La iniciativa para reformar la Carta Orgánica Municipal sumó esta semana nuevas voces. El Socialismo para la Victoria demandó que la nueva Carta garantice participación directa de la ciudadanía y que el mecanismo de presupuesto participativo sea parte de la reforma. (Gonzalo Teruel)
La iniciativa para reformar la Carta Orgánica Municipal sumó esta semana además de nuevas voces, nuevas propuestas. A las conversaciones entre el oficialista Frente para la Victoria y los opositores Frente Salteño, UCR, Unión Popular, Memoria y Movilización se sumó el Frente Socialista para la Victoria y lo hizo con un planteo claro: que la nueva carta Orgánica garantice el derecho a la participación política directa de la ciudadanía.
La forma propuesta para asegurar esa participación se sintetiza en la incorporación a la Carta Orgánica del “Presupuesto Participativo”, el mecanismo por medio del cual la ciudadanía tiene derecho a decidir en qué gastar un porcentaje del dinero que el municipio administra anualmente y que en el presente periodo llega a casi mil millones. Según explicó Daniel Avalos, referente del Socialismo para la Victoria en Salta, “es una medida acorde a los tiempos que vivimos y a la necesidad de que la ciudadanía participe directamente en la discusión sobre cómo usar recursos que el municipio recauda y administra”.
Este tipo de iniciativas ya se aplican con buen suceso en unas 60 ciudades argentinas. En muchas de ellas ese mecanismo se implementa a partir del dictado de ordenanzas, aunque Avalos prefirió resaltar los casos de ciudades argentinas en donde el mecanismo está incorporado a la Carta Orgánica de los municipios: Bella Vista y Goya en Corrientes, Resistencia en Chaco, Leandro Alem y Posadas en Misiones; San Martín de los Andes y Zapala en Neuquén, Viedma en Río Negro, y Ushuaia de Tierra del Fuego.
De acuerdo al análisis de Avalos, el desafío es incorporar a la Carta Orgánica este Presupuesto Participativo para que “esa participación popular no dependa de la buena o mala voluntad de un intendente”. En efecto, de ser incluido en la máxima norma de la ciudad tendrá una categoría mayor al de una ordenanza y permitirá que si la dirigencia política decidiera no aplicarlo, la ciudadanía podría apelar a la justicia para exigir la aplicación.
Viejas críticas
Los sectores más reaccionarios y siempre acostumbrados a manejar el poder sin compartirlo con los sectores populares aseguran que la aplicación de un “Presupuesto Participativo” es contraria a los preceptos constitucionales. Como los Testigos de Jehová a la Biblia, interpretan de manera literal a la Carta Magna y aseguran que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”.
Se olvidan que tratados internacionales, con rango constitucional, rubricados por Argentina promueven la participación como moderna y superadora forma de la democracia. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza que “todos los ciudadanos gozarán (…) de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
El proyecto del Socialismo para la Victoria, que a nivel nacional tiene por referente al diputado Jorge Rivas, es aprovechar el debate que se ha iniciado para tratar de impulsar debates que trasciendan lo meramente institucional para abordar aspectos que profundicen mecanismos de participación ciudadana que “favorezcan un nivel intenso, permanente y organizado de compromiso popular con la política”, expresó sin rodeos Avalos y remarcó que “el Presupuesto Participativo constituye uno de esos mecanismos”.
