Si se deroga la moratoria previsional, el 90% de las mujeres no podría jubilarse, según las últimas estimaciones. La propuesta de un grupo de economistas sacó las cuentas y presenta una fuente de financiamiento para sostener la moratoria.
Andrea Sztychmasjter
Ante los intentos del Gobierno de logar consenso en el Senado nacional de la ley Bases, con la reciente estrategia comandada por el salteño Juan Carlos Romero, fueron varias las voces en contra para evidenciar estas maniobras de políticos que dicen tener mucha experiencia. Fue la representante de la Cámara Alta, Florencia López quien recientemente salió al cruce del proyecto y advirtió que «es invotable”.
“Asumió un Gobierno diciendo que el ajuste no iba a ir para la gente y esto demuestra únicamente lo contrario. Vuelve Ganancias, hay flexibilización laboral, elimina la moratoria previsional”, protestó.
En Argentina más de un millón de mujeres son trabajadoras de casas particulares. De ellas, el 25% está regularizado. Además, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad de jubilarse tienen 30 años de aportes. De las mujeres que están llegando ahora a los 60 años de edad, solamente 1 de cada 10 tiene 30 años de aporte cumplidos. Y si miramos a los varones, de los que llegan a los 65 años, solamente 3 de cada 10 cumplen con los 30 años de aportes.
El proyecto pretende derogar la Ley 27.705, Plan de Pagos de Deuda Previsional, conocida como moratoria. La ley permite que las personas que no alcancen los 30 años de aportes tengan una modalidad de pago en cuotas para completar los años que les faltan y poder así recibir la jubilación. Esta ley posibilita el acceso a la jubilación a trabajadoras y trabajadores informalizados, que entraron y salieron del empleo formal a raíz de distintas crisis económicas, a quienes trabajaron en la informalidad, como la mayoría de las trabajadoras de casas particulares, y a quienes hacían y hacen trabajos de cuidado no remunerados pero que tienen valor económico, como las amas de casa. Esta política llevó seguridad financiera a las personas mayores.
Al momento de la sanción de esta ley, a principios de 2023, se estimó que permitiría la jubilación de 800.000 personas. A octubre de 2023, 350.000 iniciaron su trámite, en su mayoría mujeres. De ellas, más del 90% acreditó años por tareas de cuidado, lo que demuestra que se trata de una herramienta clave en términos de igualdad de género.
Si se deroga, quienes no cumplan con los requisitos para jubilarse solo van a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es un 80% de la jubilación mínima. En mayo, el monto de la PUAM se fijó en $152.113,28 y el de la jubilación mínima en $190.141,60, montos alejados de los ingresos necesarios para no ser pobre de acuerdo al INDEC ($690.900 en febrero). Quienes cobran la jubilación mínima se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza. El proyecto propone que la mayoría de los futuros jubilados y jubiladas cobren aún menos. Además, hay un bache para las mujeres entre 60 y 65, ya que de derogarse la moratoria quienes tengan 60 no podrán jubilarse y deberán esperar cinco años para acceder a la PUAM. Se trata de 246.000 mujeres en esa situación.
La propuesta de economistas
La propuesta de un grupo de economistas sacó las cuentas y presenta una fuente de financiamiento para sostener la moratoria.
«Lo que el gobierno nacional se «ahorra» si deroga la moratoria es menos que lo que deja de recaudar cada año al condonar el impuesto a las ganancias a jueces y magistrados«, indicó el trabajo de Futuros Mejores, a cargo de los economistas Lucía Cirmi, Tomás Lukin y Lisandro Cometta.
En ese marco, advierten que, si se recupera un tercio de las exenciones tributarias, «se podría financiar un aumento del 20% para todos los jubilados de la mínima, sin excluir a nadie».
Sin las moratorias, sólo el 55% de las personas mayores se hubiera podido jubilar y si se quita ahora 247 mil mujeres de más de 60 años quedan sin jubilación. Los trabajadores informales también aportan ya que el 25% del presupuesto de la seguridad social proviene de impuestos que ellos pagan (IVA, cigarrillos, etc)», evaluaron las economistas.
