El primer sábado de mayo se realiza la Marcha Mundial de la Marihuana que cada año se replica en Salta. Un abogado que defiende a cultivadores cannábicos habla sobre la situación en nuestra ciudad. (AS)
Fernando Ruarte es abogado penalista y actualmente lleva las causas en defensa de varios consumidores y cultivadores de cannabis, hoy procesados por el delito de infracción a la Ley nacional 23.737 de Estupefacientes. Si bien el letrado mencionó que considera que para muchos de sus colegas el microtráfico también es un negocio, en su caso las defensas que realiza surgieron a partir de su militancia a favor del autocultivo.
“Yo de hace tiempo que vengo participando de las marchas y estoy a favor de terminar con la criminalización y persecución de los usuarios y cultivadores. Yo creo que con el microtráfico se están equivocando porque están yendo contra los consumidores, contra los que hacen el menudeo y contra el último eslabón del narcotráfico, cuando en realidad se debería atacar sus bases”, señaló el abogado y describió una situación que él presenció al participar de un curso sobre “Microtráfico de estupefacientes” organizado por la justicia salteña.
“A mí me dio vergüenza lo que se dictó en ese curso. Por ejemplo te mostraban un video en donde supuestamente veíamos la rapidez con la que actuaba la policía. El ‘procedimiento’ se llevaba a cabo en el parque San Martin, donde una persona en este caso el supuesto vendedor, le pasaba en la mano un bagullo a otra que sería el supuesto consumidor. Al poco tiempo se ve que llega la policía y esposan tanto al consumidor como al supuesto vendedor. Están equiparando en el trato que se dispensa al consumidor con el que hace el menudeo, y la verdad que el trato es indigno”.
Hasta que se comprueba o no el delito la persona puede pasar 3 o 4 días detenida, cuando en realidad debería primar ante todo el principio de inocencia, comenta Ruarte, que además aclara: “Hasta eso el consumidor ya sufrió persecución policial, le sacaron fotos a la casa, los vecinos ya se enteraron. Caen en la red del narcotráfico hasta que se comprueba que son simples consumidores”.
Según señaló en varias de las causas se pudo saber que “es la misma policía la que las arma” y recordó un caso específico en donde se comprometió lo considerado como “portación de rostro”. “En un caso pudimos comprobar que se realizó una persecución solo porque el chico tenia rastas, vulnerando cualquier estado de derecho”.
Y no es difícil de entender que esto suceda en una provincia como la nuestra, recordemos que en 2009 un comisario salteño demoró a cinco jóvenes en Rosario de Lerma por pintar un grafiti con una hoja de marihuana. En un claro acto de abuso de autoridad, el policía además prohibió en esa localidad el uso y la venta de ropas con imágenes alegóricas argumentando que estas actitudes hacían “apología del delito”.
Por su parte, el abogado también se refirió e hizo hincapié en la “poca capacitación de las fuerzas policiales”. “Llevo la defensa de un caso en la que en un allanamiento a una persona le secuestraron tres plantitas en pleno desarrollo que no se encontraban aptas para el consumo, sin embargo se le abrió un expediente y se le inició una causa con todo el gasto que eso significa para la justicia y gobierno provincial. La policía se toma atribuciones que están fuera de su órbita, la policía no puede hacer de juez, ni decidir quién es adicto, o quien es consumidor y vendedor. Por eso seguimos llenándonos de expedientes inútiles”, relató el abogado.
Fernando además se refirió a la problemática existente en relación a las órdenes judiciales que habilitan los allanamientos. “Las terminan armando la policía, porque para que se dicte una orden judicial, previamente tuvo que haber indicios que justamente indiquen que se trata de un supuesto vendedor, estos pueden ser por ejemplo cierto movimiento en tu casa, un pasamanos, una serie de elementos que le dan al juez un indicio que hay venta. Sin embargo muchas de estas causas después quedan en la nada”.
