Sectores ultraconservadores de Entre Ríos apoyados por diputados de la alianza Cambiemos y del Frente para la Victoria intentan derogar la aplicación del Protocolo de atención integral con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).
Las solicitadas y amenazas organizadas contra el Ejecutivo provincial, comprometido a garantizar a las mujeres la decisión sobre sus cuerpos, son resistidas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto con unas doscientas organizaciones.
En uno de los embates políticos antiderechos más escandalosos de los últimos tiempos, organizaciones católicas y evangélicas de Entre Ríos acompañados por un grupo de diputados intentan impedir la implementación del “Protocolo para la atención integral de la personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”, que el Ejecutivo provincial actualizó según la legislación vigente y en reemplazo del anterior, restrictivo y contrario al fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia. La escalada de ataques se agravó esta semana, pese al hecho incontrastable de que Entre Ríos es una de las provincias con los índices más altos de embarazos no deseados, detalle oficializado por el propio Gobierno nacional, que la seleccionó para encabezar un “plan de prevención y reducción de embarazo no intencional adolescente”. Y prometen continuar, aunque la resolución del ministerio de Salud sea una medida sanitaria urgente para garantizar la práctica de abortos no punibles. Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, la legisladora María Alejandra Viola, de la alianza Cambiemos, se puso a la cabeza del fundamentalismo objetor para exigir “la necesidad de unirnos a la vida” mientras admitía públicamente el ingreso de un petitorio que reclama al gobernador Gustavo Bordet la derogación del Protocolo ILE. La ofensiva recrudeció después del 28 de septiembre, Día de lucha por la despenalización y legalización del aborto, y viene siendo resistida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito junto con unas doscientas organizaciones universitarias, sindicales, de mujeres, políticas, sociales y de derechos humanos, que avalaron la decisión ministerial bajo la consigna “Negar derechos es delito”. La titular de Salud, Sonia Velázquez, adelantó a este suplemento que no se dará marcha atrás con la resolución, en cumplimiento de la legislación vigente, expresada a través del artículo 86 del Código Penal, del fallo F.A.L. y de las disposiciones de los nuevos códigos Civil y Comercial.
En un comunicado de apoyo a la Resolución 2.883/17, las organizaciones señalaron “el accionar malicioso de grupos antiderechos que desinforman a la población, se niegan a respetar las leyes vigentes, poniendo de esta manera en riesgo la salud y vida de las mujeres”. Y advirtieron que las campañas difamatorias contra medidas sanitarias que garantizan el acceso igualitario a los servicios de salud, “claramente son otra forma más de violencias hacia las mujeres; también es femicidio una mujer muerta por negar el derecho al acceso del artículo 86 del Código Penal”.
María Elena Ale, una de las integrantes de la Campaña Nacional que asistió a la sesión de Diputados del martes, dijo que “lo que se vivió en esa jornada es un hecho grave en tanto que desde el Poder Legislativo pretenden exigirle al Poder Ejecutivo que no cumpla la ley argumentando convicciones íntimas y religiosas, vulnerando la Constitución, las leyes vigentes y los acuerdos suscriptos por la Argentina”. Otra de las presentes en el recinto, la obstetra Carolina Comaleras, del Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders), y que también conforma la Campaña Nacional, manifestó su apoyo a la disposición ministerial. “Esos grupos antiderechos con clarísima influencia religiosa, al igual que los diputados adherentes a la solicitada, tratan de imponer creencias personales a la sociedad y sobre todo a las mujeres, a quienes les niegan la libertad de decidir sobre sus cuerpos. Las creencias personales se reservan para la vida privada, no para violar leyes y normas constitucionales. Para quienes trabajamos a diario en el respeto por el derecho a decidir, representan un retroceso al oscurantismo medieval.”
Los diputados Joaquín La Madrid, María Alejandra Viola y Martín Anguiano, de la alianza Cambiemos, y Gustavo Guzmán y María del Carmen Toller, del Frente para la Victoria (FPV), junto con el Foro de la Familia, la Asociación de Pastores Evangélicos, la Red de Familias Entrerrianas y el Movimiento de Encuentro Matrimonial, entre otros, pidieron al gobernador Bordet “que anule dicho protocolo y escuche la voz de su pueblo”, en una junta de firmas con citas bíblicas incluidas, poniendo en riesgo una vez más el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres.
La resolución del 29 de agosto último que refrendó la ministra de Salud, Sonia Velázquez, revoca la norma dictada en 2012 por el ex titular de esa cartera, el médico Hugo Cettour, que adhería en forma parcial y restrictiva a los lineamientos dispuestos por la Corte. Cettour se hizo tristemente célebre por la frase “una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación, el cuerpo está preparado”, tras referirse en enero de 2012 a una nena de 11 años embarazada como consecuencia de un abuso sexual intrafamiliar en Concordia, que imploraba que le interrumpieran la gestación. El caso fue judicializado aun cuando se encuadraba como aborto no punible, y el entonces juez de feria en lo Familiar, Raúl Tomaselli, relativizó el interés superior de la niña y consintió la continuidad del embarazo.
Un año antes se impidió que médicos del Hospital San Roque practicaran un aborto terapéutico a una mujer con una enfermedad congénita agravada durante el embarazo. Terminó internada en el Hospital Posadas de Haedo, bajo control estricto, sometida a la espera de que le realizaran una cesárea, y finalmente sufrió un ACV. El caso representa a la Argentina en un informe de Amnistía Internacional.
Los considerandos de la Resolución establecen “la necesidad de normalizar los instrumentos que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que eviten que se pongan en riesgo numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación, con el objeto de brindar atención integral y oportuna en el marco de la confidencialidad y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos”.
