La polémica entre el Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Municipalidad de Salta develó que Bettina Romero cobra dos o tres veces los tributos municipales a 8000 familias que pagan como si fueran 17.000. Hay otros 15.000 propietarios engañados. La estafa partió de listados con números de catastros falsos y el cuelgue en las facturas de EDESA sin autorización del Concejo Deliberante.
Semana caliente
Como si a los empobrecidos salteños les faltaran motivos para amargarse, esta semana continuó la discusión entre el Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp) y la Municipalidad de Salta en relación a las irregularidades detectadas en las cobranzas que utilizan las facturas de Edesa y que podrían culminar con denuncias penales y algunas renuncias en Avenida Paraguay. Es que no les bastaron los aumentos autorizados para la luz y se suma al bolsiqueo un “tarifazo” encubierto que encontró la luz por lo insolente y atrevido del trámite impreso por ARMSa.
El lunes se reunieron en el Centro Cívico Municipal los funcionarios de la Secretaría de Hacienda a cargo de Daniel Amador, el director de la Agencia Recaudadora (ARMSa) Alejandro Levín y el abogado Daniel Nallar, quienes terminaron negando que hubieran incurrido en errores (u horrores) y trataron de conformar a sus invitados con una apertura de reclamos y revisiones. Algunas versiones informan que el viernes se había realizado un encuentro previo en el que estos municipales se habían comprometido con el presidente del Enresp, Carlos Saravia, para retroceder en los casos en los que se duplicaron y triplicaron los cobros del Impuesto Inmobiliario, la Tasa General de Inmuebles y la Tasa de Protección de Personas y Bienes.
Ferocidad recaudatoria con los pobres
Por lo que se ventiló, aproximadamente 6800 catastros tienen dos medidores de luz y 1.050 tienen tres medidores. Son los que por no tener plata para alquilar o comprar una vivienda construyen al fondo o arriba de la casa dependencias para la familia ensamblada del hijo, o los que alquilan un quiosco al frente de la casa para ganar unos pesos y que ahora se ven asfixiados porque el Municipio les multiplica los impuestos con maniobras que podrían ser calificadas como una estafa masiva.
Estos son las familias más pobres que resultan castigadas por ARMSa, pero también existen 15000 propietarios más a los que persiguieron para multiplicar la recaudación. El total de damnificados supera los 23.000 catastros y en los casos más graves se habla de galerías o centros comerciales de catastro único en las que se cobra a cada local comercial que se alquila, en edificios con decenas de departamentos y en urbanizaciones de más de una centena de casas paquetas como Valle Escondido o La Lucinda.
Verdades y mentiras
La pelea mediática se ha concentrado en las imputaciones que ha lanzado desde el Enresp Carlos Saravia, y las respuestas desde la Municipalidad monopolizadas por Daniel Nallar, de quien se dice que es el mentor de toda la operatoria que ahora genera un alboroto que no solamente compromete la cobranza por intermedio de Edesa y la recaudación aparentemente ilegal, sino hasta el empréstito que Bettina Romero ha solicitado que autorice el Concejo Deliberante.
Es que una de las razones por las que la Intendenta dio para convencer a los ediles de que puede pagar un préstamo de 2.000 millones de pesos en 7 años es que precisamente contaría con una recaudación abultada. Lo que no habría informado es que varios cientos de millones de pesos que se recaudarán en este 2022 –si la justicia no detiene la cobranza- serían fruto de maniobras ilegales y hasta deberían ser devueltos a los vecinos.
Puertas adentro las puteadas se concentran en el más débil de los funcionarios que es Alejandro Levín, presionado a más no poder para que extraiga plata hasta de las piedras y a quien se le exigió firmar instrumentos cuando otros esconden la mano. Al que le temen es a Daniel Nallar, el monje que aconseja, sugiere y hasta ordena sin comprometer responsabilidad alguna porque ocupa un cargo que le permite también ejercer la abogacía cuando en realidad es más que el Procurador General. Por cierto, cuando se cuestiona la legalidad del cobro de más de 1.400 millones de pesos, Ramiro Angulo no aparece en ninguna parte, y lo que es peor, ni siquiera es invitado a las mesas de café.
El Enresp prende la luz
Ante lo que consideró un incumplimiento de la promesa de suspender las cobranzas cuestionadas, el Enresp dictó el viernes la Resolución n° 729/22 por la cual terminó intimando a EDESA que presente los contratos y autorizaciones para incorporar a su factura el Impuesto Inmobiliario y la Tasa para la Prevención y Protección de Personas y Bienes. El órgano de control ya hizo notar que existió una dudosa autorización limitada a la Tasa General de Inmuebles, pero que no existirían para los otros tributos, por lo que cuelgue aparece como ilegal.
