La lucha contra el narcotráfico en el norte de Salta se intensifica. En los últimos días, la detención de un juez y un intendente sacudió a la región, y ahora los fiscales dirigen su mirada hacia el sistema penitenciario. Con nuevas detenciones en puerta, el panorama revela una trama digna de un thriller “noir”, llevando a muchos a comparar a Salta con una versión real de Breaking Bad, donde la corrupción y el crimen organizado se entrelazan en lo más profundo de las instituciones.
Lucas Sorrentino
En las últimas horas, se ha dado a conocer una investigación por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos en la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán, que involucra a la gestión del traslado y la visita de un detenido. La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, en coordinación con la Justicia Federal, debido a la complejidad del caso y posibles vínculos con organizaciones criminales.
Traslado del Detenido
El traslado del condenado Oscar Alberto Díaz desde la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán a la Unidad Carcelaria N° 1 de Salta, que tuvo lugar el 5 de junio de 2022, fue solicitado por el propio Servicio Penitenciario de Orán. La solicitud fue motivada por las limitaciones de infraestructura y seguridad en el penal de Orán, tal como lo detalló en su informe el Alcaide Manuel Alejandro Zoilo. El informe describía la vulnerabilidad de la unidad, la sobrepoblación y las dificultades para garantizar la seguridad del interno, quien además tenía vínculos familiares cercanos en la zona.
Ante estos hechos, la fiscal Claudia Carreras solicitó de inmediato el traslado al juez de Garantías N° 2, Francisco Oyarzú, quien lo autorizó. Esta acción fue necesaria para garantizar la seguridad del recluso y del propio sistema penitenciario.
Además del traslado, la investigación también incluye el ingreso irregular de Darío Monges, quien se habría presentado como abogado de Díaz. Monges, presuntamente, habría utilizado influencias dentro del Ministerio de Seguridad para ingresar a la cárcel y entrevistarse con el condenado.
El Ministerio Público Fiscal inició una investigación preliminar el 16 de junio de 2022, recopilando material de las cámaras de seguridad del penal y solicitando informes al Colegio de Abogados. Posteriormente, la Fiscalía Penal N° 2 de Salta Capital, a cargo del fiscal Ramiro Ramos Ossorio, se sumó a la investigación.
En este contexto, el ex Secretario de Seguridad, Benjamín Andrés Cruz, fue imputado el 1 de octubre de 2024 por el delito de tráfico de influencias. Cruz habría facilitado el ingreso de Monges tras recibir instrucciones de otro imputado, lo que apunta a una trama de corrupción en la que funcionarios públicos habrían abusado de su posición.
Investigación del Homicidio
El homicidio de Darío Monges, ocurrido en circunstancias aún bajo investigación, también forma parte de la trama. La Justicia Federal está a cargo del caso, tras detectarse posibles conexiones con organizaciones criminales y la intervención de varios sospechosos, como los imputados Roberto Catalino Bejarano y sus hijos Santiago Ismael y Roberto David, en el homicidio.
La investigación continúa activa, y las autoridades han enfatizado la importancia de evitar la divulgación de información errónea que podría interferir con el proceso judicial. El Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el avance de la causa.
La intervención del Municipio de Aguas Blancas: una respuesta necesaria ante el avance del narcotráfico en Orán, Salta
En un movimiento clave para combatir el crimen organizado en el norte de Salta, el Municipio de Aguas Blancas ha sido intervenido por el gobierno provincial, una decisión que, pese a la resistencia de ciertos sectores del Partido Justicialista (PJ), fue aprobada por ambas cámaras legislativas. La intervención busca frenar la creciente influencia del narcotráfico en la región, un problema que no solo afecta a políticos, sino también a jueces y otros funcionarios de Orán, la ciudad más afectada.
El detonante de esta intervención fue la detención del intendente Carlos “Conejo” Martínez y del abogado Roberto Ortega Serrano, ambos acusados de mantener vínculos con el narcotráfico. A estos arrestos se suman las sospechas en torno al juez Claudio Parisi, señalado por haber aceptado sobornos para favorecer a narcotraficantes en causas judiciales. Estas detenciones y acusaciones han puesto de relieve la penetración del crimen organizado en la política y el sistema judicial de la zona.
