Marcos Peña fue el participe necesario para el envio de municiones en apoyo al golpe de estado con Evo Morales. Lo fue desde su cargo de Jefe de Gabinete.
La cosa fue así. La entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich le informó de la partida de los gendarmes y tramitó viáticos con la Secretaría de Asuntos Estratégicos que dependía de Peña, quien hasta el momento no está involucrado en la causa que se desarrolla en el fuero penal económico y que tiene al propio ex presidente entre sus imputados.
Fue el 15 de noviembre de 2019 que Bullrich autorizó la partida del primer contingente de gendarmes del grupo “Alacrán” a Bolivia. La autorización se firmó ese mismo día, pero los gendarmes partieron tres días antes, a bordo de un Hércules C-130 que aterrizó en el aeropuerto de El Alto, en la madrugada del 13 de noviembre de 2019.
La descordinacion entre la salida concreta de los gendarmes y la firma de la resolución que daba autorización, es la prueba necesaria para vincular en este procedimiento a la Jefatura de Gabinete y al propio Marcos Peña.
Según los datos de la resolución, Bullrich le notificó la partida de los gendarmes a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, que estaba en manos de Fulvio Pompe, invocando la resolución administrativa 1067 de septiembre de 2016, que establecía el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes para el personal de la Administración Pública Nacional.
En su artículo sexto, la resolución establecía que las salidas de agentes estatales debía ser comunicada con anterioridad a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Este documento es parte de la documentación ofrecida a la justicia por el gobierno.
Pompeo es uno de los expertos del macrismo en la cuestión internacional, de hecho, en este momento es el secretario de Relaciones Internacionales del PRO.
En 2018, Macri lo nombró asesor nacional en materia de seguridad y lo sentó en una mesa con Bullrich, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el canciller, Jorge Faurie y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
Pompeo siguio bien de cerca el conflicto de Bolivia, eso quedo plasmado en sus redes sociales.
El 26 de marzo de 2019, Pompeo recibió en la Casa Rosada a Oscar Ortiz Antelo, empresario boliviano devenido senador por el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Una vez derrocado Evo Morales, Ortiz Antelo pasó a ser ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Jeanine Añez y hasta llegó a ser ministro de economía de este régimen.
El 20 de mayo del mismo año, Pompeo se sentó con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, Peña y Macri para tratar dos cuestiones: Venezuela y Bolivia. Almagro jugaría un rol clave en el proceso de desestabilización que precedió al golpe contra Evo Morales en noviembre de 2019.
Pompeo fue denunciado por Freiler pero, por el momento, no fue implicado en el caso por el gobierno nacional.
Este lunes, el juez Javier López Biscayart, que instruye la denuncia del gobierno, se declaró incompetente y envió el expediente a su colega Alejandro Catania, que es quien recibió la primera denuncia de parte de Freiler. Catania se reincorporará la semana próxima a los tribunales, momento en que deberá decidir si acepta la causa o si la rechaza. En tal caso, la definición quedaría en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
No se descartan futuras ampliaciones de la denuncia, sobre todo si aparece más información desde Bolivia.
