A la ausencia de planes ante la inminente expansión del virus en las comunidades del norte, se suma una pandemia preexistente: desidia, abandono estatal y dificultades en el acceso a la salud y el agua.
Nicolás Bignante
«No ha cambiado nada… es como si fuera un amague constante de asistencia». De esa forma describe el activista y estudiante wichí Omar Gutiérrez la realidad de las comunidades del departamento San Martín, puntualmente del municipio de Embarcación. Los cambios que no llegan se esperan a pesar de una prorrogada emergencia sociosanitaria que transcurre en paralelo al desembarco del coronavirus en las comunidades wichís. La semana pasada, en Santa Victoria Este, la pandemia se cobró la vida de un bebé de nueve meses que estaba internado en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. De allí que parecieran un tanto descolocados los conceptos vertidos por la ministra de Desarrollo Social Verónica Figueroa; quien aseguró que, en las comunidades, el distanciamiento social preexistente genera condiciones más benignas ante el desarrollo de la pandemia.
La realidad nacional indica que las provincias comenzarán a tomar protagonismo en la nueva etapa de la pandemia, no sólo por el aumento de casos, sino por su capacidad operativa de respuesta. Provincias como Salta, Jujuy o Tucumán superan ampliamente a Buenos Aires y CABA en lo que refiere a unidades de terapia intensiva ocupadas. Aunque el número de contagios no se hace sentir en las calles de la misma forma que en los grandes centros urbanos, el porcentaje de ocupación de camas supone una enorme preocupación para las administraciones provinciales y municipales. Hacia adentro del territorio provincial, todo indica que el fenómeno se replicaría con la excepción de Orán y Tartagal, donde el virus ya hace estragos desde hace semanas. Es allí donde aparece el interrogante y la evidente falta de ideas para contrarrestar la escasez abismal de recursos en las comunidades, realidad que quedó en evidencia tras una veintena de muertes por desnutrición en los primeros meses del año.
A la hora de caracterizar la crisis humanitaria que azota a las comunidades del norte provincial, uno de los principales factores o causales del desastre, está relacionado con las dificultades en el acceso a las estructuras de salud pública. Las impotencias del sistema sanitario para atender las necesidades de los parajes más recónditos, quedaron plasmadas en las sucesivas muertes registradas a bordo de ambulancias que nunca llegaron a destino. Si la supervivencia ante la falta de agua y alimentos ya representaba un infortunio de antemano, la pandemia supone una catástrofe adicional. «Sabemos que si llega el virus a la comunidad nos mata a todos», resume Omar desde su hogar en Misión Chaqueña.
De la multiplicidad de recursos destinados a asistir a las comunidades en los primeros meses del año, hoy sólo quedan algunos integrantes del Ejército Argentino cumpliendo con las tareas de suministro de agua. Tanto el personal del SAMEC, como las brigadas solidarias debieron retirarse al inicio de la pandemia. Los módulos alimentarios, por otro lado, no están llegando a parajes más alejados como Pozo Hondo o La Emboscada, donde residen decenas de familias wichís sin acceso a los servicios básicos. «Los bolsones los dejan en Hickman y los de Emboscada los buscan en moto o bicicleta. A veces no tienen en qué ir y los pierden. Otras veces se los llevan los del municipio», se lamenta Omar. Desde Hickman hasta la comunidad de Pozo Hondo hay una distancia de 33 kilómetros y 16 hasta La Emboscada. Las familias residentes viven casi exclusivamente de la caza y de la pesca.
Los recursos médicos y los medicamentos son todavía más escasos que los alimentos. En Misión Chaqueña, el único médico residente brinda cobertura a las 5000 personas de la comunidad y a otras familias de comunidades aledañas como Carboncito y Padre Lozano. El número supera doce veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, cuyos informes revelan que se necesitan alrededor de 23 médicos, enfermeras y parteras cada 10.000 habitantes para brindar servicios esenciales de salud. «El único médico de la comunidad es persona de riesgo, porque ya es grande. Ya no tiene muchas fuerzas y la provincia no manda a otro profesional. Los agentes sanitarios son dos y una ya está por jubilarse», añade Gutiérrez.
La única ambulancia que opera en todo el municipio de Embarcación hace base a 50 kilómetros en el Hospital San Roque de esa ciudad. Ante una urgencia en Misión Chaqueña, la unidad demora en promedio 90 minutos en surcar la ruta 53. Ante esa realidad, las contingencias de la pandemia aparecen como un agravante de los tormentos preexistentes. «La situación se agravó todavía más. Estuvimos peleando con esta pandemia preexistente y ahora se suma otra más. Ahora padecemos dos pandemias y la sociedad sigue siendo una sola», concluye Omar.
A cobrar el IFE a 250 kilómetros
Casi un centenar de originarios de Embarcación se vieron imposibilitados de percibir el primer pago del Ingreso Familiar de Emergencia, dado que la boca de cobro informada al Correo Argentino figuraba en Santa Victoria Este (a 250 kilómetros de las comunidades). La denuncia publicada por Cuarto Poder en aquel entonces llevó a que las autoridades de ANSES recategorizaran los datos de los beneficiarios para que puedan acceder al beneficio en Embarcación. Sin embargo, la tercera etapa del programa llegó con idénticas falencias y el mismo número de personas se encuentra actualmente privado de acceder a la ayuda extraordinaria.