El nuevo interventor, Adrián Zigarán, ha advertido que el narcotráfico se ha expandido más allá de Orán, afectando también a otras áreas como Colonia Santa Rosa. Zigarán ha manifestado su compromiso en desarticular estas redes y recuperar el control institucional del municipio. A pesar de los esfuerzos de algunos políticos por defender a los implicados, la intervención se realizó sin mayores inconvenientes, reflejando el consenso sobre la necesidad de tomar medidas urgentes ante la grave situación.
Una justicia en la mira
El rol de la justicia en Orán está bajo seria sospecha. Tanto a nivel provincial como federal, jueces, fiscales y otros funcionarios están siendo investigados por posibles colaboraciones con el narcotráfico. Las denuncias de sobornos y favores judiciales en favor de criminales han minado la credibilidad de las instituciones, generando un ambiente de impunidad que permite la consolidación de estas redes delictivas.
En este contexto, diversas organizaciones han comenzado a reclamar la implementación de una ley de “ficha limpia”, que impida que personas con antecedentes o vinculaciones al narcotráfico puedan postularse para cargos públicos. La medida se ve como un paso fundamental para salvaguardar la integridad de las instituciones en Salta y prevenir la infiltración del crimen organizado en la política.
Vinculados al crimen
Otro caso alarmante es el de José Dimas Ruiz, un personaje que logró escalar rápidamente en la política y los negocios gracias a recursos de dudosa procedencia. Su implicación en delitos como el robo de grandes sumas de dinero y sus conexiones con otros criminales evidencian la profundidad del problema en Orán. La facilidad con la que figuras como Ruiz acceden a espacios de poder ilustra cómo el narcotráfico ha encontrado en la política local un terreno fértil para expandirse.
El juez de Salta, Claudio Parisi, fue detenido tras ser acusado de beneficiar a narcotraficantes y entorpecer la investigación del asesinato de César “Oreja” Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas. La decisión de arrestarlo se tomó luego de que el jurado de enjuiciamiento de Salta le retirara su inmunidad. Parisi había sido denunciado por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, quien lo acusó de tomar decisiones judiciales a cambio de dinero, favoreciendo a personas vinculadas al narcotráfico.
La investigación reveló que Parisi habría facilitado información confidencial sobre la causa a Carlos Martínez, hermano de la víctima, y al abogado Roberto Ortega Serrano, con quienes compartía detalles de allanamientos y otras acciones judiciales. También se le imputa haber otorgado arresto domiciliario a César Martínez, a pesar de las acusaciones en su contra por tentativa de femicidio y otros delitos graves. Mientras Martínez gozaba de ese beneficio, fue asesinado por sicarios.
Además, Parisi está vinculado a otros casos sospechosos, incluyendo decisiones judiciales en las que favoreció a condenados por tráfico de drogas y permitió que continuaran en prisión domiciliaria. La investigación en su contra involucra también a su secretario Maximiliano Correa y a su sobrina, la policía Mariana Castellanos, quienes habrían colaborado en maniobras para anticipar allanamientos y obtener beneficios ilegales.
Las próximas elecciones
Las próximas elecciones en la región serán una prueba decisiva para medir la capacidad del sistema político de Salta para resistir la influencia del narcotráfico. Existe un creciente temor de que el PJ de Orán continúe apoyando a candidatos vinculados al crimen organizado, lo que pondría en serio riesgo la estabilidad de la región y la integridad del sistema democrático.
La intervención del Municipio de Aguas Blancas, si bien es un paso significativo, no será suficiente por sí sola para desmantelar las estructuras delictivas en la región. Se necesitarán reformas profundas y un compromiso firme por parte de todos los actores políticos y judiciales para frenar la expansión del narcotráfico y recuperar la confianza en las instituciones.
