: por sus agresores sexuales y por el Estado.

El futuro de una niña o adolescente víctima de violencia sexual y embarazada es oscuro: no tendrá acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, se verá forzada a ser madre siendo una niña, su salud física y emocional estarán en riesgo permanente y se preservará el círculo de pobreza y marginación en el que (en la mayoría de los casos) vive, ya que la maternidad precoz suele interrumpir su educación y por consiguiente, su potencial económico.

De la campaña participan el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Amnistía Internacional y Planned Parenthood. Está centrada en seis países: México, Perú, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Paraguay.

¿Dónde están los Estados que firman y ratifican pero después obligan a las niñas a continuar con sus embarazos? Desde la campaña denuncian que los países están obligados a prevenir que las niñas sean víctimas de violencia sexual pero también a responder de manera adecuada cuando, en consecuencia, resultan embarazadas. Por eso, realizan una serie de recomendaciones:

  • Garantizar que las niñas víctimas de violencia sexual reciban una atención integral (física, mental y social);
  • Brindar acceso a la anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo bajo las causales de violación y riesgo para la vida y/o salud de la mujer;
  • Contar con procesos legales que sean congruentes con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos; y
  • Capacitar de manera permanente al personal médico y judicial en la atención integral que deben recibir las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, con perspectiva de género y derechos humanos.