Pese a la creciente incorporación de usuarios, el servicio de alumbrado público no da muestras de haber logrado mayor cobertura e inversiones. Mientras en los barrios se multiplican los reclamos, la facturación de la empresa prestataria está sujeta a actualizaciones cuyas fórmulas son fuertemente cuestionadas. 

En una de las últimas reuniones de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo capitalino, se abordaron algunos interrogantes cruciales en torno al contrato del municipio con la empresa LuSal Mantelectric I.C.I.S.A – Ilubaires SA. Autoridades de la firma junto a representantes de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente del municipio brindaron detalles sobre: semaforización, uniformidad en niveles de iluminación, colocación de nuevas instalaciones, modalidad de recepción de reclamos y la estructura general del sistema.

En el encuentro participaron y transmitieron sus inquietudes los ediles Susana Pontussi (PARES), Raúl Córdoba, Liliana Monserrat (ambos de STF), José Gauffín (JC) y José García (YP). Pero a pesar del fino detalle, los más sustanciosos interrogantes quedaron sin responder y la idea general que sobrevuela es que la empresa factura cada vez más por un servicio que no se ha ampliado. Las especificaciones y pormenores del convenio recientemente extendido por diez años resultan, para la mayoría de los ediles, muy difíciles de controlar. Las escuetas respuestas a los reiterados pedidos de informe emanados desde el órgano deliberativo, tampoco contribuyeron demasiado.

Amparados en esta idea, los representantes capitalinos propusieron a través de un proyecto de resolución, conformar una comisión de estudio del contrato de concesión integral de operación y mantenimiento del alumbrado público. La misma deberá estar constituida por cinco ediles y los técnicos o expertos que sea necesario contratar. 

El comité tendrá la obligación, en un plazo de tres meses, de emitir un dictamen en relación a las incógnitas más sobresalientes del contrato, como ser: la disminución en el monto que se cobra mensualmente a los vecinos con la incorporación de nuevos usuarios donde no se extiende el alumbrado público. El mecanismo de cobro a los inmuebles urbanos con o sin construcciones que no posean suministro de energía eléctrica. Las posibles distorsiones del monto contratado en función del mecanismo de actualización de precios. El estado general de la red de alumbrado público en relación a la seguridad pública. Los detalles del sistema de medición de consumos del alumbrado público y áreas incluidas. Las inversiones realizadas hasta la fecha para asegurar la prestación de conformidad a las especificaciones técnicas del contrato y los procedimientos para controlar la eficiencia y calidad del servicio. Todo ello debería servir para solicitar explicaciones a la empresa respecto del cumplimiento efectivo del contrato, aunque vale aclarar, la continuidad del mismo ni siquiera está en discusión.

Más usuarios, la misma inversión

 El primer interrogante de los ediles es sin dudas el más contundente y, posiblemente, el que menos respuestas arroja al día de hoy. ¿Cómo es que la incorporación de cada vez más usuarios al sistema no redundó en una disminución de los montos, considerando que la estructura del servicio sigue siendo exactamente la misma? Algunos ejemplos son contundentes y sencillos de palpar: en la zona sur de la ciudad, una vivienda particular abona un promedio de 300 pesos en concepto de alumbrado. En el macrocentro, un edificio de 54 departamentos debe aportar un monto similar, pero por cada una de las familias habitantes. En ambos casos la cobertura del servicio es la misma, pero en el segundo ejemplo la recaudación se multiplica por cincuenta. Al margen de las esporádicas tareas de mantenimiento, el destino de los mencionados excedentes en la recaudación continúa siendo un misterio.    