Finalmente el letrado se refirió a un punto que no debe pasarse por alto cuando de causas de microtráfico se habla, y es justamente la tarea de los fiscales: “Hay mucha complicidad de los fiscales que ordenan los allanamientos con la policía. La policía misma es la que le brinda los datos o denuncias que son muchas veces anónimas, los fiscales se valen de eso y ordenan los allanamientos sin tener datos concretos, ni ponerse a investigar previamente y ahí es cuando ocurren muchos errores”.
El “narcomenudeo”
La semana pasada se llevaron a cabo las “Primeras Jornadas de Narcocriminalidad” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que procuradores y fiscales de todas las provincias debatieron durante tres días. En la ocasión también participó el Procurador General de Salta, Pablo López Viñals, quien además, preside el Consejo Federal de Política Criminal de Argentina.
Según el sitio oficial de fiscales penales de Salta como conclusión los presentes manifestaron “la necesidad urgente de que las justicias provinciales apliquen la desfederalización de drogas en sus jurisdicciones, puesto que se trata de una herramienta de gran valor en el combate de la venta de drogas a baja escala”. Para ello pusieron como ejemplo el caso salteño que desde el 1 de enero de 2014, lo implementó, y al cual, hasta el momento, sólo se han adherido otras cuatro provincias: Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Formosa.
En las conclusiones se reafirmó “el exitoso” modelo de desfederalización de Salta en relación a la lucha contra “el narcomenudeo”, a lo que ejemplificaron con “la cantidad de condenas que han pronunciado a partir del año 2014 los tribunales salteños, que ya llegan a trescientas de ejecución efectiva, que son aquellas en que se considera a los acusados incursos en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, un delito que tiene pena de cuatro a quince años de prisión”.
También resaltaron el hecho de que “las provincias que han desfederalizado exhiben importantes logros en condenas de los vendedores de drogas y no se han concentrado en la persecución de consumidores, que son convocados al proceso como testigos y no imputados”. Aunque la persecución policial salteña que se vive a diario, lo desmiente. Sólo en los últimos meses, prensa policial informó numerosos allanamientos y posteriores detenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad, en donde en varios casos se secuestraron pocos gramos de marihuana y plantas que indican que serían para consumo personal.
¡Hasta la victoria, siembren!
Este sábado 7 de mayo se realizará en todo el mundo la marcha por la despenalización del consumo y autocultivo de marihuana, que tendrá como hace un tiempo también lugar en nuestra ciudad.
Pese a que algunos participantes salteños alertaron que al participar de estas marchas han sufrido la persecución policial (le sacan fotos y algunos posteriormente han sufrido allanamientos en sus domicilios), dos de los organizadores de este año estiman entre 100 y 200 el número de salteños que asistirán el próximo sábado a la plaza frente de la Legislatura donde será la concentración. Aunque según comentaron, se encuentran en pleno proceso de organización de las actividades que se van a realizar ese día, el porqué de la marcha es bien concreto: libertad individual, de elegir, consumir y cultivar.
Entre los pedidos se encuentran: modificación de la ley 23.737 (Derogación de los Art. 5 y 14 de la ley 23.737 de estupefacientes que perjudica a consumidores y cultivadores/as). El cese de criminalización a los usuarios/as y cultivadores de cannabis y la aprobación del uso medicinal de la marihuana (Proyecto de la organización “Mamá cultiva[U1] ”, madres que cultivan y que luchan por la salud de sus hijos con diversas patologías).
TRES SECAS JUDICIALES
· En el año 2005, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional 26.052 por la que se dispone la transferencia a las Provincias que así lo acepten, de la competencia penal para la investigación y juzgamiento de ciertos delitos previstos en la Ley Nacional 23.737, de Estupefacientes.
· A partir del 1 de enero de 2014, la Provincia de Salta ha adherido a la Ley Nacional 23.737 conocida como “Ley de microtráfico”.
· El proceso en Salta fue posible por la modificación del Sistema Procesal Penal, y la Ley Orgánica de la Justicia, que permite que, el juzgamiento de conductas en relación al microtráfico se juzgue en plazos cortos.