Comaleras volvió a subrayar la cuestión del aborto en la Argentina como un tema central de salud pública. “La mortalidad materna por aborto sigue siendo primera causal de muerte. Desde 2004 hasta 2015, fecha de las últimas estadísticas oficiales, en nuestro país murieron 1.086 mujeres sólo por abortos inseguros. En ese período en Entre Ríos se registraron 18 muertes, y en 2015 murieron tres. “Claramente hay una desigualdad en el acceso al aborto seguro. Aquéllas habrían sido muertes evitables si las mujeres hubieran accedido a información y al misoprostol, según recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).”
La Resolución evitará reproducir algunos de estos capítulos emblemáticos de la peor deuda sanitaria. Entre Ríos, ubicada entre las provincias que registran los índices más altos de embarazos no deseados, sobre todo de adolescentes, fue seleccionada entre el primer grupo de jurisdicciones donde se implementará el Plan Nacional de Prevención y Reducción de Embarazo no Intencional en la Adolescencia, desarrollado por los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social de la Nación a partir de enero de 2018. Las cifras oficiales indican que el 15 por ciento de embarazos que se producen cada año en la Argentina corresponden a adolescentes: en ese período, unas 108.000 chicas menores de 18 años son madres, de las cuales 73.000 manifiestan que ese embarazo no fue buscado.
“Mientras no se garantice de manera efectiva la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y la provisión de anticonceptivos en toda la provincia ningún plan va a dar resultado”, cuestionó Comaleras. “Entre Ríos mantiene su tasa de embarazo adolescente en un 17,9 por ciento hace años. Desde 2001 han sido ‘madres’ 2.093 niñas menores de 15 años y 58.227 de entre 15 y 19 años según estadísticas oficiales publicadas en la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación.”
La lucha interminable
Desde agosto, cuando se publicó la resolución, la avanzada de sectores ultraconservadores se volcó en escraches, solicitadas y amenazas permanentes que ahora cuentan con el apoyo de diputados dispuestos a invocar la biblia y el calefón y haciendo llamamientos públicos a Bordet para que desista de aplicar una medida que se desprende del Programa nacional de derechos sexuales y reproductivos. La implementación del Protocolo obedece además a una apelación de 2007 del Superior Tribunal de Justicia para ponerlo en vigencia. A lo largo de estos años, su incumplimiento por parte del Estado provincial provocó la criminalización y judicialización de casos en un marco de ilegalidad y de vulneración de derechos de las mujeres, principalmente de los sectores más empobrecidos, que ponen en riesgo sus vidas al no poder recurrir a una práctica hospitalaria segura.
“Los diputados Lamadrid, Viola, Anguiano, Guzmán y Toller pretenden legislar sobre la biblia desconociendo el reglamento de la Cámara de Diputados y todo el marco jurídico nacional e internacional de derechos humanos”, remarcó Ale. “Por eso ‘Negar derechos es delito’ es la respuesta del movimiento de mujeres. Porque negar derechos es una metodología usada por grupos que no se resignan a perder los privilegios de clase.”
Consultada por este suplemento, la ministra Sonia Velázquez sostuvo que la implementación del Protocolo ILE es un acto que adhiere al marco normativo vigente, ajustado a derecho como medida de salud pública. “Desde este ministerio nos declaramos garantes de las decisiones autónomas de las personas. Pero como rol indelegable tenemos el deber de asegurar condiciones sanitarias seguras”, enfatizó. “La resolución que hemos emitido forma parte de nuestras obligaciones como servidores públicos y como Estado provincial.”
Velázquez destacó la persistencia de los abortos inseguros como principal causa de la mortalidad materna, entre otras complicaciones derivadas, en la Argentina de los últimos treinta años. “Según nuestros monitoreos, en el quinquenio 2010-2015, el 23 por ciento de muertes maternas derivaron de abortos inseguros. En la actualidad continúa siendo una de las primeras causas de muerte materna en 17 de las 24 provincias argentinas, y las adolescentes son el grupo etáreo más involucrado.”
Sobre la actuación de lxs profesionales de la salud en el nuevo escenario, la funcionaria resaltó que tienen “el rol ético y la obligación de no decidir sobre las conductas íntimas de las personas y de preservar la salud”. El acceso a los servicios en función de ILE, “debe ser confidencial y la objeción de conciencia no puede implicar la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. El Protocolo dispone que los servicios médicos les brinden información veraz y respeten el derecho a decidir sobre sus cuerpos, propendiendo a la accesibilidad de todos los métodos anticonceptivos y respetando el derecho humano de la mujer a decidir, pero también asegurándoles figuras de atención sanitaria a nuestros profesionales. Se ha abundado muchísimo en los marcos vigentes, pero hay que entender sobre todo que las normativas constituyen una herramienta específica para poder otorgar protocolos para las prácticas sanitarias”.
El nuevo Plan Nacional de Prevención y Reducción de Embarazo no Intencional en la Adolescencia debería implicar, concluyó Velázquez, que los insumos lleguen a todas las provincias en tiempo y forma. “Si hablamos de plan de reducción de embarazos también debemos disponer de todos los recursos y así poder ofrecer una línea de cuidados para el componente de reducción de embarazo. Es tanta la responsabilidad que nos cabe como ejecutores de políticas públicas y sanitarias que por eso adherimos a los principios de la Convención de Belem do Pará: no queremos reproducir más violencia institucional del Estado causando sufrimiento físico y psicólogico a las mujeres. La Resolución que implementa el Protocolo de ILE en Entre Ríos es una medida normativa que constituye un hecho de salud pública, y la potestad de la salud pública la tiene este ministerio. Nos hemos ajustado a derecho.”
Fuente: Pagina 12
