Pese a su historial marcado por denuncias millonarias y cientos de damnificados, el Gobierno provincial habilitó el proyecto “Los Arcos” de la firma Compañía Privada S.A. La decisión reabre interrogantes sobre controles, responsabilidades y la posible raíz de una impunidad que lleva años sin explicación.
En una resolución que sorprende incluso a quienes no siguen de cerca el caso, el Ejecutivo de la Provincia de Salta formalizó en las últimas horas la aprobación del proyecto urbanístico “Los Arcos”, un loteo ubicado en la capital salteña y vinculado directamente a Compañía Privada de Finanzas e Inversiones Salta S.A., la firma señalada por protagonizar uno de los mayores fraudes económicos de la historia provincial.
La iniciativa —registrada bajo el Plano de Mensura y Loteo Nº 18533, correspondiente a la Matrícula Nº 93.640 del Departamento Capital— también involucra al empresario Carlos Alberto Ojeda. Sin embargo, el dato central no es técnico ni administrativo: se trata de la habilitación estatal a una empresa cuya titular, Mercedes Ibarra, enfrenta denuncias por estafas millonarias que afectaron a cientos de salteños.
La pregunta emerge con fuerza: ¿cómo es posible que una firma con semejante prontuario obtenga la aprobación para desarrollar un emprendimiento inmobiliario de tamañan envergadura?
Pesados antecedentes
Tal como fue investigado y publicado en reiteradas ocasiones por Cuarto Poder, Compañía Privada arrastra desde 2018 una trama de denuncias, cheques rechazados, vaciamiento empresarial y maniobras que dejaron a inversores y familias enteras al borde de la ruina.
Alrededor de 300 familias denunciaron a la empresa por presuntas estafas vinculadas a operaciones inmobiliarias. El monto superaría los $8 mil millones de pesos si se toman como referencia los valores de 2023.
Lejos de tratarse de un conflicto menor o aislado, el caso ha sido señalado como un posible esquema de fraude sistemático, con derivaciones que incluyen la creación de empresas satélite, triangulación de activos y el uso de fondos de inversores para negocios paralelos.
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Un proyecto perdido que reaparece
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es que los planos del loteo habían sido extraviados y debieron ser reconstruidos, según consta en el Boletín Oficial. A pesar de esa irregularidad, el proyecto logró reunir una serie de avales técnicos que terminaron por allanar su aprobación.
Entre los antecedentes presentados figuran el certificado de prefactibilidad del IPV, el Estudio de Impacto Ambiental y Social aprobado, la constancia de no inundabilidad, la recepción de la red de agua potable, la disponibilidad de energía eléctrica y la aceptación municipal de calles y ochavas.
Ese conjunto de requisitos cumplidos permitió que el Ejecutivo avanzara con la habilitación formal del emprendimiento. Sin embargo, el interrogante de fondo permanece intacto: ¿los organismos de control evalúan únicamente aspectos técnicos o también consideran los antecedentes judiciales y financieros de las empresas?
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Excepciones que alimentan sospechas
La resolución incluye además otro elemento que suma ruido al proceso. El Gobierno aceptó la donación de 503,41 metros cuadrados como espacio de uso institucional, lo que representa apenas el 2,8% del total del loteo, muy por debajo del 10% exigido por la normativa vigente.
Pese a ello, se decidió admitir la cesión bajo el régimen de excepción previsto por la ley. Una flexibilidad que, en el contexto de las denuncias que pesan sobre la empresa, no hace más que profundizar la sensación de trato preferencial.
La habilitación de “Los Arcos” vuelve a colocar en el centro de la escena una discusión incómoda: la aparente desconexión entre la gravedad de las denuncias contra Compañía Privada y las decisiones del Estado. El resultado es un mensaje inquietante: en Salta, una empresa denunciada por estafas millonarias puede seguir desarrollando loteos como si nada hubiera pasado.