La estrategia “U” ante los desmontes está definida: el ministro de Ambiente, Baltasar Saravia, asegura que las recategorizaciones son legales por estar contempladas en la ley provincial. Lo que no dice es que los auditores de la nación denunciaron que las mismas contradicen la ley nacional porque autoriza algo que nación prohíbe.
El ministro usó la estrategia en el programa de Interpelados, que se emite en el oficialista Canal 9 y empieza a ser levantado por los portales oficialistas de viejo y nuevo cuño. Allí, el hombre de gobierno enfatizo que el sistema es legal y que el Gobierno ha implementado un procedimiento para que sea viable. Se refería a que la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia que contempla en su artículo 17 la re categorización de zonas: “La categorización reflejada en la presentación cartográfica (…) es de carácter orientativa y será objeto de definición (…) en ocasión de la tramitación de las solicitudes de actividades establecidas en la presente ley”.
¿Qué es lo que denunciaron los auditores de la nación? Que la ley salteña contemplan “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331” (Ley de Bosques). He allí la cuestión: las recategorizaciones que son “legales” en la provincia contradicen la ley nacional que tiene mayor categoría. En ese punto están enfatizando todos los que en los últimos meses denuncian la “ilegalidad” de los desmontes en Salta que, además, cuenta con la complicidad del Grand Bourg que al recibir pedidos de recategorización accede al instante como antes accedía el gobierno de Juan Carlos Romero.
El informe de auditoría está firmado en octubre del 2013 aunque se publicó en mayo en la web de la Auditoría General de la Nación. Se trata de 201 páginas que evalúan la implementación de la ley 26.331, conocida como la Ley de Bosques. Para ello, los técnicos se tomaron diez meses de trabajo de campo evaluando lo ocurrido en Santiago del Estero y Salta, por ser las provincias que poseen regiones con mayor valor de conservación y, por ello mismo, las que recibieron mayor financiamiento nacional para el enriquecer y conservar los bosques nativos.