También ha prohibido que se utilice la palabra “catastro” que indujo al error a los contribuyentes y que provocó el escándalo, porque miles de números que se insertaron en las facturas de los 23.000 perjudicados no coincidían con los catastros de la Dirección General de Inmuebles. Algunos penalistas advierten que esto constituiría el “ardid o engaño” que exige la figura de la estafa en el Código Penal.
Siendo que EDESA se justificó imputando la culpa a la Municipalidad de Salta por ser la que confeccionó los padrones con los montos y números de catastro falsos, y que para ello solamente le remitió un archivo informático, se ordenó que a futuro deben respaldar toda esta información con copias de los actos administrativos municipales que los autoricen.
No conformes con esto, desde el Enresp, a título de advertencia, pusieron en conocimiento del Concejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas Municipal, del Defensor del Pueblo y de la propia Municipalidad de Salta, una descripción de lo que consideran los graves errores, o eventuales delitos, en los que habrían incurrido los funcionarios que dicen que “todo está bien”.
La lista comprende imputaciones de que nunca tuvieron autorización del Concejo Deliberante para que EDESA se llevara un porcentaje de la recaudación; que para el Impuesto Inmobiliario y la Tasa para la Prevención y Protección de Personas y Bienes no pueden dividir los catastros en parcelas y que tampoco correspondía tomar el total de la base imponible cuando un catastro es dividido. El Enresp no tiene dudas de que el cobro en estos casos es ilegal.
Los fantasmas y bufones de Bettina
La amenaza que ejerce el Enresp es precisamente la de prohibir que el municipio cobre los impuestos en la boleta de Edesa, lo que podría provocar un descalabro financiero de concretarse. Desde la Intendencia han comenzado a pedir una bajada de línea para el díscolo funcionario porque argumentan que no actuaría solo sino con instrucciones del gobierno provincial. Es por eso que en un acto del 25 de Mayo Bettina Romero se quejó de que Gustavo Sáenz la tiene abandonada, olvidando intencionadamente que hace apenas una semana le habilitaron 682 millones para pavimentar 40 cuadras y conformar la “Ciudad de la Música”.
Para la semana que viene se espera una reacción del Concejo Deliberante que ya habría sido notificado de esa resolución. Este cuerpo no tiene concejales que profesen devoción por Bettina Romero, salvo Darío Madile -que de ser primo político del Gobernador ahora parece encolumnado con la alcaldesa- y José Gauffin, quien estaría también vinculado a intereses inmobiliarios del romerato. Ya existen proyectos de los ediles “cabecitas negras” que piden informes y también otro que solicita la suspensión inmediata de las cobranzas dispuestas por ARMSa. Por lo visto, pocos se encolumnaran para defender el fraude fiscal cuando tienen que renovar sus bancas en una elección que se realizará en apenas 11 meses.
Es el mismo cuerpo deliberativo que en medio de sidras y pan dulces aprobó el nuevo Código Tributario Municipal que ahora se utiliza como un hacha para partir los bolsillos de los vecinos de la capital y que autorizó el impuestazo que pidió la Intendenta a fin de año. A pesar de lo lúgubre de sus debates todos esperan que borren con el codo lo que escribieron con la mano el 27 de diciembre pasado.
En el Tribunal de Cuentas Municipal la situación está más cómoda para la Intendenta por el ingreso de dos adictos a su cuerpo directivo, y se afirma que en la reunión del pasado lunes apareció en el CCM el vocal Nene Estrada, histórico dirigente del PJ y padre del diputado nacional Emiliano Estrada, quien hizo una defensa fogosa del asalto dispuesto por la Municipalidad de Salta. Al parecer, quien profesara la “justicia social” en otros tiempos, ahora estaría próximo a firmar la ficha del PRO, a instancias de Bettina Romero, y el primer testimonio que le habrían solicitado para aceptarlo en esa fuerza política, sería convalidar las maniobras que flagelan a pobres contribuyentes.
Consejos de amigos
Los debates en el gabinete municipal han comenzado a medir las consecuencias de los desaciertos que en este caso parecen calamidades. Lo que antes exigía un pequeño retroceso ahora impone grandes esfuerzos y alto costo político. Las posturas soberbias del pasado para con el Concejo Deliberante amenazan con transformarse en respuestas dolorosas para una gestión que ya afronta varias heridas.
Demasiados flancos se acercan y podrían involucrar amparos judiciales, denuncias penales, pedidos de juicio político y cuestionamientos públicos que continuarían devaluando una imagen ya casi caída. La Intendenta tendrá una prueba de fuego que para ser superada exige la humildad de reconocer errores. Los que se miden el traje de Intendente con vistas al 2023 aseguran que ella prefiere seguir apostando a operaciones mediáticas distractivas y presionar medios afines y pagos para controlar la expansión del tumulto. Eso sí, infaltable y leal, Daniel Nallar le sigue soplando al oído que “todo está bien”.
