Un hombre de Daniel Angelici se ocupará de auditar a la Cámara Nacional del Trabajo. Se trata de Pablo Garcilazo, quien responde al principal operador judicial de Mauricio Macri, y fue puesto a vigilar a los jueces que analizan las demandas sobre derechos de los trabajadores. Las auditorías a los juzgados son usadas para presionar a los magistrados.
Un funcionario del Consejo de la Magistratura, a quien integrantes de ese organismo reconocen como representante de hecho del presidente de Boca y operador Judicial Daniel Angelici, se ocupará de auditar a la Cámara Laboral, el tribunal que analiza demandas sobre derechos de los trabajadores que obsesiona al presidente Mauricio Macri. Se trata de Juan Pablo Garcilazo, también muy cercano a Juan Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, con quien diseñó la ingeniería para llevar al camarista federal Eduardo Freiler a juicio político. Garcilazo fue designado hace dos semanas como integrante del Cuerpo de Auditores y en una reciente resolución quedó a cargo de evaluar a los camaristas laborales, cuatro de los cuales –además– tienen pedidos de remoción por sentencias que no agradaron en la Casa Rosada. Las auditorías a juzgados y tribunales son utilizadas para atacar y presionar a jueces, como quedó a la vista la semana pasada en una denuncia contra los jueces federales Ariel Lijo y Daniel Rafecas.
Las auditorías en el fuero laboral y en el fuero penal federal fueron ordenadas el año pasado. Son dos sectores de la “justicia” que encarnan intereses y preocupaciones particulares para el Gobierno de Macri. Los juzgados de Comodoro Py son los encargados de causas de corrupción y, como informó PáginaI12, nunca en su historia participaron de manera tan desembozada en una campaña política como este año, con una catarata de resoluciones contra exponentes de las fuerzas de oposición, en particular el kirchnerismo, acorde a las expectativas del Presidente. Justo la semana pasada, cuando recién desembarcaba Garcilazo en el Cuerpo de Auditores, se conoció una denuncia contra Rafecas y Lijo, dos jueces federales que no gozan de confianza oficial por supuestos atrasos en expedientes que ellos mismos luego refutaron. La presentación –hecha por la ONG Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, entidades vinculadas al Gobierno– utilizaba información que está en manos de los auditores. La auditoría sobre la Cámara Laboral, también iniciada como parte de la misma ofensiva, ahora tiene al propio Garcilazo a cargo, junto con José Luis Pivetta, jefe de los auditores.
La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio denunció que se trata de “una maniobra que tiene como fin continuar con la campaña de hostigamiento y desprestigio contra la Justicia del Trabajo”. Señala la injerencia de Angelici como “operador de Macri en el Poder Judicial” y recuerda que es el vicepresidente segundo del Colegio de Abogados de la Capital Federal. El puntapié de la auditoría en cuestión fue un amparo presentado por un grupo de abogados que desembocó en la Corte Suprema, que decidió ordenar la auditoría en cuestión. Una interpretación posible es que la auditoría se haga por el bien del servicio de justicia y de quienes deben recurrir a él. Pero es imposible despegar la iniciativa de un contexto en el cual el Poder Ejecutivo cuestiona de manera brutal a los jueces del trabajo, repitiendo una y otra vez la teoría de que existe una “mafia de juicios laborales”. Se trata de los tribunales donde se juega el respeto a los derechos de los trabajadores versus las empresas o empleadores. La propia Corte suprema inició desde poco antes del desembarco de Macri en la Presidencia un camino ostensiblemente regresivo en materia de derechos laborales: limitó el derecho a huelga, le cargó las costas de un juicio por un accidente laboral a un trabajador, restringió el cálculo de las indemnizaciones y también la aplicación de la ley de riesgos de trabajo, convalidó despidos en el Estado, y respaldó la intervención de fuero Contencioso Administrativo en cuestiones laborales. Esto último no es menor, ya que los tribunales contenciosos -que dirimen casos donde el Estado es parte– son habitualmente permeables al poder político. Como telón de fondo, está la pretensión del Gobierno de traspasar la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, lo que algunos jueces suponen que la debilitará en forma notoria. La Corte avalaría esto también. Al menos su presidente, Ricardo Lorenzetti, está alineado en esta cuestión con el oficialismo –que lo mantiene bajo amenaza constante de juicio político–, y en eso siempre lo acompaña Carlos Rosenkrantz, otrora abogado de grandes empresas.
Desde fines del año pasado los ataques al fuero laboral fueron explícitos desde ambos lugares: la política y la Corte. El fallo de la Cámara que dio por válida la paritaria bancaria del 24 por ciento, valor superior al techo que preveía el Gobierno, les costó a los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino un pedido de juicio político que continúa en trámite, promovido por el Ministerio de Trabajo con medidas tales como la verificación del contenido de sus cuentas de Facebook. También tramita un pedido de remoción contra los camaristas Luis Raffaghelli y Diana Cañal, tras el fallo en el que les dieron la razón a los trabajadores despedidos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), caso que revirtieron los supremos y mandaron al fuero contencioso.
La sala VI de la Cámara (son diez salas en total) que integra hoy Raffaghelli, junto con Graciela Craig, esposa del diputado Héctor Recalde, y Carlos Pose es la que comenzó a ser auditada primero. Como en el fuero federal, lo que rastrean los auditores es el tiempo de duración de los expedientes. El fuero laboral tenía un sistema propio de relevamiento de expedientes que fue reemplazado por el “lex100”, un software estándar para todo el Poder Judicial, que ha presentado problemas de vulnerabilidad. En el fuero laboral se quejan porque consideran que su sistema anterior –que elaboraba una estadística mensual– era más riguroso y en el traspaso se pudo perder información. La situación es compleja porque un dato objetivo es que hay cerca de treinta cargos vacantes entre juzgados y Cámara, algo que obedece a las eternas pulseadas en los concursos y el embudo que se produce en el Poder Ejecutivo para designar.
Raffaghelli fue uno de los jueces que viajaron a fines de octubre a Uruguay a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde organizaciones de abogados, jueces, sindicales y de derechos humanos presentaron denuncias específicas sobre la situación de derechos laborales en la Argentina. La ofensiva contra jueces laborales fue uno de los puntos planteados.
La novedad de la última semana es que quien tomará la batuta de la auditoría en el fuero laboral es el hombre de Angelici-Macri, Garcilazo, quien en los noventa fue funcionario del PAMI con Víctor Alderete, lo que le costó denuncias penales. En el Consejo de la Magistratura hay más “delegados” del polifacético presidente de Boca en lugares claves como la Comisión de Acusación y Disciplina y la secretaría general. La destrucción del fuero laboral o la reducción de su poder de decisiones funcionan como complemento de la reforma laboral que el Gobierno ya pone en marcha y que se proyecta en pérdida de derechos para los trabajadores.
Fuente: Página 12
