El actual director Antidrogas de Gendarmería Nacional, comandante Gabriel Riveros, especializado en inteligencia criminal y quien se desempeñó en las primeras etapas de la causa, será una de los que integrará la comisión especial que investigará la desaparición de la joven.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el fiscal federal Eduardo Villalba, autoridades de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También participó el abogado de la familia Cash, Pedro García Castiella. Acordaron la integración de una comisión especial que investigará la desaparición de María Cash.

Tal como fue anunciado en septiembre pasado por el Ministerio Público Fiscal, la comisión será conformada por el Departamento de Investigaciones del CIF, junto a Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cristalizó en la reunión de este martes la decisión de aportar desde la cartera nacional los nombres de los oficiales de las fuerzas nacionales, que oportunamente fueron sugeridos por la familia Cash.

Uno de ellos es el actual director Antidrogas de Gendarmería Nacional, comandante Gabriel Riveros, especializado en inteligencia criminal y quien se desempeñó en las primeras etapas de la causa. En ese marco, Bullrich se comprometió personalmente este con las autoridades y la familia Cash, a autorizar la afectación del oficial a la investigación. El aporte del Ministerio Público Fiscal de la Provincia será a través del jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila y su equipo. Dávila es abogado especializado en investigación criminal y su nombre también fue sugerido por la familia Cash para integrar la comisión que buscará dar con el paradero de María Cash.

Para avanzar en la constitución de la comisión investigadora, solo se requería la autorización de la cartera de Seguridad para afectar a los investigadores de Gendarmería y PSA. Por lo demás, los presentes coincidieron en que la investigación articulada con la Procuración General de la Provincia, no afectaría ni violaría jurisdicciones porque está vigente un convenio de asistencia recíproca con el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que permitió que el Gobierno Nacional aportara fondos para la adquisición del equipamiento para el CIF.

La investigación es de competencia federal porque se sospecha que María Cash fue víctima de una red de trata de personas. En el caso, el juez federal Miguel Medina delegó parcialmente la investigación en el fiscal Eduardo Villalba, de acuerdo a lo establecido por el Art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación.