Expresan preocupación por la discriminación por género que presenta la actual composición de la Magistratura salteña ya que todos los integrantes son hombres. La fundación FEIM adhirió al pedido de la Defensora Oficial Civil Natalia Buira, ante el Consejo de la Magistratura para frenar cuestionados concursos de elección de jueces y fiscales, también por relaciones de parentesco.

En la justicia salteña hay varios ganadores cantados, es lo que desde diferentes sectores se viene denunciando hace tiempo. Ganadores en puestos claves de acuerdo a relaciones de parentesco.

Ahora la fundación FEIM adhirió al pedido de la Defensora Oficial Civil N4, Natalia Buira, del Ministerio Público de Salta ante el Consejo de la Magistratura provincial de suspender los concursos para magistrados hasta tanto se transparenten los procesos de selección.

FEIM expresó preocupación por la discriminación por género que presenta la actual composición de la Magistratura, ya que los 9 integrantes son hombres y no hay ninguna mujer. Además, solicitó que quienes integren el Poder Judicial y el Ministerio Público tengan conocimiento sobre estudios de género y experiencia en haber juzgado y defendido casos desde una perspectiva de género y derechos humanos.

Además en la presentación la fundación señala el caso específico de Sandra Chávez, quien estuvo presa 14 años, el caso finalmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “FEIM encuentra conveniente que las personas que sean seleccionadas para el Poder Judicial y el Ministerio Público tengan conocimiento sobre estudio de género y experiencia en haber juzgado y defendido casos desde una perspectiva de género y derechos humanos. Este requisito a exigir en el perfil de cada juez/as, fiscal o defensor/a es fundamental dadas las graves violaciones a los derechos de las mujeres que existen en la provincia. Un ejemplo de esto es el de Sandra Chaves, quien estuvo presa 14 años tras ser condenada por un tribunal de esa provincia por el supuesto asesinato de su marido. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las múltiples violaciones de los derechos sufridas por Chávez y su padre durante el proceso judicial, que presentó prejuicios, estereotipos de género y miradas sexistas. Recordamos que el gobierno salteño se comprometió a promover programas y cursos permanentes de capacitación sobre perspectiva de género y la prohibición de discriminación en la administración de justicia, según informó la Defensoría General de la Nación”.

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