Luis Toto Caputo, confirmó que la reforma tributaria impulsada por el Gobierno no será inmediata ni única, sino que será escalonada y permanente, en función del crecimiento económico y la llegada de inversiones tanto a nivel nacional como provincial. Caputo dijo que los primeros cambios se verán en Ganancias, parte de la reforma laboral que el Ejecutivo enviará al Congreso en sesiones extraordinarias.
José Veronelli
El proyecto contempla un aumento del Mínimo No Imponible, mayores deducciones personales, una reducción de las escalas progresivas y un mecanismo de actualización semestral por inflación, con el objetivo de que menos trabajadores queden alcanzados por el tributo. Actualmente, según AFIP, cerca de 1,2 millones de trabajadores están alcanzados por Ganancias, y el Gobierno dice querer reducir ese número a menos de 500.000.
Milei planea eliminar cerca de 20 impuestos menores considerados distorsivos, muchos de los cuales podrían ser derogados por decreto. Estos tributos, que representan apenas el 0,5% de la recaudación nacional, incluyen gravámenes específicos sobre bienes de consumo como bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos electrónicos.
En paralelo, la creación de un padrón único digital que unifique IVA, Monotributo y Autónomos bajo ARCA, con el fin de simplificar la gestión tributaria y mejorar la fiscalización. Según estimaciones internas, esta medida podría reducir en un 30% los costos administrativos para contribuyentes y mejorar la recaudación en hasta un 15% en sectores con alta informalidad.
La cajita más grande
Para el IVA se prevé una reducción de entre dos y tres puntos porcentuales, lo que llevaría la alícuota al 19% o 18%. Esta baja tendría un impacto entre el 1,2 hasta un 2% del PBI, por lo que su implementación dependerá de la consolidación de otras fuentes de ingresos. En una segunda etapa, se plantea un esquema de “IVA dividido” entre Nación y provincias, lo que implicaría una reforma profunda del régimen de coparticipación federal. Bajo este modelo, la Nación recaudaría cerca del 9% o 9,5%, mientras que las provincias recibirían la diferencia y podrían fijar su propia alícuota.
La propuesta busca descentralizar el poder fiscal y reemplazar tributos como Ingresos Brutos o la Tasa de Seguridad e Higiene municipal, aunque especialistas advierten que podría acentuar las desigualdades regionales, ya que las provincias con menor consumo deberían elevar su parte del IVA para sostener la recaudación. Según un informe del IARAF, la brecha de consumo per cápita entre la Ciudad de Buenos Aires y provincias del norte como Formosa o Chaco supera el 300%.
Respecto al Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como “impuesto al cheque”, Caputo ratificó que se reducirá gradualmente hasta su eliminación, siguiendo el esquema vigente para las pymes, que permite computarlo como pago a cuenta de otros tributos. Este impuesto recauda actualmente cerca de 1,5% del PBI, pero es criticado por desincentivar la bancarización, fomentar el uso de efectivo y encarecer las operaciones al aplicarse en cascada sobre toda la cadena de valor. Según el Central, el 35% de las transacciones comerciales en Argentina aún se realizan en efectivo, una cifra elevada en comparación con países de la región como Chile (15%) o Brasil (22%).
Para las retenciones a las exportaciones, Caputo reiteró su compromiso con el sector agropecuario y aseguró que se irán reduciendo a medida que la situación fiscal lo permita. Si bien reconoció que son una fuente clave de ingresos —representan el 7% de la recaudación nacional—, también admitió que afectan la rentabilidad de los productores, encarecen los costos y desincentivan la inversión y la incorporación de tecnología. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las retenciones reducen en promedio un 25% la rentabilidad neta de los cultivos de soja, maíz y trigo.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, considerado por empresarios y tributaristas como el más distorsivo del sistema fiscal argentino. Este tributo grava cada etapa del proceso productivo, genera efecto cascada y piramidación, incrementa los precios al consumidor y reduce la competitividad de las empresas.A pesar de ello, representa cerca del 78% de los ingresos tributarios propios de las provincias, según datos del Consejo Federal de Inversiones. Esta dependencia explica por qué su eliminación o reemplazo requiere una coordinación fiscal compleja y gradual.
Analistas sostienen que esta dependencia fiscal explica por qué la reforma deberá aplicarse por etapas, adaptándose al ritmo de crecimiento económico y a la capacidad de fiscalización. En este contexto, la implementación de la reforma tributaria enfrenta desafíos estructurales y políticos, especialmente por la exclusión de los gobernadores en la mesa de negociación, lo que podría generar tensiones en el proceso de descentralización fiscal propuesto por el Gobierno.
Para redondear…
Desde la “teoría” liberal, la reforma propuesta intenta dar un giro hacia la simplificación fiscal y la reducción de distorsiones. Eliminar impuestos como el cheque, retenciones y Ganancias sobre trabajadores medios puede mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera directa.
La gradualidad y condicionalidad de la reforma —atada al crecimiento económico y la llegada de capitales— la vuelve vulnerable a shocks externos y a la volatilidad permanente de nuestro país. En economías emergentes, los ciclos de inversión suelen ser erráticos, y sin una base fiscal sólida, el riesgo de desequilibrio presupuestario se amplifica.
La jugada del IVA de Nación con las provincias, que vuelca en cada jurisdicción la responsabilidad de fijar la alícuota, introduce una lógica de descentralización fiscal que, si no se acompaña con equilibrio, va a agravar las brechas estructurales de las que reniega todo “el interior”.
En países federales como Brasil o Alemania, los sistemas de coparticipación incluyen fondos de equidad territorial. En Argentina, la diferencia de consumo per cápita entre CABA y provincias del norte supera el 300%, lo que implicaría que provincias pobres deban subir impuestos para sostener sus ingresos, generando un círculo vicioso de menor competitividad y mayor pobreza.
Dejar afuera a los gobernadores en la negociación de la reforma tributaria es un error político que va impactar en la implementación. En sistemas “federales” cómo el nuestro, la coordinación interjurisdiccional es clave. La dependencia de las provincias del Impuesto a los Ingresos Brutos —que representa más del 70% de sus ingresos propios— exige un consenso fiscal que garantice sustitución de recursos. Sin ese acuerdo, la reforma corre el riesgo de ser bloqueada o desvirtuada en el Congreso, generando más incertidumbre.