En rigor, el contrato renovado en 2018 prevé un mecanismo para equilibrar entre los usuarios que van incorporándose y las nuevas áreas de servicio, de manera que la recaudación sea más o menos la misma independientemente de los ciudadanos alcanzados. «Cuando uno ve el contrato, de entrada, pareciera que están entrando más usuarios que pagan cada día más. Es una fórmula de reajuste, de manera que esa mayor cantidad de usuarios no sea plata que vaya al bolsillo (de la empresa), sino que se prorratee entre los mismos», destacó el concejal José Gauffin en diálogo con este medio. «Nosotros tenemos un sistema a través de los pedidos de informe que hace el concejo deliberante, pero no es una buena forma de ahondar ni estudiar a fondo un contrato como el de LuSal. Los pedidos de informe nunca se contestan bien, siempre son sesgados y parciales. Por eso hemos presentado este proyecto de resolución», añadió.

Según datos del directorio de Lusal, el 90% de la recaudación proviene de los usuarios residenciales, que en total aportarían alrededor de $9.704.656 mensuales. Según la tabla de usuarios, categorías y costos de la empresa, aquellos usuarios que registran un consumo de energía eléctrica superior al residencial, en su mayoría comerciantes, aportan mes a mes alrededor de $6.620294. Estos montos, además, están sujetos a sucesivas redeterminaciones de precios. En el caso que se analiza, se trata de una actualización por fórmula polinómica con seis o siete variables que se actualizan en forma automática con su respectiva ponderación: combustible, precio de lámparas, etc. Si se analiza la historia de vida del contrato, las redeterminaciones jamás perdieron frente a la inflación.

 

Barrios en las penumbras

La contracara de este fenómeno son los casi 20 mil terrenos baldíos extendidos a lo largo y ancho del ejido municipal que, al no contar con edificaciones y por ende tampoco con suministro de energía eléctrica, se desconoce cuál es la forma en que se le cobra a los propietarios. La falta de inversión y de respuestas a los vecinos que padecen los cortes en diferentes barriadas también son un eje de contraste entre la facturación de la empresa y el servicio prestado. Según el secretario de Ambiente y Servicios Federico Casas, la empresa Lusal tiene a su cargo unas 63 mil luminarias en la ciudad. El director técnico de la firma Benjamín Montellano asegura que, en todo este tiempo, se reemplazaron 61148 de ellas, además de otras 2500 lámparas correspondientes a semáforos. En los barrios, sin embargo, los vecinos son menos optimistas. 

En Villa Cristina, los habitantes de calle General Paz entre Orán y La Rioja tuvieron que esperar dos años entre quejas, robos y arrebatos para que la empresa colocara dos nuevas luminarias y reemplazara las antiguas. En Barrio Limache, precisamente en la avenida Gaucho Méndez, aguardan hace tiempo por el mantenimiento y/o reemplazo de las lámparas. El pedido fue canalizado a través de un proyecto de resolución presentado por la concejala Rosa Herrera. Sobre la avenida Ingeniero Pontussi, en Barrio Gauchito Gil, pasaron casi tres meses sin alumbrado público padeciendo asaltos y otros hechos de inseguridad. Todo esto pese a que el referido contrato establece Lusal debe dar respuestas a los reclamos de usuarios en un plazo no mayor a las 48 horas.

Juez y parte

El proceso de desinversión de Lusal se vincula de manera casi exclusiva a la figura de Emilio Rodríguez Tuñón, un personaje que saltó del gobierno provincial a la empresa privada hace algunos años. “Rodríguez Tuñón, en algún momento matriculado en Buenos Aires, fue designado el 2 de enero de 2008, a menos de un mes de la asunción de Urtubey como gobernador, en el cargo de secretario ejecutivo de la Unidad de Revisión y Renegociación de los contratos, licencias, autorizaciones y permisos otorgados por el gobierno provincial”, refleja un artículo de Cuarto Poder del año 2017. Después de haber sido el agente estatal que negoció las condiciones para la concesión, se convirtió en el administrador de la firma prestataria. Otro caso en el que juez y parte son lo mismo. Rodríguez Tuñón, sin embargo, no es el único personaje singular dentro de la estructura de Lusal y Mantelectric. Entre las redituables relaciones del abogado/empresario con representantes del poder político se destaca la que mantiene con el diputado ultraderechista Andrés Suriani, primo del dueño de la empresa Carlos Pérez San Martín, hombre del PRO porteño.